La ruta del mercurio: el metal tóxico que cruza de Nicaragua a Costa Rica oculto en goteros para los ojos

Hay que llamar a Lucas si se necesita mercurio. Él lo vende directamente y, en Los Chiles, en el municipio de San Carlos, te proporcionan su número de teléfono para hacer el encargo. Cuando llamamos al número Claro 8930-5622 no responde un hombre, sino una mujer que dice que “ahorita ya no hay azogue”, como llaman a este metal los mineros artesanales, “pero puede ser que mañana sí”.

– ¿Y a cómo lo tiene ahorita? – le pregunto a la mujer.
– Pues a 7500 pesos ha estado viniendo.
– ¿La libra?
– Sí, la libra.

La mujer pregunta cuánto necesitamos para avisarle a Lucas, quien no está disponible en ese momento. Le digo que llamaré mañana para confirmar. La conversación es una muestra de lo que ocurre en Los Chiles y en toda esta franja fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica: el uso del mercurio está seriamente restringido en ambos países, pero se consigue tras una breve indagación en los poblados y con una simple llamada. En esta zona, donde conviven ecosistemas vitales y minería descontrolada, el “azogue” es el insumo clave para procesar el oro artesanal y circula como si la ley y el Convenio de Minamata, que regula su uso, no existieran. 

En Los Chiles, del lado nicaragüense, hay varios puntos mineros activos en comunidades como La Bodega, Las Minas, La Palmera, San Agustín y Poza Redonda. Los mineros artesanales, conocidos como “güiriseros” en Nicaragua y “coligalleros” en Costa Rica, operan en un circuito que cruza la frontera con naturalidad. Saben que el mercurio está restringido, pero forma parte esencial de un proceso artesanal que da cabida a una industria extractiva millonaria y dañina para el medioambiente. 

En los últimos meses de 2025, cuando DIVERGENTES y la organización ambientalista Fundación del Río recorrieron la zona, el metal escaseaba, pero seguía circulando a través de redes informales. Se trata de una ruta de contrabando que este reportaje, a partir de decenas de entrevistas en sectores mineros artesanales de ambos países y data abierta, ha podido reconstruir.

Para empezar, Centroamérica no produce mercurio, no tiene minas ni lo procesa, por lo que todo el metal que circula en esta franja fronteriza es, por definición, contrabando. Las fuentes de origen son México y China, los dos principales exportadores que abastecen el mercado ilegal regional. A nivel local, el metal se comercializa en goteros de medicina, los mismos frascos pequeños que se usan para las gotas de ojos, de aproximadamente 2.4 onzas, según pudo constatar en el terreno DIVERGENTES y Fundación del Río.  

Los goteros tienen etiquetas que dicen “Made in Mexico”. Pero eso es el último eslabón. Antes de fraccionarse en esos pequeños envases, el mercurio viaja desde Nicaragua en tarros de aluminio o cilindros metálicos, cruzando en buses y cayucos sin que nadie declare su contenido. Según un estudio reciente de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), el mercurio ilegal que abastece Centroamérica parte de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, en el estado mexicano de Querétaro. 

Entre 2019 y 2025, esa organización documentó el contrabando de aproximadamente 200 toneladas de mercurio ilegal, el mayor flujo jamás reportado a nivel mundial. La ruta que recorre ese metal es la misma que usan los narcotraficantes para mover cocaína por tierra y mar. En 2019, el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) ya lo había confirmado desde una perspectiva local, cuando en un solo operativo decomisó 2400 kilos de cianuro y más de un kilo de mercurio que venían ilegalmente de Nicaragua. La institución documentó en su informe la existencia de “varios grupos de personas organizadas” dedicadas al ingreso de esas sustancias, en especial en la zona de Crucitas. 

“En Nicaragua agarran al que no paga”, dijeron varias fuentes en Crucitas al describir cómo opera el Ejército de Nicaragua en el río San Juan, donde todas las embarcaciones deben registrarse y pasar por los controles militares en cada sarpe. El pago no es una excepción, sino que es parte del sistema. Y cuando el Ejército sí decomisa materiales, evita nombrar el mercurio. Le llama “sustancias que se utilizan en la minería”, una evasión que no es casual, sino consistente con la narrativa oficial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que, desde 2021, afirma que el metal “ya no entra al país”.

En El Castillo, municipio del departamento de Río San Juan, los comerciantes locales son uno de los principales eslabones de la cadena. En Los Chiles, del mismo departamento, opera Lucas, identificado por las fuentes como uno de los distribuidores más reconocidos de mercurio en la zona. 

Lucas tiene su propio punto minero en la comunidad de La Bodega. El metal le llega desde Somotillo, en el departamento de Chinandega, enviado en bus sin que nadie se haga responsable del envío. Una persona lo entrega al conductor y si lo decomisan en el camino no hay nadie que responda. 

