Al menos 185 periodistas nicaragüenses se han visto obligados a huir al exilio desde abril de 2018 debido al constante asedio, hostigamiento y persecución ejercidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de sus instituciones represivas, reveló el último informe trimestral divulgado este lunes por la red regional Voces del Sur. Según el organismo, de ese total, siete comunicadores huyeron del país en el primer trimestre de 2023.
El informe, titulado “Libertad de prensa en Nicaragua sin tregua: Ortega sigue atacando”, documentó entre enero y marzo de este año 14 casos de violaciones a la libertad de prensa que se tradujeron a 38 ataques contra periodistas independientes. Las amenazas de prisión y expulsión del país son las principales formas de intimidación contra periodistas, según el informe.
Voces del Sur también destacó la tendencia creciente de autocensura entre los periodistas que aún ejercen la profesión dentro de Nicaragua, lo que ha llevado a una disminución en la denuncia de abusos y la criminalización del periodismo independiente. Debido al constante riesgo que enfrentan los periodistas en el país, el informe omite los nombres y ubicaciones de las víctimas para resguardar su seguridad y la de sus familias.
“Debemos tener en cuenta que, como organizaciones defensoras de la libertad de prensa, tenemos también el gran compromiso de salvaguardar la seguridad y la vida de los periodistas y sus familias”, apuntó Voces del Sur.
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Aunque la mayoría de los ataques se perpetraron contra periodistas hombres (22), el organismo regional también reportó el ataque contra diez comunicadoras mujeres, siendo los principales agresores instituciones estatales, así como paraestatales. La red menciona el caso de la periodista Kalúa Salazar y Yahaciela Barrera, quienes denunciaron ser víctimas de agresiones en el primer trimestre del año.
Desnacionalización de periodistas
La red y su organización socia en Nicaragua, la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), también condenaron las acciones del régimen sandinista, incluida la revocación de la nacionalidad, la expulsión y el exilio de 222 nicaragüenses, entre ellos periodistas y trabajadores de los medios, y la revocación de la nacionalidad de otros 94, incluidos al menos diez comunicadores.
En su informe, ambos organismos lamentaron “que con este hecho se busque infundir mayor terror entre los hombres y mujeres de prensa, quienes se han mantenido apegados a la ética y han desafiado la censura y la represión que receta el Gobierno Ortega-Murillo”.
Por otro lado, denunciaron “la toma ilegal de propiedades, el congelamiento de cuentas bancarias, negativas de pago de pensión y otras medidas coercitivas denunciadas por las víctimas”, incluido periodistas desnacionalizados. Asimismo lamentaron el silencio “sepulcral y complaciente que han mantenido las entidades bancarias que han ejecutado el congelamiento de cuentas a periodistas y otros ciudadanos”.
De igual modo, rechazaron la “amenaza implícita” realizada por la dictadura en contra de los medios de comunicación que informaron sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano el 12 de marzo pasado, cuando fueron acusados, según el informe “de promover noticias falsas”.
Por otra parte, Voces del Sur recordó a los Estados del mundo la importancia de facilitar refugio, apoyo legal y condiciones para que los periodistas independientes que se ven obligados a salir del país puedan continuar con su labor informativa, “y así contribuir a vencer el cerco de la censura que se ha impuesto desde las esferas estatales”.
Voces del Sur es una red regional creada en 2017 por organizaciones de la sociedad civil de América Latina que trabajan en coordinación con el fin de promover y defender la libertad de prensa y de expresión, el acceso a la información y la seguridad y protección de periodistas.
En el caso de Nicaragua, el organismo explicó que en 2023 no realizará informes mensuales, sino cuatro informes trimestrales, “esto debido al creciente aumento de la autocensura entre las mismas víctimas, lo que ha provocado la disminución de las denuncias y el avance de la criminalización del periodismo independiente”.