El caso de la desnacionalización de la defensora de derechos humanos, Azahalea Solís, es el primer caso de privación arbitraria de la nacionalidad en Nicaragua —de los más de 451 existentes desde 2023 hasta la fecha— que es admitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De obtener un pronunciamiento a favor de su denuncia, Solís señala que su caso sentaría un precedente desde el sistema de las Naciones Unidas, y podría añadir nuevos lineamientos paralelos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto ayudaría a otras personas nicaragüenses que han sido condenadas a la apatridia por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que quieran acudir al Comité de Derechos Humanos.
Aunque actualmente “hay un grupo bastante considerable de nicaragüenses” desnacionalizados que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar su desnacionalización, Solís indica que quiere trazar una nueva ruta de denuncia no sólo para otros nicaragüenses desnacionalizados, “sino para cualquier ciudadano del mundo, cuyo país sea signatario del Pacto”.
“Quise acudir al Comité porque no existen precedentes sobre varias cosas y considero que es importante que haya una definición sobre el tema de la desnacionalización y la apatridia. Creo que el Comité, que da seguimiento al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, debe pronunciarse sobre este tema y sobre todas las graves violaciones a nuestros derechos que hemos sufrido en Nicaragua”, expresa la defensora.
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Más de 400 personas desnacionalizadas
En Nicaragua, el régimen Ortega ha ordenado a través del Poder Judicial la desnacionalización de tres grandes grupos de nicaragüenses, que en total, suman a 451 personas, la mayoría de ellas, exreos de conciencia.
El primer grupo fueron 222 exreos políticos que fueron desterradas a Washington D.C., Estados Unidos, el 9 de febrero de 2023. El segundo fueron 94 personas a las que el régimen señaló como “traidores a la patria”, el 15 de febrero de 2023.
Tras esto, la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, reformó el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua para justificar el despojo de la nacionalidad.
Además, estableció que cualquier persona acusada de incumplir con la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, —también conocida como la Ley de Traición a la Patria— perderá la nacionalidad nicaragüense.
Las resoluciones de “condenas” además de la desnacionalización, incluían el decomiso de todos los bienes inmuebles y sociedades de las personas acusadas a favor del Estado. También la inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, y en general, la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
El tercer grupo de personas desnacionalizadas se trató de 135 expresos políticos desterrados a Ciudad de Guatemala, Guatemala, el pasado 5 de septiembre. En esta ocasión, el régimen Ortega-Murillo no hizo una declaración pública sobre este caso.
Entre febrero de 2023 y este año, el régimen también ha nacionalizado de manera individual a varias personas, y ha continuado el mismo patrón de destierro y confiscación de propiedades con muchas de ellas.
Confiscaciones son denunciadas
Azahalea Solís forma parte del segundo grupo de desnacionalizados, conocidos como “el grupo de los 94”. En su denuncia ante el Comité de Derechos Humanos, expuso otras violaciones a sus derechos como la confiscación de su propiedad.
Ella todavía se encontraba en Nicaragua cuando la Policía Nacional allanó su vivienda, ubicada en el complejo de apartamentos Amazonia, en Managua, donde también vivía la periodista y también desnacionalizada, Sofía Montenegro.
La Policía Nacional confiscó el edificio entero el 17 de febrero de 2023, afectando a 16 viviendas. Según testimonios de los habitantes, la Policía les indicó que si querían seguir viviendo ahí, debían pagar 500 dólares al Estado —aunque fueran dueños del piso—.
“Se planteó el tema de las confiscaciones, que es un tema que nos impactó bastante y violenta el derecho a la propiedad que está establecido en los tratados de derechos humanos”.
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción reveló que la dictadura había confiscado 78 propiedades de 36 personas desnacionalizadas hasta mayo de 2024.
El valor de mercado de las 78 propiedades tienen un costo aproximado a los 17 millones 226 mil 946 dólares; y más de la mitad están ubicadas en zonas residenciales con plusvalía, destaca el estudio.
Al menos 28 personas afectadas por las confiscaciones forman parte del grupo de los 94 desnacionalizados el 15 de febrero de 2023. Esta información no ha sido actualizada con los nuevos casos de desnacionalización.
El derecho a defender derechos
De acuerdo con la defensora, expuso otras privaciones a las que el régimen la sometió que forman parte de la condena de la desnacionalización, como la negación de su pensión de jubilación. “Incluí la situación de la seguridad social porque muchas de las personas del grupo de los 94 perdimos nuestra pensión de jubilación”, explica.
Solís espera que su caso logre una declaración explícita y específica sobre el derecho a defender derechos, ya que sería el primer caso en que se declare la violación autónoma a este derecho y marcaría un avance importante la protección a personas defensoras a nivel mundial.
“Es un tema que en el Sistema Interamericano y en el Sistema de las Naciones Unidas no existe una proclamación sobre este tema, pero es necesario una revisión más profunda del Comité”, manifiesta la activista.