En menos de 24 horas desde que la Policía Nacional tomó la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que el inmueble ha sido declarado de “utilidad pública”. De esta forma, el régimen de Ortega-Murillo confisca por primera vez un bien gestionado por una misión diplomática y que contaba con la protección de convenios internacionales. La confiscación del organismo representa “una de las acciones más frontales y peligrosas” realizada por la dictadura contra una entidad del cuerpo diplomático.
“Este tipo de acciones son una manifestación simbólica del régimen, siguiendo una línea discursiva de ‘nosotros somos quienes estamos en el poder, nosotros somos un país soberano y podemos confiscar a cualquier nacional, pero también podemos confiscar a cualquiera que no quiera apoyarnos de fuera’”, opinó Pedro Fonseca, experto en relaciones internacionales.
Murillo dio el anuncio durante su intervención diaria al mediodía. “La Procuraduría General de la República informa que el bien inmueble que ocupaba las oficinas de la deplorable OEA, la despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua”, dijo esta tarde en su comunicación diaria de mediodía.
La vicemandataria también agregó que el Instituto de Cultura desarrollará un “museo de la infamia” y tachó al organismo de ser un “ministerio infame de la Colonia”. Los comunicados emitidos por la Cancillería nicaragüense utilizan este tipo calificativos contra algunos representantes del cuerpo diplomático en el país.
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Almagro: “Una acción despreciable”
Horas antes del anuncio el secretario general de la OEA, Luis Almagro, volvió a pronunciarse sobre la toma al enviar una carta a la presidenta del Consejo Permanente del organismo, Elizabeth Darius-Clarke, en la que expone su preocupación ante la acción que la dictadura ejecutó este lunes. “Es sobre todo una flagrante violación al derecho internacional, que es norma de conducta de los Estados Americanos y cuyo orden internacional está esencialmente constituido por el respeto”, señaló Almagro.
El secretario general reiteró que una situación como esta no había ocurrido jamás durante otras dictaduras. De hecho, sería también la primera vez que el régimen toma una sede diplomática, lo que crea un mal precedente en una región donde otros regímenes ven con malos ojos al organismo interamericano.
El régimen también violó los acuerdos a los que todos los Estados miembros de la OEA están sometidos, como los que estipula el actual artículo 133 de la Carta Constitutiva, suscrita el 30 de abril de 1948 en la Novena Conferencia Internacional Americana. “La Organización de los Estados Americanos goza a en el territorio de cada uno de sus Miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos”, menciona el estatuto.
El artículo 134 también reitera que “los representantes de los Estados miembros en los órganos de la Organización, el personal de las representaciones, el Secretario General y el Secretario General Adjunto, gozarán de los privilegios e inmunidades correspondientes a sus cargos y necesarios para desempeñar con independencia sus funciones”.
Además, el inmueble que alquilaba la OEA recibe protección por parte de la Convención de Viena, tratado que ratificó Nicaragua en 1975. El artículo 22 de la Convención establece que los locales de la misión son inviolables, “los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”. Además, los Estados suscritos tienen “la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”.
La expulsión de la OEA
El régimen de Ortega y Murillo pretende forzar su salida del organismo al cortar cualquier lazo con la misión. Sin embargo, tras la denuncia de la Carta, a inicios de noviembre de 2021, se inició un proceso de salida que culminará hasta en 2023, siempre y cuando el Estado cumpla con todos los requisitos. Mientras tanto, el país seguirá activo dentro del Consejo Permanente.
El proceso es largo y engorroso y ningún otro país –salvo Venezuela– lo ha emprendido. De hecho, cuando Nicolás Maduro inició el proceso en el año 2017, no pudo terminarlo debido a que a los pocos meses fue reconocido el delegado de Juan Guaidó, presidente interino.
La expulsión de la OEA llega en un momento en el que el régimen mantiene graves presiones hacia el cuerpo diplomático en Nicaragua, así como diversos exabruptos. La prueba de ello fue la accidentada salida del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, por presiones de la dictadura. La diplomacia orteguista también ha lanzado insultos contra los embajadores de otros países, como la ministra de Relaciones Exteriores de España y el cuerpo diplomático de Argentina, país que se pronunció contra la polémica invitación de Ortega a Mohsen Rezai, un iraní imputado por un atentado contra una sinagoga en Buenos Aires, que dejó 85 muertos.
El culmen de estas tensiones –hasta el momento– es la confiscación de una sede diplomática que lanza una alerta para el resto de misiones que quedan en el país, opinan los analistas.
Las confiscaciones también son una nueva herramienta que utiliza el régimen para tomar propiedades que antes eran bienes privados o de organizaciones de la sociedad civil. El caso más emblemático es el de los medios de comunicación Confidencial-Esta Semana y el estudio de 100% Noticias, cuyas instalaciones fueron asignadas al Ministerio de Salud (Minsa) tras una violenta toma. Así, la dictadura ha revivido el fantasma de los allanamientos que se llevaron a cabo en masa durante la década de los ochentas.