La noticia de la cancelación de la personería jurídica de la Universidad Paulo Freire la tomó por sorpresa a la joven universitaria Sabrina*. Si bien tenía un presentimiento de que algo podía pasar luego de ver en las noticias la eliminación de otra, la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), decidió no darle tanta importancia a su preocupación hasta el día en que el anuncio se hizo público. “Mi reacción fue sorpresiva”, dice la joven, que fue expulsada de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) por apoyar las protestas estudiantiles en abril de 2018. En esa universidad cursaba su último año de Administración de Empresas. Aunque intentó recuperar su historial académico, las autoridades decidieron en venganza borrarlo completamente.
Hasta 2019, la cifra de universitarios expulsados eran 147 y de personal despedido, 108, de la UNAN-Managua, UNAN-León, Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM-Carazo), FAREM-Estelí, FAREM-Matagalpa, y FAREM-Chontales, según estadísticas de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), en su informe sobre la violación de los derechos humanos y educativos a los estudiantes y docentes universitarios en Nicaragua 2018-2019.
Sabrina encontró una nueva oportunidad en la Paulo Freire. La universidad le abrió las puertas no solo a ella, sino a unos cincuenta estudiantes que habían sido expulsados de la UNAN y que tenían perfiles opositores. “De pronto y sin previo aviso miré el nombre de la universidad con personería cancelada. Es un poco difícil no perderse, no ponerse ansioso, empezar actuar. Preguntarte qué haré, cuál será el siguiente paso”, comparte Sabrina, quien cursaba los últimos años de una nueva carrera.
A la cancelación de las personerías jurídicas le ha seguido una comunicación oficial de parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU) que indica que, como órgano rector de la educación superior, se compromete a la continuidad educativa de los jóvenes cuyas universidades fueron eliminadas, garantizando “calidad y asegurando reducción de aranceles”.
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La decisión del régimen Ortega-Murillo de cancelar la personería jurídica a las universidades del país forma parte de un plan de control total que ejercería la dictadura sandinista en todas las escalas de la educación nicaragüense. De las 13 personerías jurídicas canceladas, siete eran extranjeras y no estaban activas. Catedráticos, exrectores, estudiantes y politólogos consultados por DIVERGENTES coinciden en que la pareja gobernante pretende eliminar la pluralidad universitaria y el pensamiento libre, y empujar a los estudiantes a elegir entre dos caminos: profesionalizarse en un recinto cuyo adoctrinamiento político es el mismo que predican en El Carmen, o salir, en la medida de lo posible, al extranjero para continuar con sus sueños profesionales.
El anuncio de las cancelaciones de las personerías jurídicas a las 13 universidades, también es un mensaje para los otros centros de estudios, opina Ernesto Medina, exrector de la Universidad Americana (UAM) y la UNAN-León. “Les están diciendo, ‘olvídense de estar fomentando el espíritu crítico, la búsqueda de la verdad. Ustedes aquí tienen que formar gente que agache la cabeza’. Esto significa que vamos a formar profesionales que no van a servir para absolutamente nada”, agrega.
El régimen primero canceló a las organizaciones propietarias de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) el 13 de diciembre de 2021. El CNU redujo en enero el presupuesto anual asignado a la Universidad Centroamericana (UCA). El miércoles 2 de febrero de 2022 los diputados fieles al orteguismo decidieron eliminar las personerías de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), y Universidad Paulo Freire (UPF).
Para el politólogo Pedro Fonseca, tanto la decisión de cancelar las personerías jurídicas como afectar el presupuesto de universidades como la UCA y Ucatse, responden al objetivo de censurar a la academia y a todo aquello que represente una amenaza a los principios y los intereses claros de la dictadura.
“Y por supuesto está el hecho de evitar a toda costa que surjan movimientos sociales. Históricamente todos estos movimientos sociales, políticos, incluso aquellos revolucionarios, han surgido de las universidades grandes, pequeñas, con financiamiento, sin financiamiento, donde hay pensamiento crítico, educación, libertad, derechos e insubordinación”, explica Fonseca, quien recuerda que en Nicaragua por muchos años fue muy popular la conceptualización de la libertad de cátedra.
El régimen, según Fonseca, quiere controlar la libertad de pensamiento y doblegar el espíritu crítico, así como ha ocurrido con las libertades fundamentales en Nicaragua. En el país no se permite una manifestación en las calles desde septiembre de 2018, cuando la dictadura impuso un estado policial de facto.
