El Plan de Consultas y Consentimiento Libre, Previo e Informado ejecutado por la dictadura Ortega-Murillo en las comunidades indígenas de la Costa Caribe no tiene ninguna validez y se trata de una “simulación de consultas” para que el proyecto Bio-CLIMA sea aprobado, denunció Amaru Ruiz, director de Fundación del Río y defensor ambientalista.
Aunque el millonario proyecto Bio-CLIMA había sido declarado inviable por el Mecanismo Independiente de Reparación (MIR), por la falta de consultas previas, libres e informadas en las comunidades indígenas y afrodescendientes, nuevamente podría estar en marcha debido a las consultas forzadas que ha realizado la dictadura desde el pasado mes de agosto.
El proyecto ha sido presentado por la dictadura como una oportunidad para combatir el cambio climático y la deforestación, pero se trata de un proyecto económico que beneficia a las empresas agrícolas y ganaderas asentadas en la zona, denunciaron las comunidades y defensores del medio ambiente.
La Fundación del Río junto con las comunidades indígenas expusieron a través de una presentación las diferentes arbitrariedades que ha cometido el régimen Ortega-Murillo en el plan de consultas.
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Las claves para entender las ilegalidades en el proceso y los riesgos que representa el proyecto Bio-CLIMA para las poblaciones indígenas y afrodescendientes van desde consultas ilegales, chantajes y la criminalización de guardabosques.
Un proyecto lleno de arbitrariedades
Bio-CLIMA es un proyecto propuesto por la dictadura Ortega-Murillo ante el Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas (FVC), cuyo supuesto objetivo es “combatir el cambio climático a través de la producción agroecológica” en el territorio de Reserva de la Biosfera Bosawás, de acuerdo con los documentos oficiales publicados por los organismos que dirigen la iniciativa.
El presupuesto para Bio-CLIMA asciende a más 116 millones de dólares, que serían financiados por FVC, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El problema es que el proyecto fue aprobado en noviembre de 2020 sin la realización de consultas previas, libres e informadas a las comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en el territorio donde Bio-CLIMA se planea ejecutar, lo que violenta la Ley 445, Ley de Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
El proyecto se pausó en junio de 2021 luego que el Mecanismo Independiente de Reparación, un órgano interno de control de FVC, recibiera una queja oficial de líderes comunitarios en la que denunciaban la falta de consultas y consentimientos de la población que habita la zona.
La queja también advertía el temor de las comunidades de ser desplazadas de sus territorios originarios, dado que Bio-Clima pretende utilizar dichas tierras para la “producción sustentable” de cultivos y ganado, y proponía un proceso de “cohabitación” con colonos que también serían beneficiarios del proyecto.
Tras esta queja, MIR declaró inviable el proyecto mientras no se realizara una investigación sobre esta situación y no se respetaran los derechos de las poblaciones indígenas. Así que impidió el desembolso del dinero que permitiría que Bio-CLIMA se ejecutara.
Aunque esto fue una buena noticia para las comunidades indígenas y afrodescendientes, el régimen Ortega-Murillo y el BCIE anunciaron el pasado 28 de agosto la realización de un Plan de Consultas y Consentimiento Libre, Previo e Informado a 23 territorios indígenas y afrodescendientes vinculados a Bio-CLIMA.
Esto con el objetivo de “aparentar un falso cumplimiento de los procedimientos” para que Bio-CLIMA vuelva a ser aprobado, indicó el presidente de Fundación del Río.
Dicho proceso de consulta inició el 15 de agosto y finalizará el próximo 30 de septiembre. Sin embargo, ha estado lleno de arbitrariedades y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, señaló Ruiz. “Esto ha sido un proceso de simulación de consultas, no un proceso real porque no ha sido previo, ni libre, ni informado”, expresó.
Proceso de consultas violatorios
El plan de consultas y consentimientos realizado por la dictadura y el BCIE desde el 15 de agosto no tiene ninguna validez porque no respeta las condiciones necesarias para que se considere previo, libre e informado, indicó Ruiz.
Entre las primeras razones está que no cuenta con la participación mínima necesaria de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Según el BCIE, está planificado consultar a 6,476 personas de 23 territorios indígenas que habitan en la zona del proyecto. Pero en estos 23 territorios viven 140,716 indígenas y afrodescendientes, de acuerdo con el último Censo Nacional realizado en 2005, así que las consultas solo representan al 4.6 % de la población total.
“Por ejemplo, en el caso del territorio Mayagna Sauni As tiene 24 comunidades, pero solo hicieron una sesión en una comunidad y eso no corresponde al total de las comunidades que viven en el territorio”, expuso el presidente de Fundación del Río.
