Los despidos de funcionarios del Estado que ejecutó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las últimas semanas han generado zozobra y ansiedad dentro de las estructuras del Frente Sandinista y los empleados del sector público.
La dictadura justificó sus acciones apelando a una valoración del trabajo de cada institución a fin de “promover” el ahorro, la eficiencia del gasto y la gestión pública. Sin embargo, fuentes vinculadas al Ministerio del Interior (Mint) y a la Contraloría General de la República (CGR) consultadas bajo anonimato por DIVERGENTES, explicaron que detrás de la barrida y la supuesta reestructuración interna como medida de reserva, también existen motivaciones ligadas a situaciones de no fidelidad a la pareja dictatorial, y el castigo de la “corrupción interna”.
“La barrida se percibe como un todo. Por un lado los despidos se ejecutan bajo la sombrilla de ‘medidas de ahorro’, pero la decisión se toma después de una investigación a cada empleado que revela si el funcionario no ha sido fiel al régimen o si ha tenido otros negocios que no han sido informados”, explicó la fuente del Mint consultada para este artículo.
Según la nota de prensa publicada por el régimen sandinista el pasado 2 de agosto, el Estado procedería a valorar el trabajo de cada institución, sus direcciones y proyectos con el fin de ordenar para promover el ahorro y la eficiencia en el gasto. “La medida está orientada a generar mayor disponibilidad de recursos al presupuesto para fortalecer la atención directa y propiciar mayores avances”, dice parte del comunicado.
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En otra circular publicada el 7 de agosto el régimen sandinista a través de Bruno Gallardo, Ministro de Hacienda y Crédito Público, informó que la plazas vacantes (producto de la barrida o restructuración) y las nuevas contrataciones quedaban congeladas en todos los organismos y entidades públicas, y que cuando fuese necesaria una contratación se debía enviar una carta fundamentada a esa institución de Gobierno para valorar la petición.
Cualquier movimiento laboral tiene que ser aprobado por las altas esferas
“La orden es que cualquier movimiento primero se sepa en las altas esferas. Antes no era así, antes cualquier ministro podía tomar decisiones y contratar a quien quisiera. Pero después de que la pareja se enteró a detalle de la ‘corrupción interna’, han decidido estar encima para evitar ‘infiltrados’ y nuevas fugas de dinero”, aseguró la fuente del Mint.
La reestructuración ejecutada desde inicios de agosto se ha llevado por delante a empleados del Ministerio de Salud (Minsa), municipalidades, Asamblea Nacional, Poder Judicial, del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca) y hasta de las universidades públicas.
“Es una barrida total la que se ejecuta. No se está otorgando segundas oportunidades. El que falló, falló. La única salvación es que el corrido sea familiar de alguien muy importante, pero hasta ahora no ha habido casos así”, indicó la fuente de la CGR.
Investigaciones a empleados públicos
Aunque el principal argumento del “ordenamiento” promovido por la dictadura sandinista es promover el ahorro y la eficiencia del gasto, las fuentes consultadas por DIVERGENTES no dan crédito a una supuesta crisis económica dentro del sandinismo. La medida del régimen, opinaron, busca cerrar más el círculo alrededor de la pareja dictatorial para garantizar fidelidad absoluta.
“Los proyectos se continúan ejecutando. Incluso algunos organismos financieros internacionales han destrabado préstamos para la continuidad de programas. Si la medida va a traer ahorro, ¿por qué no se eliminan plazas que son innecesarias y que hasta ahora, lo único que dejaban al Estado era un gasto innecesario?”, refirió la fuente del Mint.
Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2007, cuando el régimen sandinista entró al poder, el grueso de empleados públicos superaba los 30 000 y al final de ese mismo año alcanzó los 60 000. Hasta 2023, la cifra se duplicó y el Estado pasó a tener poco más de 112 000 funcionarios.
La meta del régimen, según las fuentes consultadas para este artículo, es disminuir esa cifra en gran medida, eliminando los puestos innecesarios y cancelando los contratos de los que no han demostrado fidelidad al régimen, ya sea negándose a participar en sus actividades, o no informando de negocios turbios.
