Desde faltas al debido proceso de detención y deportación, uso de lenguaje discriminatorio en las páginas oficiales gubernamentales, hasta la aprobación de leyes severas que limita el acceso a la educación y a otros servicios para migrantes irregulares, Estados Unidos ha tenido un acelerado retroceso de derechos de personas migrantes en tan solo cuatro semanas de la llegada del presidente reelecto, Donald Trump.
Los cambios son más rápidos y notorios en ciertos estados, pero la política antiinmigrante característica de la administración de Trump y sus efectos en sus derechos es general en el país, dice Kelly Morales, codirectora de Siembra NC, una organización que defiende los derechos de las personas migrantes en Carolina del Norte.
“Lo que estamos viendo desde el regreso de Trump es un retroceso de los derechos humanos. Vemos que esta administración está tratando de borrar la Constitución de los Estados Unidos. Sabemos que tenemos ciertos derechos, como el de pedir una orden de arresto firmada por un juez, tenemos el derecho a la ciudadanía si nacimos en este país, tenemos derecho a ser tratados con dignidad y respeto, pero la nueva administración está tratando de borrar eso”, señala la defensora.
Entre las principales regresiones se encuentran violaciones cometidas al debido proceso en las detenciones ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y durante el momento de la deportación, que han experimentado cientos de personas migrantes, indica Morales.
Para arrestar a una persona migrante para un proceso de deportación se necesita una orden judicial, la gran mayoría de las detenciones se están ejecutando a través de órdenes administrativas, emitidas por instituciones de seguridad pública federales, estatales o locales, y no por tribunales.
Morales expone que al momento de llevar a cabo la aprehensión en las viviendas, muchas veces los oficiales de ICE no indican qué tipo de orden tienen para realizar el arresto, por lo que, las personas acceden a las demandas de los agentes y culmina en su detención. “Una vez que están detenidos, ya hay poco que hacer”, dice.
“Con esas órdenes van a las casas a hacer las detenciones, y la gente no mira la diferencia entre una orden administrativa y una orden judicial. Ellos se están aprovechando y, además, intimidan a la gente. Hoy tuvimos una detención y a los agentes solo se les miraba los ojos. Se visten casi como militares, con capuchas, con chaleco y no te dicen quiénes son, solo te dicen que son de la policía”, relata.
Oficiales no informan a migrantes sobre sus derechos
Luego de la detención, las personas migrantes tienen derecho a una llamada, a contar con un abogado, a tener una fecha de juicio en una Corte de Inmigración del Departamento de Justicia para que su caso sea evaluado por un juez y a pagar una fianza si el juez lo permite. También pueden apelar la sentencia una vez emitida.
Sin embargo, no en todos los casos de detención se están respetando estos derechos, asegura Morales. Muchos migrantes no conocen sus derechos al ser detenidos y los oficiales de ICE y de otras agencias de seguridad pública no les informan sobre esto, pese a que es una obligación.
Además, en la mayoría de los casos se están ejecutando la deportación acelerada o expedited removal, el cual es un proceso de deportación rápido que no requiere un juicio previo. Si bien este es un proceso legítimo, las personas migrantes siempre están en su derecho de pasar por una Corte de Inmigración, destaca Morales.
“Se están saltando todo el proceso para hacer las deportaciones más rápido para que la gente no necesite pasar por una corte. Esta administración está irrespetando la Constitución y el debido proceso, porque uno tiene derecho a tener abogado y a tener fecha de corte. Esto está ocurriendo especialmente con los migrantes que tienen menos de dos años de estar acá”, señala.
Limitaciones en el acceso a la educación
La reciente Ley Tackling and Reforming Unlawful Migration Policy, conocida como Trump Act, aprobada el pasado 29 de enero por el Congreso de la Florida, marca un considerable retroceso en el derecho a la educación de jóvenes migrantes en dicho Estado.