Además, pobladores de estas comunidades han denunciado que muchas de las consultas se han realizado fuera de los territorios indígenas. El propósito de esto es alcanzar el número de consultas planificadas por el régimen y el BCIE, de acuerdo con el investigador.
Por otro lado, este plan de consultas y consentimientos no es de carácter previo, dado que el proyecto fue aprobado en 2020 sin la participación de las comunidades indígenas. Bio-CLIMA ya tiene un plan de trabajo diseñado, una zona de intervención y un presupuesto asignado, así que lo establecido por las comunidades indígenas en las consultas tendrá poco o nada de impacto en el mismo.
“Es muy poco lo que se va a poder modificar a estas alturas. La consulta no tiene ninguna validez porque no se puede modificar ningún documento oficial ya aprobado”, explicó Ruiz.
Las consultas no son de carácter libre. Desde el inicio se realizó un proceso de militarización que según la dictadura es para garantizar la seguridad de las personas comunitarias, pero que las comunidades perciben como amenaza y coacción.
El plan de consulta también está dirigido por los gobiernos paralelos impuestos por el régimen Ortega-Murillo, lo que impide cualquier postura disidente por parte de otras autoridades comunitarias.
Y las autoridades comunitarias que no son aliadas del régimen fueron obligadas a firmar su consentimiento bajo la amenaza de no recibir los fondos del Ministerio de Hacienda que tienen por derecho los gobiernos territoriales para dirigir a las comunidades.
Las consultas tampoco han sido informadas de manera transparente. Hasta ahora el proyecto ha sido presentado a las comunidades a través de una cartilla de 22 páginas que resume de manera parcial los beneficios, pero casi nada de las consecuencias.
A las comunidades tampoco les han entregado ningún documento más amplio que muestre de manera completa lo que se planea realizar. “Esta cartilla resume el proyecto, pero a las comunidades no les han dado ningún documento ni en su lengua indígena ni en español. La cartilla solo contiene una serie de puntos muy básicos sobre el proyecto”, afirmó Ruiz.
Además, la dictadura y el BCIE aseguran en la cartilla que Bio-CLIMA no tendrá impactos severos o significativos en los territorios. Sin embargo, MIR lo calificó como un proyecto de Categoría de A, es decir, que “el proyecto tiene importantes riesgos adversos que pueden ser irreversibles”, según su resolución publicada en 2021.
Los riesgos se deben a que el proyecto se asienta en comunidades indígenas y por el uso de la tierra y de los bosques.
Criminalización contra indígenas que denuncian invasión de colonos
El proyecto Bio-CLIMA ocurre en medio de un contexto de criminalización y detenciones arbitrarias contra indígenas que han denunciado la invasión de colonos en sus territorios. El 13 de agosto cuatro guardabosques de la comunidad Mayangna Sauni As fueron detenidos violentamente por miembros de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua.
Los guardabosques detenidos son Rodrigo Bruno Arcángel, Victor Castro, Stony Bruno Smith, y su hijo menor de edad cuya identidad no se hizo pública, que son reconocidos en su comunidad por denunciar públicamente los grupos de colonos que toman territorios.
Estos hombres fueron señalados como miembros de “grupos delincuenciales” implicados en los ataques a las comunidades Mayangnas, según notas de la Policía. Actualmente al menos otros 12 guardabosques se encuentran bajo investigación.
Sin embargo, la versión de la Policía es contradictoria. “La institución capacitaba a los guardabosques para proteger los territorios y les brindaba avituallamiento”, explicó Ruiz.
“La policía ha capacitado a esos guardabosques. Hay una contradicción en la narrativa del régimen que quiere criminalizar la labor de los guardabosques, porque han denunciado las masacres en sus territorios y los procesos de invasión”, continuó.
Estas detenciones se suman al encarcelamiento de otros cuatro indígenas privados de libertad desde 2021, que fueron acusados y condenados a cadena perpetua por supuestamente cometer la masacre de Kiwakumbaih ocurrida el 24 de agosto de 2021, en la que 11 miskitos y mayangnas fueron asesinados y dos mujeres fueron abusadas sexualmente. Aunque las personas sobrevivientes aseguraron que los atacantes fueron colonos.
El último ataque ocurrió el pasado 12 de septiembre en contra de cuatro indígenas de la comunidad Mayangna Sauni Bu. Todos fueron agredidos con armas de fuego y según la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes se sospecha que fueron colonos. En este ataque murió Clen Dixon Fernández de 36 años.