“Todo lo que está ocurriendo es parte de una estrategia, porque al final sobre estas universidades que han sido canceladas la dictadura no tenía influencia directa. Solo lo hacían en las que tienen acceso no solo a través de estructuras tradicionales del estado como el CNU, el Ministerio Educación o el Ejército, sino de estructuras de bases como la Juventud Sandinista, organizaciones comunitarias barriales que le han servido a la dictadura”, argumenta Fonseca.
Medina señala que el primer impacto de esta decisión es la zozobra de la comunidad estudiantil por no saber de qué forma se resolverá su futuro académico. El segundo, pero no menos importante, es el daño que podría estarle haciendo la dictadura al desarrollo del país a futuro.
“El futuro de un país va a depender de la educación que tenga su población y de que pueda tener acceso a la ciencia, la tecnología, que es el motor actual del desarrollo. Y cerrar de golpe universidades, obviamente ningún país lo resiste. Yo no conozco ningún antecedente donde haya ocurrido que por una decisión administrativa, por argumentos técnicos sumamente cuestionables, en el que se decida cerrar y dejar en una incertidumbre horrible a más de cinco mil estudiantes”, dice el exrector de la UAM.
Esa incertidumbre ya golpea a los estudiantes. Diego, por ejemplo, estudiaba en la Upoli el último año de una carrera que prefiere no compartir por temor a ser identificado. Luego de conocer la noticia de la cancelación, habló con un amigo que cursaba el tercer año de una carrera de la Facultad de Ciencias Económicas en la Uhispam. “Me dijo que ellos siguen en el mismo lugar pero la administración la tienen el CNU y la UNAN”, explica.
Diego no entiende por qué el Gobierno eliminó la personería a la Upoli. Especula de que fue una venganza porque en aquel recinto se “cocinó” una rebelión estudiantil que mantuvo en jaque varias semanas al régimen sandinista. “Yo no sé si quiero seguir aquí. Al final ellos (la dictadura) van a querer meternos su política y considero que esto no debe ocurrir en las universidades”, comparte este joven estudiante, quien contempla buscar una beca para continuar su profesionalización en otro país.
Sabrina no contempla continuar sus estudios en la misma universidad bajo el control del CNU y la UNAN. Primero porque su caso es distinto al de Diego o su amigo. “Para nadie es un secreto que los estudiantes que fuimos expulsados de la UNAN, con perfiles de oposición, no podemos ir y sonreírle al CNU y decirles ‘bueno, aquí vengo pues para que me ubiquen’, cuando estas autoridades han sido las mismas que nos han impedido integrarnos”.
Aunque todavía no sabe si intentará continuar en otra universidad sus estudios, lo que sí tiene claro esta universitaria es que cualquier centro de estudios que le haga frente al régimen será eliminado del camino para continuar con la estrategia de dominar la educación superior en su totalidad.
“Ellos están aspirando a un poderío completo para evitar que se repita una rebelión como en 2018. El pensamiento crítico, la molestia, la curiosidad del estudiantado es algo que fomenta la educación y garantizando tener todas las universidades bajo el poder, creen que pueden evitarlo”, refirió Sabrina.
La doctrina UNEN en las universidades
El control que pretende ejercer el Gobierno en las universidades que ahora estarán bajo responsabilidad administrativa del CNU, y en el caso de la Uhispam, también de la UNAN, estaría ligado con reproducir la doctrina sumisa que la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) ha esparcido en los centros de estudios públicos. Fonseca considera que la doctrina UNEN, una organización estudiantil dominada por el sandinismo, ahora no solo estará evidenciada en la educación superior que se imparte en las universidades públicas, sino en los recintos que podrían pasar a ser administrados por el CNU.
“Lo que está impulsado el régimen es una transformación partidista de la educación, tanto así que ha llegado a controlar qué se estudia y qué no. Cómo se estudia la historia, qué personajes y qué hechos, incluso qué se debe estudiar de la ciencia en general”, advierte.
El politólogo alerta de que la cancelación de las personerías no solo es la implementación de un castigo político y autoritario, sino que también es una amenaza para las universidades restantes que todavía tienen la oportunidad de seguir funcionando, sumado también a la incertidumbre de una eventual cancelación si no cumplen con lo que ordena la dictadura.
