La cancelación de personerías jurídicas –o personalidades jurídicas– se han consolidado como una herramienta útil del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para dilapidar instituciones y organizaciones en Nicaragua, en especial aquellas que promueven el pensamiento crítico en áreas de gobernabilidad, académicas, salud y medios de comunicación.
Uno de los últimos zarpazos fue dado a conocer este miércoles por la Asamblea Nacional, controlada completamente por el oficialismo, contra cinco universidades privadas de Nicaragua, incluyendo a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), cuna de la rebelión estudiantil de 2018. También fueron anuladas seis organizaciones de la Diócesis de Estelí, gestadas varias de ellas bajo el liderazgo del ex obispo Abelardo Mata, uno de los grandes críticos del oficialismo. La jornada sumó un total de 16 personerías jurídicas canceladas. Este jueves se publicó en La Gaceta, diario oficial, la suspensión de la personería jurídica de siete asociaciones de universidades extranjeras, ascendiendo a 12 centros de estudio superior afectados en menos de 24 horas.
¿Por qué Ortega echa mano de manera tan fácil a las personerías jurídicas? Primero empecemos para entender, jurídicamente, qué significan:
Una personería jurídica es el reconocimiento a un ser humano, una organización, una empresa u otro tipo de entidad para asumir una actividad que produce una plena responsabilidad jurídica.
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Las personerías jurídicas están regidas por una serie de normas de cumplimiento. En muchas de las organizaciones anuladas, el Gobierno ha dicho que no han cumplido con sus obligaciones, como por ejemplo presentar estados de cuentas o cambio de sus juntas directivas. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los funcionarios afectados han desmentido el incumplimiento. Por ejemplo, Adrián Meza, Rector de la Universidad Paulo Freire, dijo al medio Nicaragua Investiga que el Ministerio de Gobernación “nunca quiso recibir sus estados financieros y que el cierre de la universidad es injusto”.
La Ley No. 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, explica en su artículo 2 que las “Asociaciones, Fundaciones, Federaciones y Confederaciones, sin fines de lucro, sean civiles o religiosas, gozarán de personalidad jurídica una vez que llenen los requisitos establecidos en esta Ley”.
Ahora bien, la constitución de las Asociaciones, Fundaciones, Federaciones y Confederaciones deberá ser otorgada con una participación mínima de cinco personas capaces para el puesto. En el caso de las fundaciones, éstas tendrán como objetivo un acto auténtico de realización, ya sea en forma de donación, legado o contrato a título gratuito por parte de sus fundadores. Éstas deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, salvo por algunas excepciones.
Entre las obligaciones de las personas jurídicas están:
- Las Asociaciones, Fundaciones, Federaciones y Confederaciones llevarán el Libro de Actas, de Asociados, de Contabilidad y cumplirán con los demás requisitos que se establecieren en el Reglamento de Ley.
- Cumplir con los requisitos legales establecidos para las donaciones provenientes del exterior e informar a la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de Cooperación Externa sobre las donaciones que reciban.
- Remitir al Ministerio de Gobernación los balances contables al finalizar el año fiscal.
- Cumplir con todas las disposiciones de la Ley, su Reglamento y Estatutos.
Esta misma Ley, establece en el artículo 25 que “cancelada una Personalidad Jurídica, los bienes y acciones que pertenezcan a la Asociación tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en sus Estatutos. Si nada se hubiera dispuesto sobre ello pasarán a ser propiedad del Estado”.
¿Qué pasa con las universidades?
En el caso de las universidades, es distinto. La Ley No.89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior decreta que “la autonomía universitaria, por la que se ha luchado en Nicaragua desde hace años, implica la capacidad de la Universidad para formular su propia legislación interna, designar sus autoridades, autogobernarse y planificar su actividad académica, así como disponer de sus fondos con entera libertad”.
Además, en el artículo 7 estipula que las universidades y centros de educación técnica superior legalmente constituidos, tienen personalidad jurídica. “En consecuencia, gozan de plena capacidad para adquirir, administrar, poseer y disponer de los bienes y derechos de toda clase; expedir títulos académicos y profesionales, así como contraer obligaciones en relación con sus fines, debiendo regirse por esta Ley, y por sus Estatutos y Reglamentos. El Estado financiará todas las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior incluidos en esta Ley”.
En el caso de las universidades en la lista publicada en La Gaceta de este jueves, éstas fueron introducidas como universidades extranjeras y registradas ante el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, conforme lo decretado en el artículo 19 de la Ley No. 147, el cual establece que las asociaciones que tengan una personalidad jurídica en el extranjero pueden realizar actividades en el país y deben ser registradas directamente con el Ministerio de Gobernación, por la misma razón el decreto fue publicado en La Gaceta.
La Universidad Thomas More hizo una aclaración al respecto:
Tanto la Universidad Thomas More y la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM) poseen su personería jurídica en el país como institución de educación superior y están legalmente establecidas en Nicaragua. Igualmente, todavía se encuentran autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
El régimen Ortega-Murillo se ha encargado de desmantelar completamente la autonomía universitaria, iniciando años atrás con las universidades públicas. La principal ha sido el manejo partidario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y todas sus sedes, incluso el uso de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) para otros fines que no representan los verdaderos intereses estudiantiles.
En marzo de 2021, se publicó el Libro Blanco: las evidencias de un Estado totalitario, escrito por 12 organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil que deja en evidencia cómo el régimen ha anulado la autonomía universitaria y se encargó de expulsar, perseguir, encarcelar y negarles la reintegración a estudiantes universitarios que lideraron las protestas de abril 2018. Muchos de ellos tuvieron que reintegrarse a las universidades privadas que ahora están siendo canceladas.
Hasta 2019, la cifra de universitarios expulsados eran 147 y de personal despedido, 108, de la UNAN-Managua, UNAN-León, Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM-Carazo), FAREM-Estelí, FAREM-Matagalpa, y FAREM-Chontales, según estadísticas de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), en su informe sobre la violación de los derechos humanos y educativos a los estudiantes y docentes universitarios en Nicaragua 2018-2019.
Hasta ahora, seis universidades privadas han sido absorbidas por el CNU el cual asegura que “garantizará la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes de solución de lo que fueron estas instituciones de educación superior, como consecuencia de las cancelaciones de sus respectivas personerías jurídicas por el incumplimiento a sus obligaciones y la continua transgresión a las normas legales establecidas”.
El CNU es presidido por Ramona Rodríguez, también rectora de la UNAN- Managua y quien ha sido señalada como cómplice de la dictadura por las órdenes que se dieron para atacar a los estudiantes atrincherados en la sede universitaria, que dejó como resultado dos estudiantes fallecidos y varios heridos.
A pesar que el CNU es el órgano rector de la educación superior en Nicaragua, también está controlado por la pareja presidencial, en enero de este año redujo al mínimo el presupuesto que el Estado otorgaba por mandato constitucional a algunas universidades como la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) ubicada en Managua y la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) principal centro de estudios en temas agrícolas del norte del país, ahora con su personería jurídica cancelada.