El Comité de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Estados Unidos enviaron este viernes una carta a los presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica para que estos utilicen “su voz y voto” dentro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para presionar en la transparencia y escrutinio de los préstamos que esta institución financiera desembolsa al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En el documento, Robert Menéndez y Michael T. McCaul, congresistas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Estados Unidos respectivamente, instaron a los gobernantes centroamericanos a ejercer el liderazgo dentro del BCIE para evitar que estos préstamos “no perpetúen la consolidación de la dictadura de Nicaragua”.
Los congresistas recordaron que a pesar del histórico apoyo económico que el BCIE ha brindado en la región, en los últimos años este ha aprobado casi 3,500 millones de dólares para iniciativas auspiciadas por la dictadura Ortega-Murillo. “Esta financiación supone un balón de oxígeno para el régimen en un momento de creciente condena mundial de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, reza el documento enviado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
En la misiva, los funcionarios norteamericanos llamaron a los presidentes centroamericanos a tomar medidas que permitan regular estos préstamos del BCIE, hasta que la dictadura Ortega-Murillo esté dispuesta a entablar negociaciones que permitan restablecer la democracia, el respeto de los derechos humanos “y un calendario para la celebración de elecciones libres y justas” en Nicaragua, de lo contrario, llamaron a presionar por la suspensión de estos préstamos.
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“En caso de que Ortega y Murillo no estén dispuestos a permitir una apertura política, será imperativo que su gobierno utilice su voz y voto para suspender la financiación de su régimen criminal. Si no se adoptan estas medidas para hacer frente a la financiación de un régimen acusado por las Naciones Unidas de crímenes contra la humanidad, se menoscabará la importante labor de desarrollo que el BCIE lleva a cabo en sus países y se correrá el riesgo de menoscabar la posición internacional del Banco”, indicaron.
Los congresistas reconocieron que con la excarcleación y destierro de los 222 presos políticos a Estados Unidos, hubo una fugaz esperanza de que la dictadura permitiera una apertura política. Sin embargo, tales aspiraciones “se disiparon con las crueles decisiones del régimen de despojar de su ciudadanía a más de 300 nicaragüenses y condenar al obispo católico Rolando Álvarez a 26 años de prisión por negarse a abandonar el país con los demás presos políticos”.
También recordaron cómo en los últimos años el Gobierno de los Estados Unidos ha tomado medidas para restringir la financiación de instituciones multilaterales que benefician directamente a la dictadura, y que por el contrario, ha asegurado que estos desembolsos sirvan para beneficiar las necesidades humanas básicas de los nicaragüenses. “Instamos a su gobierno que aplique políticas similares con respecto a los préstamos del BCIE”.
Al respecto, el presidente del BCIE, Dante Mossi, dijo este jueves en un debate público convocado por el Diálogo Interamericano en Washington D.C., que para financiar al régimen sandinista “no importan sus políticas” si el dinero está llegando a los ciudadanos con necesidades básicas, a las que van dirigidos los proyectos. “En eso nos enfocamos, entonces dejamos la política a un lado”, dijo.
Mossi añadió que los derechos humanos que se toman en cuenta en el BCIE son los que tienen que ver con accesos a infraestructura básica. Pero que también pudieran financiar proyectos para fortalecer la democracia en Nicaragua, como un programa para mejorar las elecciones. “Eso es lo que me encanta del BCIE: tenemos menos restricciones de las cosas que podemos financiar”, apuntó.
El BCIE representa una de las fuentes de financiamiento más grande del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde la crisis política de 2018, desde que, a raíz de las violaciones a los derechos humanos, ha sufrido aislamiento internacional y una batería de sanciones que incluye el congelamiento de préstamos de otras multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
En los últimos cinco años, el BCIE ha financiado al régimen nicaragüense con $3,513 millones. “El aumento de préstamos sucede en el contexto de aumento de la criminalización del proceso democrático”, dijo Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Programas de Desarrollo del Diálogo Interamericano, quien señaló que como prueba de esto son los 600 mil nicaragüenses que han abandonado el país por razones políticas.
Régimen “criminal”
Por su parte, los senadores recordaron que el pasado dos de marzo un grupo de expertos de las Naciones Unidas publicó un informe en el que señalan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de haber cometido y seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad. Además, al describir las atrocidades que estaban ocurriendo en Nicaragua, un investigador de la ONU equiparó la campaña sistemática de asesinatos extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y persecución política de Ortega a los crímenes cometidos por el régimen nazi en Alemania.
“En marzo, el papa Francisco equiparó de forma similar la brutalidad del régimen de Ortug-Murillo a la de la dictadura de Hitler. Estas estremecedoras caracterizaciones de la situación en Nicaragua subrayan la urgencia de poner fin a un enfoque de “todo sigue igual” con el régimen de Ortega-Murillo”, resaltaron los senadores.