Unidades especiales para determinar despidos
Para ejecutar la barrida, el régimen sandinista ha conformado pequeñas unidades integradas por funcionarios de la Policía Nacional Económica, Contraloría, Ministerio del Interior y secretarios políticos, quienes se encargan de investigar y auditar las planillas de las entidades públicas para valorar o no la necesidad de los puestos y su disciplina partidaria.
“En algunos ministerios se han encontrado plazas que eran ocupadas por personas cuyo único trabajo era firmar su cheque mensual. El dinero de su paga era repartido entre ellos y la persona que los ‘contrató’. Esa fuga de dinero es palpable en muchas instituciones, por eso es que las purgas van a seguir hasta finales del año”, afirmó la fuente de la CGR a DIVERGENTES.
Según la misma fuente, en otras dependencias del Estado las investigaciones han apuntado a cancelar contratos a empleados públicos que no han demostrado su fidelidad al régimen sandinista. A estas les han revisado su participación en elecciones y demás actividades del partido rojinegro, encontrando “indisciplina” y “falta de voluntad” para apoyar al régimen.
“Algunos de estos funcionarios no son sandinistas. Otros sí, pero como dicen arriba, ‘no sienten el sandinismo’. Los puestos que son necesarios se llenan con otros empleados que pasan a hacer ese trabajo, es decir, los recargan, mientras sigue la reestructuración a lo interno”, aseguró la fuente del Mint.
Contraloría utilizada para “justificar” barrida
Los que han tenido mucho trabajo a raíz de la “reestructuración” anunciada por el régimen sandinista han sido los funcionarios de la Contraloría, quienes después de mucho tiempo, nuevamente están realizando auditorías internas a las instituciones para determinar dónde están las fugas de dinero, si en gastos ficticios, o en contrataciones innecesarias.
DIVERGENTES conoció que las universidades confiscadas por la dictadura están sometidas a controles de auditores de la Contraloría, porque los fondos con los que empezaron a trabajar desde que el régimen tomó el control, han sido utilizados para el lucro de las máximas autoridades impuestas por el mismo Gobierno sandinista. Los “pecados” de estos van desde robo de bonos de combustible, puestos fantasmas y contrataciones de familiares o amigos que no hacen absolutamente nada dentro de la institución.
“Son auditorías que tienen todo el aval de arriba, que escudriñan lo más mínimo y que cuestionan el uso de fondos. El resultado es entregado a los que están coordinando la ‘reestructuración’ y luego se toman decisiones, ya sea despidos o cambios de estas autoridades a otras instituciones. Son cambios que se ejecutan porque no conviene echarlos presos ni que se vayan y hablen todo. Es para someterlos a otro control”, explicó la fuente de la CGR.
En la Alcaldía de Nindirí, por ejemplo, DIVERGENTES conoció que la alcaldesa sandinista Clarissa Vivas fue removida de su cargo y enviada bajo casa por cárcel desde hace algunas semanas. La auditoría arrojó que la edil había cometido actos ilícitos que beneficiaron su figura y la de su círculo.
Lo mismo ocurrió en la Alcaldía de Somoto, según explicaron fuentes vinculadas a la Secretaría del Frente Sandinista a DIVERGENTES. La diferencia en este caso fue que la alcaldesa Dania Sugey Martínez no fue democionada, aunque sí estuvo varios días detenida por la Policía mientras se terminaban las investigaciones.
“La decisión que se tomó con ella fue menos radical por su pasado sandinista y su disciplina. Pero tiene una advertencia desde arriba. Un error la puede condenar”, relató la fuente del Mint consultada para este artículo.
Según pudo constatar DIVERGENTES con otras fuentes de información afincadas en distintas instituciones de Gobierno, la zozobra dentro del aparato estatal continúa aumentando con el pasar de los días y de los comunicados que publican en los medios oficialistas.
Un funcionario del Ministerio de Salud (Minsa) dijo a este medio de comunicación que las alocuciones de Murillo ahora sí son escuchadas por los empleados públicos, no por gusto, sino para enterarse de cuáles son los próximos detalles de la “reestructuración”.