Venganza de la dictadura contra Dora María Téllez y Lesther Alemán: condenados por humillar a Ortega

Ambos presos políticos son considerados por el régimen como “enemigos” debido a la trascendencia de sus figuras, una histórica y otra de rebeldía. La Fiscalía pidió para ambos la pena máxima de 15 años, y en el caso de Téllez, también la inhabilitación para cargos públicos. Los juicios carecen de legalidad, señala Vilma Núñez, debido a que la naturaleza del delito de “conspiración” amerita ser llevado a cabo por un tribunal de jurado y no por un juez técnico

Los juicios de los presos políticos son realizados a puertas cerradas, violando el artículo 121 del Código Procesal Penal. Ilustración de la audiencia. Divergentes.

La justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró “culpable” por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” a Dora María Téllez, comandante histórica del Frente Sandinista, y a Lesther Alemán, el líder estudiantil que encaró al dictador en un primer diálogo nacional y le pidió salir del poder. Para ambos, la Fiscalía subordinada a los mandatarios pidió la pena máxima de 15 años de cárcel. En el caso de Téllez, también solicitó la inhabilitación a cargos públicos. 

Tanto Téllez como Alemán son considerados como uno de los principales adversarios del régimen, debido a la carga política y de resistencia que sus figuras causan en el país. Téllez es una reconocida disidente sandinista dentro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS, ahora Unión Democrática Nicaragüense). Antes de eso, fue una de las guerrilleras que participó en la toma del Parlamento somocista el 22 de agosto de 1978. La operación bélica propulsó al estrellato al Frente Sandinista, que enseguida ganó popularidad entre la izquierda mundial y acaparó los titulares de todo el mundo. La toma mostró a un Somoza debilitado y sin capacidad de gobernar. Tras ello accedió a la liberación de un grupo de presos políticos y permitió la difusión de un mensaje escrito por la guerrilla. 

Por su parte, Alemán fue uno de los jóvenes que participó en el primer diálogo nacional, el 15 de mayo de 2018, mientras el país vivía su peor crisis sociopolítica en décadas. El líder estudiantil, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) le dijo a Ortega que la mesa de diálogo se instauró para negociar “su salida”. “Ríndase ante todo este pueblo”, dijo el joven. A casi cuatro años de dichos eventos, el régimen castiga su disidencia en un juicio que, a criterio de expertos en Derecho, es ilegal. 

Los procesos fueron llevados por dos jueces afines al orteguismo. Luden Martínez Quiroz dictó fallo de culpabilidad contra Téllez, mientras que Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, declaró culpable a Lesther Alemán. 

“Hoy que Lesther es condenado, cumple 213 días encarcelado arbitrariamente. El debido proceso ha sido inexistente y se le han violado todos sus derechos humanos. Lesther no ha podido hablar con su abogado ni recibir visita de sus familiares como la ley mandata. Ha sido sometido a interrogatorios extenuantes como mecanismo de tortura, a una mala alimentación y condiciones sanitarias que han afectado su salud”, informó AUN, organización a la que pertenece Alemán. 

Las irregularidades en el caso de Alemán

El juicio contra el líder estudiantil estuvo plagado de irregularidades. AUN informó que las autoridades judiciales le informaron de su audiencia minutos antes. Tampoco se le permitió hablar con su abogado en ningún momento, situación que viola le ley del país. “En completa falta a su derecho a defensa, a su
abogado no se le permitió hablar, impugnar y cuestionar, pues constantemente fue interrumpido y obligado a guardar silencio”, detalló la organización.

Esta situación no impidió que Alemán señalara discrepancias en los escritos presentados. En ese momento la fiscal lo interrumpió y a gritos le dijo al juez: “¡Aunque sea su derecho, no le permita hablar!”. La juez le ordenó guardar silencio y Lesther concluyó diciendo: “¡Soy inocente!”

“Como pruebas se presentaron un perfil falso de Facebook, dos videos de entrevistas y fotografías que de ninguna forma pueden ser evidencias de delitos. Denunciamos que en la sala hubo presencia de dos operadores políticos, la primera sentada en un escritorio en la puerta de la sala, el segundo sentado al lado del juez. Estas personas no identificadas estuvieron tomando nota de todo lo transcurrido sin
derecho o identificación legal que se los permitiera”, informó AUN. Finalmente, el abogado defensor solicitó que se le presentara el acta, lo cual fue rechazado por la juez.

“El juicio estuvo colmado de irregularidades. pero Nicaragua y hasta la misma dictadura, saben que Lesther es inocente y que el juicio no fue más que una farsa, un circo, un acto de cobardía y venganza”, manifestó la organización juvenil.

Juicios no tienen legitimidad

La directora del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, aseguró a DIVERGENTES que los juicios políticos del régimen carecen de legalidad, debido a que la naturaleza del delito de “conspiración” amerita ser llevado a cabo por un tribunal de jurado y no por un juez técnico. “Eso constituye violaciones al derecho constitucional de ser juzgado por tribunal competente establecido por el artículo 34 de la Constitución”, agregó la abogada. 

“A la vez se violó el artículo 121 del Código Procesal Penal que refiere que los juicios deben realizarse en la sede de los tribunales, o sea, en el Complejo Judicial de Managua y no en “El Chipote” como se han hecho todas las farsas judiciales”, detalló. 

El régimen también violó la publicidad de los juicios, pues todos se han llevado a cabo de manera hermética, sin acceso a medios de comunicación. El patrón ha sido el mismo desde el primer juicio, en el que fueron declarados culpables Yader Parajón y Yaser Vado González. Desde entonces han sido juzgadas cinco personas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como “el nuevo Chipote”.

El régimen ejecutó una escalada represiva a mediados de 2021 con el fin de perpetuarse en el poder. Desde entonces, han sido detenidas más de cuarenta personas, entre ellas siete aspirantes a la presidencia y decenas de líderes opositores y voces críticas. Los juicios fueron reanudados el primero de febrero, tras varios meses de pausa alegando “exceso de trabajo”.

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