El Gobierno de Laura Fernández presentó un paquete de paquete de proyectos de ley en el que sobresale uno para aumentar los castigos de prisión para la minería ilegal en Costa Rica y toda su cadena productiva entre seis meses y 10 años, de los tres meses a cinco años establecidos en la actualidad.
El Ejecutivo costarricense también impulsa desde hace meses en el Congreso una propuesta de ley para reactivar la minería de oro y otorgar concesiones a empresas en la localidad de Las Crucitas, cerca de la frontera con Nicaragua. Allí las autoridades policiales detienen constantemente a mineros ilegales, muchos de ellos nicaragüenses, y decomisan material, equipos utilizados para extraer oro de forma artesanal y químicos nocivos para el medio ambiente.
En Las Crucitas iba a operar una mina de oro a cielo abierto concesionada a la canadiense Infinito Gold, pero tras una extensa batalla legal la compañía perdió la concesión en 2010 sin iniciar a construir la mina y a partir de entonces el sitio fue aprovechado por mineros artesanales ilegales que utilizan técnicas que emplean mercurio y cianuro.
El Gobierno tico asegura que hay registros de mineros ilegales nicaragüenses que han sido deportados más de 35 veces y que mucho del oro extraído en Las Crucitas termina en Nicaragua. Esta iniciativa se enmarca dentro de un paquete de seguridad más amplio destinado a combatir el crimen organizado, el cual incluye reformas constitucionales para ampliar las causales de extradición de nacionales a delitos como el lavado de dinero, el sicariato y la trata de personas.
Para el Ejecutivo, la minería ilegal ha dejado de ser un problema puramente ambiental para convertirse en un motor directo de la delincuencia transnacional. El verdadero motor de la urgencia legislativa se encuentra en el dinamismo con el que opera la llamada ruta del mercurio, detallada en una investigación publicada en DIVERGENTES.
Mercurio y cianuro, venenos en la frontera
En las colinas de San Carlos, la extracción de oro no responde a una economía de subsistencia aislada, sino a una compleja red transfronteriza que conecta a Costa Rica con Nicaragua. Las fuerzas de seguridad costarricenses detienen y decomisan de forma sistemática material artesanal, herramientas y potentes químicos nocivos como el mercurio y el cianuro, utilizados para separar el oro de la tierra. Estos componentes son vertidos de forma indiscriminada en los suelos y fuentes hídricas de la cuenca del río San Juan, provocando un daño ecológico de proporciones irreversibles.
El endurecimiento de las penas de cárcel no ocurre en el vacío. Desde hace varios meses, el Ejecutivo costarricense promueve de forma paralela en la Asamblea Legislativa una iniciativa para legalizar y ordenar la extracción de oro en Las Crucitas mediante el otorgamiento de concesiones a empresas privadas.
Para la administración Fernández, la prohibición absoluta de la minería en la zona ha demostrado ser un fracaso rotundo. El argumento oficial sostiene que, mientras el Estado mantenga las manos atadas, los recursos naturales del país seguirán siendo expoliados por estructuras informales sin dejar ningún beneficio fiscal ni control ambiental. Bajo esta lógica, el aumento de los castigos funciona como la herramienta de contención necesaria para recuperar el principio de autoridad en el territorio antes de licitar la explotación formal.
No obstante, esta doble vía genera intensos debates. Sectores ambientalistas y de oposición cuestionan que se utilice el aparato policial y judicial para criminalizar la extracción artesanal, mientras se prepara el camino para el regreso de la minería a gran escala. La controversia radica en si el Estado puede garantizar un modelo sustentable en un sitio que ya arrastra un severo pasivo ambiental.
Una vez extraído de forma artesanal, gran parte del mineral dorado cruza de contrabando hacia territorio nicaragüense, donde es legalizado o vendido en mercados negros sin dejar un solo centavo de ingresos fiscales en suelo costarricense.
La crisis de Las Crucitas
Para comprender la magnitud de la crisis actual en Las Crucitas es necesario remontarse a 2010. En aquel año, tras una histórica batalla judicial y un intenso movimiento social, los tribunales costarricenses anularon la concesión que el Estado le había otorgado a la empresa canadiense Infinito Gold para desarrollar una mina de oro a cielo abierto.
La salida de la multinacional fue celebrada como un hito para el ambientalismo centroamericano. Sin embargo, el fallo judicial no vino acompañado de un plan estatal integral de vigilancia, restauración ambiental o desarrollo económico para la comunidad local. El resultado fue la creación de un peligroso vacío de poder.
Sin la empresa corporativa y sin presencia permanente de las instituciones del Estado, el área fue invadida por miles de oreros informales. Lo que en teoría debía ser una reserva protegida se transformó en una “fiebre del oro” sin regulación alguna, provocando un impacto ecológico por el uso de mercurio que superó con creces los daños proyectados en el diseño original del proyecto minero industrial.
El proyecto de ley presentado ante el Congreso representa el intento más drástico de Costa Rica por recuperar el control de su frontera norte tras 16 años de desgobierno en la zona. La propuesta pone sobre la mesa una severa advertencia: la impunidad para la extracción informal ha terminado.
Sin embargo, el éxito de la medida no dependerá únicamente de la severidad de los años de cárcel estipulados en el papel. Si el Estado costarricense no logra cerrar las rutas de contrabando hacia Nicaragua, sanear los ecosistemas contaminados por químicos y definir un rumbo claro sobre el futuro del yacimiento, el aumento de las penas corre el riesgo de ser solo un capítulo más en la larga e inconclusa historia de Las Crucitas.
Es en territorio nicaragüense donde ocurre el procesamiento pesado. Utilizando cianuro y mercurio —químicos altamente tóxicos—, las redes criminales separan el oro de la tierra, evadiendo los controles ambientales y policiales de Costa Rica.
Este modelo de negocio transfronterizo hace que las capturas individuales de mineros artesanales en Crucitas sean insuficientes para desmantelar la red logística y de financiamiento que opera desde el país vecino.
Minería a gran escala prohibida en Costa Rica
Un reporte especial publicado por DIVERGENTES reveló que entre 2017 y 2019 fueron exportadas desde Costa Rica más de 2500 toneladas de oro, a pesar de que la minería a gran escala está prohibida desde 2010.
Documentos judiciales y testigos detallaron cómo la multinacional canadiense Infinito Gold entregó coordenadas exactas en los cerros donde había detectado. Desde entonces, miles de mineros ilegales invadieron las fincas, lavaron la tierra superficial y sacaron la piedra fracturada, hacia sitios clandestinos para extraer el metal a gran escala.
Estas invasiones de colonos y mineros artesanales son promovidas por las estructuras políticas del Frente Sandinista, con el aval del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como constató una investigación de DIVERGENTES.
En las últimas dos décadas, según Global Forest Watch, Nicaragua ha perdido el 22% de sus bosques y, de acuerdo a Naciones Unidas, tiene la tasa de deforestación más alta de Centroamérica. En su última actualización, Nicaragua está entre los díez países con más deforestación en América Latina. El 78% de la pérdida ocurrió en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, con 74 000 hectáreas afectadas.