Lo dicho:
“Tantas celebraciones tradicionales también en nuestra Nicaragua… Fiestas que llamamos patronales, fiestas tradicionales, donde las familias de los municipios y comunidades celebran a sus santos patronos, y los y las celebran con alegría, porque está Santa Ana, San Joaquín, está tanto de nuestro patrimonio. Ya nos preparamos también para todas las Fiestas que vienen en septiembre; se celebran una cantidad de advocaciones de Nuestra Madre María, la Virgen de la Merced por ejemplo. Nos preparamos para seguir celebrando, que es celebrar la vida y que es agradecer a Dios, y a nuestra madre María, por todas sus bendiciones… Protección, bendición, y esos prodigios que son milagros derramados desde el cielo, para nuestra Nicaragua, para fortalecer nuestras rutas de trabajo y paz”.
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A pesar de estas recientes declaraciones de Rosario Murillo, en las que ensalza las festividades religiosas en distintas partes del país, la persecución y los ataques contradicen esa supuesta devoción que trata de vender una ficticia normalidad en Nicaragua. El equipo de DiverCheck realiza un recuento de las acciones perpetradas por el régimen en contra de la Iglesia Católica en los últimos dos meses, mismos en los que el gobierno ha promovido una serie de actividades para enmascarar la persecución religiosa.
El agravamiento de los hechos inició el 27 de mayo de este año, cuando la Policía Nacional, controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, publicó un comunicado en el que acusó a la Iglesia Católica de varios delitos como lavado de dinero, cargo que no tiene sustento, según señalan defensores de los derechos humanos. Tampoco el Ministerio Público ha presentado pruebas que sustenten los señalamientos.
El comunicado refiere que la Policía realizó “investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a Diócesis del país”, como las de Matagalpa y Estelí.
El texto indica también que con las investigaciones se “confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se habían ordenado por Ley congelar, así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en Diócesis de distintos departamentos”.
Un día antes, el régimen había ordenado congelar las cuentas de las diócesis y parroquias del país. Con el paso de los días, se reportó el congelamiento de las cuentas bancarias personales de algunos sacerdotes de las diócesis de Granada, Estelí, Jinotega y León. Asimismo, los sacerdotes mayores no están recibiendo sus pensiones del fondo nacional del seguro sacerdotal debido al bloqueo de las cuentas bancarias de la Iglesia Católica.
A esto se suma el cobro ilegal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que está imponiendo el régimen a las iglesias, a pesar de estar exentas. Los cobros ascienden a más de 200 mil córdobas, que al cambio oficial actual son unos 5,400 dólares.
A finales de junio, la Policía irrumpió en la casa de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, con sede en León, y las expulsaron del país. Las propiedades fueron confiscadas. Hasta una semana después el Ministerio de Gobernación (Migob) anunció, a través de La Gaceta-Diario Oficial, la cancelación de la personería jurídica de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo (FFPJ).
Según datos de la investigadora y abogada Martha Patricia Molina, entre los años 2022 y 2023 han sido expulsadas 65 religiosas (monjas) y se les ha prohibido la entrada a seis de diferentes congregaciones religiosas, para un total de 71. Han sido afectadas diez congregaciones religiosas en todo el país, entre ellas: Dominicas de la Anunciata, Misioneras de la Caridad, Monjas Trapenses, Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón, Hermanas Pobres de Jesucristo de Nicaragua.
Molina también asegura que la embestida del régimen Ortega-Murillo en contra de la Iglesia Católica ha obligado al menos a 80 líderes religiosos —44 varones y 36 mujeres— a salir de Nicaragua entre 2018 y 2023. De estos, 41 fueron expulsados del territorio nacional, 19 salieron del país por motivos de seguridad personal, a 12 se les negó el reingreso al país y ocho fueron desterrados y despojados de su nacionalidad nicaragüense.
Recientemente, el régimen canceló la residencia al sacerdote franciscano Fray Domingo Pepe, de origen italiano, quien ya estaba retirado y vivía en el municipio de Río Blanco, en el departamento de Matagalpa, donde por varios años brindó sus servicios ministeriales.
La abogada Molina ha documentado más de 529 ataques en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua entre los años 2018 y 2023. A eso hay que agregar que el régimen ya condenó a tres religiosos, dos por supuestos delitos comunes y a monseñor Rolando Álvarez por conspiración y propagación de noticias falsas. Mientras otros dos sacerdotes permanecen bajo investigación.
Este cuatro de agosto, monseñor Álvarez cumplió un año de haber sido secuestrado y privado de su libertad. Por otro lado, el pastor evangélico Cash Luna, con nexos en el narcotráfico y con expresidentes condenados e investigados por corrupción en Guatemala, llegó a Nicaragua a celebrar una jornada evangelística. Luna fue recibido por autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han “facilitado las condiciones” para realizar estas jornadas religiosas.