“Si no se comportan según los lineamientos del régimen, probablemente en seis meses o en un año vamos a encontrarnos con que en Nicaragua van a existir una o dos universidades. Probablemente la próxima semana estaremos hablando de la expropiación de universidades. Es una posibilidad y eso es gravísimo. Claramente estamos viviendo en una etapa de amenaza y estamos a la expectativa de esperar cualquier cosa incluyendo lo peor”, analiza Fonseca.
El doctor Medina no desestima que la decisión del régimen esté basada en el papel que estas universidades jugaron durante y después de la rebelión de abril de 2018, la participación que tuvieron sus estudiantes en las protestas y por la expresiones de justicia que surgieron en los campus. “Desde 2019 todas estas universidad estaban resignadas o con miedo de expresarse, no decían absolutamente nada, pero alguien tenía la espina en el ojo y decidió que era el momento de sacarla, y aprovechar al mismo tiempo para decirles al resto de universidades cuáles son las reglas del juego: no ver, no oír, no decir nada”, detalla Medina.
Golpe al futuro del país y su desarrollo
El rechazo a la decisión del régimen ha sido notorio en los recintos universitarios y en las redes sociales. No solo porque significa un cambio total para los estudiantes que cursan sus carreras en esos centros, sino porque implica un golpe al futuro del país. Esto lo sabe bien Carlos Tünnermann Berheim, abogado, educador y exrector de la UNAN, quien lamentó la decisión del régimen, porque todo lo que afecta a la educación superior del país afecta al desarrollo humano y sostenible del mismo.
“Los estudios y análisis que se han hecho sobre el papel de la educación superior como factor clave para el desarrollo demuestra que hay una relación de causa efecto y causa directa entre el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación superior de un país, y las posibilidades de su desarrollo humano y sostenible. Entonces todo aquello que vaya en dirección de afectar la educación superior de un país afecta no solo el futuro de los jóvenes sino el futuro mismo del país”, considera Tünnermann.
El nuevo golpe en la educación termina de orientar al país hacia el abismo político, social y económico, opina Fonseca, quien refiere que la situación actual no solo impacta en la gente que no podría acceder a la educación, sino que en el mediano y largo plazo, se podría estar hablando de una sociedad sin educación, no tecnificada y no profesionalizada, y sin capacidad de estructurar un pensamiento crítico.
“Y eso es lo peor que le puede pasar a un país”, sostiene Medina, quien compara los centros de estudios tras la cancelación de las universidades con cuarteles. “Aquí vamos a tener universidades con dirigentes incapaces y con muchachos que van a ser una especie de zombies que no van a servir para absolutamente nada cuando el país vaya enfrentar retos enormes. Tendremos generaciones incapaces de poder enfrentar esos retos que tienen que ver con educación, con ciencia, con tecnología, con innovación”, lamenta el académico.
Fonseca tiene pocas esperanzas de que ciertas carreras universitarias sean tocadas por la doctrina política del régimen. Aunque suena optimista cuando se refiere a profesiones técnicas que quizás no serían tan afectadas, de inmediato recula cuando recuerda las influencias partidarias que existen en el ambiente estudiantil que tienen que ver con nepotismo y corrupción.
“De nada sirve que tengamos una universidad de ingeniería que ofrece la mejor carrera si tenemos una administración corrupta, si no tenemos transparencia y si no tenemos rendición de cuenta, y si los y las estudiantes no tienen acceso a la educación por sus condiciones, por sus méritos y por sus logros, sino por un carnet partidario. Entonces es un fenómeno muy amplio que trasciende lo político, pero también trasciende lo administrativo, lo técnico en general”, explica.
Catedráticos en la incertidumbre
Un catedrático de una de las universidades cuya personería jurídica fue cancelada y que aceptó hablar con DIVERGENTES bajo condición de anonimato, expresó que su mayor temor es ser despedido porque siempre fue crítico con las acciones del Gobierno. “Ahora que ellos van a tomar el control, yo puedo ser una piedra”, dice el docente.
Al igual que este profesor, otros han manifestado el mismo temor, porque precisamente la libertad de pensamiento que tenían en sus recintos, siempre fue fundamental no solo para la educación impartida, sino para las tertulias que se organizaban de imprevisto en bibliotecas o zonas de esparcimiento dentro de las universidades.
“Muchos no quieren seguir. Otros tienen que quedarse porque son el sostén de sus casas. Lo que creo es que después de todo esto vamos a tener universidades en las que todos vamos a permanecer callados por temor a que alguna autoridad escuche que criticamos al Gobierno. La educación superior está en peligro y la formación de nuestras futuras generaciones”, lamenta el catedrático.