Al momento de una primera gira realizada por DIVERGENTES y la Fundación del Río, en abril y mayo de 2025, la libra de mercurio costaba 8000 córdobas en esa zona, señal de escasez pero también de demanda sostenida. Lucas tenía encargos pendientes de mineros de Siuna.

Una ruta circular

De Nicaragua, el mercurio cruza hacia Costa Rica. Pero la ruta no es de una sola vía. Es más bien circular porque el metal baja también desde Nicaragua hacia Abangares, en la provincia de Guanacaste, el único punto en Costa Rica con cierta permisividad histórica para la operación minera artesanal. Y, en sentido contrario, los mismos mineros que llevaban el oro de Crucitas a vender en Abangares regresaban con el mercurio. 

El oficial de la Fuerza Pública Rubí Villalta, quien coordina las operaciones en Crucitas desde 2016, confirmó a DIVERGENTES otro punto de la ruta del mercurio: “puede venir a través de las organizaciones criminales que negocian el insumo”, ya sea desde el lado costarricense o “de la zona de Indio Maíz, acá a la zona”. 

A territorio tico ingresa por el río San Juan a través de puntos ciegos como el muelle de La Venada, un socavón lodoso en la orilla costarricense donde atracan los cayucos. También entra por rutas terrestres que rodean el cordón policial, incluso desde Upala, donde algunos insumos costarricenses son embarcados en el río San Juan para llegar a Crucitas por el sector de Las Chorreras. Los mineros artesanales tienen una red de informantes que monitorea cada movimiento de la Fuerza Pública en el distrito de Cutris y los distritos aledaños, y se comunican por WhatsApp en tiempo real.

Neri Segura, integrante de la Asociación de Desarrollo de Crucitas, lo describe desde su ventana: hay días que no pasa nadie, y hay días que la actividad es intensa. “Hemos contado hasta 300 personas en una mañana que entran de aquí, de esta zona del río San Juan, hacia el cerro”, dice. 

Son los “coligalleros”, en su mayoría nicaragüenses, que cruzan el río y caminan por fincas privadas hasta los puntos de extracción. Cada uno sabe su rol. Unos cavan túneles de hasta 80 metros de profundidad con rotomartillos. Otros cargan los sacos con material extraído y los bajan por el cerro. Las mulas los llevan hasta las trochas donde esperan los vehículos, en su mayoría Isuzu Troopers, que trasladan el material hacia Abangares para procesarlo. O en otros casos, en el mismo cerro de Crucitas hay tómbolas para procesar el material. Y, en algún punto de esa cadena, alguien siempre abre un gotero con etiqueta de “Hecho México” y vierte el mercurio en la tómbola en el que la broza se separa del oro.

La actividad minera ha abierto una crisis diplomática entre Managua y San José. DIVERGENTES documentó en un reportaje anterior cómo los güiriseros cruzan el río San Juan por 30 córdobas, menos de un dólar al cambio oficial en Nicaragua, para excavar en suelo costarricense, mientras la Fuerza Pública intenta contenerlos en una batalla desigual. Los roces entre ambos países no tardaron en llegar. 

A principios de marzo de 2026, el presidente Rodrigo Chaves llevó el problema hasta Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump en Florida, en un contexto de creciente presión de Washington sobre el régimen de Ortega y Murillo. Nicaragua respondió desplegando vigilancia en la zona, pero el flujo de los mineros artesanales, el oro y el mercurio continúa, de acuerdo a las fuentes locales consultadas para este reportaje. 

Los chinos redoblaron la fiebre de los güiriseros

Si bien la minería artesanal en esta zona del sureste de Nicaragua lleva décadas generando conflictos en reservas protegidas, en los últimos cinco años la industria se disparó. El detonante ha sido la llegada masiva de empresas chinas al sector minero nicaragüense. La Fundación del Río documenta que el régimen copresidencial ha entregado 71 lotes mineros a 15 empresas chinas, que hoy controlan 1,013,225 hectáreas, el equivalente al 8.5% del territorio nacional. 

Entre las empresas asiáticas destaca Thomas Metal Sociedad Anónima, la de mayor extensión concesionada, con 228,272 hectáreas. Dos de sus lotes, El Castillo y La Guinea, se ubican en el corazón de la Reserva Biológica Indio Maíz, entregados apenas dos meses, después de que el régimen aprobó en mayo de 2025 una ley que abrió las áreas protegidas a la explotación minera. 

Para llegar hasta ese punto legal, la pareja copresidencial modificó al menos cinco leyes entre 2022 y 2025. Eliminó estudios de impacto ambiental, al suprimir consultas públicas y quitó a los municipios la facultad de emitir dictámenes ambientales. 

