La iniciativa de Ley de Protección ante Sanciones y Agresiones Externas, que pone al Sistema Financiero Nacional en una encrucijada con la banca internacional, fue aprobada de manera unánime y sin abstenciones por los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Dicha ley, presentada por el dictador Daniel Ortega el pasado 18 de noviembre, es una medida para revertir los efectos de las sanciones impuestas por entidades financieras de Estados Unidos o de la Unión Europea a los funcionarios señalados de corrupción o complicidad en las violaciones a derechos humanos cometidos desde 2018.
Pues, no solo ordena a los bancos la inaplicabilidad de futuras sanciones, que va desde restricciones de operaciones financieras hasta el cierre de las cuentas bancarias, sino que también deja sin efectos aquellas sanciones ya aplicadas. Es decir, que obligaría a los bancos nacionales reabrir las cuentas de funcionarios y funcionarias sancionadas.
“En Nicaragua, se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional. Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance”, señala la ley.
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Además, la ley obliga a la restitución de los servicios prestados y el resarcimiento de los daños a los operadores de la dictadura sancionados.
“Las instituciones del Estado, autoridades, funcionarios y empleados públicos, ciudadanos y entidades privadas en el caso de ser afectados por la aplicación arbitraria de Sanciones podrán solicitar la restitución del servicio prestado y el resarcimiento de los daños si procede, de conformidad a lo establecido en la Ley No. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas”.
Sancionados alzan la voz para defender ley que somete a bancos
Durante el plenario, la aprobación de dicha ley fue fuertemente defendida por funcionarios afectados por las sanciones internacionales como Wálmaro Gutiérrez, diputado sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2020, por su participación en la aprobación de leyes represivas contra la población nicaragüense.
Solo en los últimos seis años, más de un centenar de funcionarios y funcionarias que trabajaban bajo funcionamiento de la dictadura Ortega Murillo, han sido objeto de sanciones internacionales impuestas desde Estados Unidos, Canadá y países europeos.
Estas sanciones también han alcanzado a instituciones estatales, claves en la represión política ejercida por la dictadura, como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Traición a la patria y cárcel para quienes no acaten la ley
En caso de incumplimiento de la ley, la normativa impone multas a las entidades financieras que no reviertan las medidas de las sanciones. También amenazan con cárcel y acusar de “traición a la patria” a las personas de instituciones financieras que decidan cumplir con los lineamientos internacionales vinculados con las sanciones que se han aplicado.
La aprobación de esta ley convierte a Nicaragua en un lugar “de alto riesgo financiero” y lo vuelve un “Estado forajido”, señala el investigador Manuel Orozco, ya que hace del país un lugar seguro para personas y entes sancionados.
La reacción del Sistema Financiero Internacional y su respuesta a esta medida está por verse. Sin embargo, el objetivo de esta ley es forzar a la banca nicaragüense a buscar otros mercados financieros distintos de Estados Unidos, quien es hasta el momento, el mayor socio comercial de Nicaragua, según un economista consultado por DIVERGENTES, quien solicitó el anonimato.
Por su parte, el analista político Eliseo Núñez señala que, en el caso que la banca internacional ceda ante dicha ley, “estaríamos frente al final de la efectividad de la herramienta de sanciones, no sólo en Nicaragua, sino en otras partes del mundo”.
El economista Juan Sebastián Chamorro indica que esta ley pone en un dilema al sector financiero, ya que se verán entre doblegarse por la ley nacional, o cumplir con las normativas internacionales que prohíben que los bancos puedan abrir cuentas a personas sancionadas.