La situación de derechos humanos y democracia en Nicaragua se deterioró drásticamente en el periodo previo a las elecciones sin competencia organizadas por el régimen Ortega-Murillo en noviembre de 2021, expone el informe anual de la Unión Europea (UE) publicado este 19 de abril. “Las elecciones fueron ampliamente consideradas ilegítimas”, insiste el informe, después que varios países de ese continente desconocieron los resultados.
Según el documento, en el país ha continuado el acoso policial y judicial contra opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, campesinos, defensores de derechos y miembros de la Iglesia Católica.
El informe señala que las tres leyes restrictivas adoptadas en 2020 sobre agentes extranjeros, ciberdelitos y soberanía popular fueron utilizadas para encarcelar a más de 50 opositores políticos, periodistas y activistas de la sociedad civil. Y provocaron el exilio de muchos más que tuvieron que huir del país.
“En 2021 casi 60 organizaciones no gubernamentales se han visto obligadas a cesar sus actividades porque han perdido sus personalidades jurídicas. Sus activos y cuentas han sido embargadas por el Gobierno. Varios medios de comunicación fueron ocupados por la policía y secuestrados. Esto derivó en el exilio de más de 50 periodistas”, cita el informe de la UE que no incluye las otras ONG cuyos permisos de operación han sido cancelados y que en total suman 161.
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Precisamente este lunes el Gobierno sandinista, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de 25 ONG, incluida la Fundación Luisa Mercado que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez Mercado, y la Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), dedicada a la defensa de los derechos humanos desde 1991 y que hasta la fecha era la única organización que todavía denunciaba desde el país las violaciones a los derechos humanos. Este jueves se conoció que uno de los abogados de la CPDH, Pablo Cuevas, cruzó el río Bravo y solicitó asilo en Estados Unidos.
El documento también hace hincapié en cómo la justicia de Nicaragua ha mutado en un brazo de represión por capricho de los Ortega-Murillo, partiendo de una reforma al Código Procesal Penal en febrero de 2021 que ha permitido a los fiscales solicitar detenciones de hasta 90 días sin cargos y cuya medida ha sido aplicada por los tribunales en la mayoría de los casos contra los opositores detenidos.
“Los cargos presentados por la Fiscalía contra la mayoría de los detenidos carecían de las garantías básicas del debido proceso, por ejemplo, no identificar actos específicos de los acusados para sustentar los cargos de “conspiración para menoscabar la integridad nacional” en al menos 14 casos, entre otros.
Presos políticos
Las pésimas condiciones carcelarias en Auxilio Judicial, mejor conocido como “El Chipote”, también fueron denunciadas en el informe de la Unión Europea. El documento detalla que en este penal se encuentran detenidos al menos 36 líderes de oposición que fueron capturados en una brutal cacería a partir de junio de 2021. Entre estos se encuentran los siete precandidatos presidenciales que participarían en las elecciones sin competencia que organizó el régimen sandinista en el mes de noviembre y que contó con muy poca participación ciudadana.
Las denuncias que interpusieron los familiares de los más de 170 presos políticos alcanzaron en el informe y este resaltó las pésimas condiciones carcelarias en las que se encuentran los reos de conciencia, quienes están recluidos en aislamiento, se les niega la atención médica, mantas, productos de higiene y alimentos, siendo interrogados constantemente sin asistencia legal.
“Varios presos son ancianos y sufren de condiciones médicas por las cuales no reciben cuidados. Los presos están demacrados. Las visitas de miembros de la familia son pocas y distantes entre sí y toman lugar en condiciones humillantes”, expone el informe de la UE, que ya ha sancionado a varios integrantes del gobierno Ortega-Murillo.
Respecto a la violencia contra los pueblos indígenas, el informe de la Unión Europea menciona que existe una total falta de respeto, protección y aplicación por parte del Estado de Nicaragua para salvaguardar sus derechos, en particular para cumplir con la obligación legal de proteger las tierras ancestrales.
El gobierno, en lugar de aplicar medidas de saneamiento de los territorios, ha cancelado la personería jurídica del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), organización que denunciaba la violencia que sufren los indígenas por defender sus tierras a manos de colonos invasores.
Preocupa violencia de género
Para la Unión Europea continúa siendo preocupante la situación de las mujeres en el país. El informe recoge que estas continúan enfrentando discriminación y agresiones sistémicas. “Hasta una de cada cuatro mujeres son violadas y el 83% de los casos de violencia sexual son contra niñas y adolescentes menores de 18 años años, y 33% contra niñas menores de 12 años”, refiere el documento.
La violencia de género y feminicidios, según el informe, continúa sin cesar: 71 feminicidios fueron registrados por las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en 2021, el mismo número que en 2020 pero con un ascenso de feminicidios frustrados de 115 a 140.
“La pandemia de COVID-19 ha sumado otro blanco de la represión gubernamental contra los trabajadores de la salud quienes abogaron por la transparencia frente a la desinformación sistemática por parte del gobierno”, expone el informe.
Según lo expuesto en el documento, toda esta situación de deterioro de derechos humanos y democracia, sumado a la represión y crisis económica, ha provocado que la migración de Nicaragua a los Estados Unidos aumentara 16 veces en 2021 en comparación con 2020 (más de 50 mil), mientras que los exiliados en Costa Rica también aumentaron considerablemente.