Esta ley que incluye múltiples reformas para endurecer las normas migratorias e incrementar la cooperación con el Gobierno federal en las detenciones y deportaciones de migrantes irregulares, también elimina la posibilidad que niños y jóvenes en la misma situación migratoria puedan acceder a la matrícula estatal en universidades y colegios públicos de Florida.
En 2014, Florida había aprobado que personas migrantes bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) también conocidos como Dreamers, accedieran a instituciones de educación pagando la matrícula como residentes, cuyo costo es 75% menor al precio correspondiente para los migrantes. Con la aprobación de esta legislatura, los jóvenes tendrán que pagar una cuota diferenciada en la matrícula para continuar con sus estudios.
Aunque la ley todavía tiene que pasar por la aprobación del gobernador Ron DeSantis para entrar en vigor, la defensora Kelly Morales señala que la aprobación de esta es una estrategia de la administración de Trump para atemorizar a las familias migrantes.
“Estamos preocupados porque esto va a restringir el acceso a la educación. Por otro lado, es otra manera en que abusan de su poder y hacen uso del terror como herramienta política”, señala.
Cierre de programas que beneficiaban a sectores vulnerables
La cancelación de programas, mandatos y políticas de “diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad”, conocidas como DEI (Diversity, Equity and Inclusion) suponen “la pérdida de años de luchas de grupos vulnerables”, dice Morales.
Durante el primer día de presidencia de Donald Trump, el mandatario ordenó la terminación de todos los programas DEI destinados a comunidades históricamente marginadas como migrantes, personas negras, de la diversidad sexual, con discapacidad, mujeres, entre otros grupos, ya que los considera “discriminatorios”.
Los programas DEI son amplios y abarcan políticas y acciones de inclusión en empresas, escuelas, universidades e instituciones estatales. Estos tienen el objetivo de reducir las barreras estructurales para las comunidades marginadas, así como ampliar la brecha de oportunidades laborales, académicas y sociales.
Desde la llegada al poder de Donald Trump, empresas como Amazon, Meta, Google, Walmart, American Airlines, Ford, entre otras, retiraron dentro de sus políticas institucionales los programas DEI. De acuerdo con el presidente, con el retiro de estos programas “se restaurará la oportunidad basada en mérito”.
No obstante, Morales señala que la eliminación de estos programas resultará discriminatoria para las comunidades marginadas. “Estos programas fueron implementados después de décadas de que las personas protestaron por sus derechos civiles y políticos. Todos los avances que se habían hecho, todos esos pasos que se habían ganado, esta administración lo está borrando”, lamenta.
“Están cortando departamentos y programas muy importantes, como departamentos de educación y departamentos de salud para las comunidades que históricamente no han tenido acceso a esos derechos, sino fuera por esos programas”, continúa.
Regreso de términos antes calificados como discriminatorios
La palabra alien utilizada popularmente para señalar a los inmigrantes y prohibida durante la administración del expresidente Joe Biden, es ahora el término oficial que utiliza ICE y otras instituciones estatales.
Si bien se trata de un término utilizado habitualmente en Estados Unidos, en 2021 el ICE junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) ordenaron a sus funcionarios dejar de utilizarlo por considerar que no mantenía “la dignidad” de las personas, en su lugar, indicaron utilizar las palabras migrantes o no ciudadanos.
Dicha expresión ha sido ampliamente utilizada por el presidente Donald Trump desde su primer mandato y durante su campaña presidencial para este nuevo mando, al igual que todo su gabinete de Gobierno. Desde su ascensión al poder, las instituciones que una vez restringieron el uso de esta palabra, son quienes la utilizan en sus comunicados oficiales.
Para Morales, esto se trata de una práctica para justificar los discursos de odio contra los inmigrantes. “Están utilizando el idioma como una herramienta para excluir. Su narrativa es que ellos están en contra de los migrantes criminales y hacen todo esto por la seguridad, así que tratan de quitarle lo humano a las personas detenidas. Por eso ocupan palabras como ilegales o aliens, cuando la mayoría de la gente son personas que no han cometido delitos”, señala.