La expansión de la minería industrial china no ocurre en solitario. A su sombra crece también la minería artesanal, que se alimenta del mismo territorio y de la misma permisividad del régimen sandinista. En el sureste de Nicaragua, en la franja que bordea el río San Juan y la Reserva Indio Maíz, los güiriseros han multiplicado sus operaciones, cruzando hacia el lado costarricense en busca de oro. Desde el muelle de La Venada, en la orilla tica del río San Juan, se ven llegar los cayucos. 

En Crucitas la Fuerza Pública suele contabilizar algunas mañanas a más de 200 personas ingresando hacia el cerro. Todo ese movimiento necesita el insumo que no se consigue en ninguna ferretería con nombre visible: el mercurio, que antes también podía conseguirse en pequeñas cantidades en joyerías. En la actualidad lo que existen son dealers de este metal. 

Las empresas chinas alientan, como nunca, la minería artesanal debido a las facilidades legales y administrativas dadas por el régimen sandinista. Por ejemplo, a tres kilómetros del casco urbano de Rosita, en el sector de Tipispan, la empresa china Santa Rita Mining S.A. colocó un rótulo al lado de una trocha dirigido a los güiriseros de la zona. El mensaje es directo: compran mineral, cobre y oro. Los números de contacto están ahí para quien quiera llamar. 

Esta empresa, que el régimen Ortega-Murillo concesionó en marzo de 2019 con 3,356 hectáreas sobre buena parte del casco urbano de Rosita y el Territorio Mayangna Tuahka, exportó a China 9.47 millones de dólares en metales entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. No es la única. Las empresas chinas no solo extraen el mineral de sus propias concesiones, sino que compran ilegalmente la broza que los güiriseros sacan de donde pueden, incluyendo la que cruza el río San Juan desde Crucitas. En otras palabras, al comprar broza artesanal, la trazabilidad del oro que luego exportan se pierde y eso, en teoría, no está permitido en los mercados internacionales. 

El caso Thomas Metal en Indio Maíz

Ese mercado informal de compraventa de broza es uno de los motores que alimenta la invasión minera en el lado costarricense. El campamento de Las Cruces, ubicado dentro del lote La Guinea de Thomas Metal S.A., a menos de 300 metros del límite fronterizo con Costa Rica, alberga entre 3000 y 4000 personas que procesan el oro extraído ilegalmente de Crucitas y Conchudita, es decir territorio tico. 

El material cruza el río San Juan en cayuco y, del otro lado, hay toda una infraestructura lista para recibirlo. La minería industrial china y la artesanal no son fenómenos separados en esta frontera. Se alimentan mutuamente, según las decenas de entrevistas con mineros locales y expertos en la materia que piden anonimato para este reportaje. 

Detrás de ese esquema están las empresas chinas cuya operación se asienta en la opacidad. Según documenta la Fundación del Río en un informe de marzo de 2026, la mayoría de las mineras chinas activas en Nicaragua son de reciente constitución, no tienen sitios web, no están registradas en bolsas de valores y no han presentado credenciales de experiencia en el sector minero. 

Los registros de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF) confirman el patrón: de las 16 empresas chinas identificadas, sólo cuatro están inscritas, 11 no se encuentran registradas y a una ya le cancelaron el registro. Las dos empresas con mayor cantidad de hectáreas concesionadas, Brother Metal y Zhong Fu Development, no están inscritas ante UAF, el organismo sandinista encargado –supuestamente– de prevenir el lavado de activos, de acuerdo con otro informe de la Fundación del Río publicado en enero de 2026 junto a Expediente Abierto.  

El crecimiento de las operaciones en Las Cruces también marca un cambio en los insumos que usa la minería ilegal en esta franja fronteriza. A medida que el campamento dentro del lote de Thomas Metal S.A. creció hasta albergar miles de personas, el mercurio fue cediendo terreno al cianuro, un químico más eficiente para procesar oro a gran escala, pero que requiere infraestructura de piletas que los coligalleros individuales no pueden costear. 

Los decomisos de la Fuerza Pública costarricense lo confirman. A inicios de 2023, las autoridades incautaron ocho toneladas de cianuro cerca de la frontera con Nicaragua, el mayor decomiso de ese químico en la historia reciente de Costa Rica. Entre enero y julio de 2024, otras seis toneladas fueron decomisadas en Los Chiles. El OIJ ya había documentado en 2019 que esos cargamentos venían ilegalmente de Nicaragua, transportados por grupos organizados que también movían mercurio en la misma ruta. 

El doble rasero con Minamata

El 30 de enero de 2019, Yelba de los Ángeles López González, Punto Focal del Convenio de Minamata en Nicaragua, firmó una carta dirigida a la Secretaría del convenio en Ginebra. El documento, de apenas un párrafo, notificaba formalmente que la minería artesanal y de pequeña escala con uso de amalgamación de mercurio era “más que insignificante” en territorio nicaragüense. Era la frase técnica que el convenio exige para activar las obligaciones de regulación y reducción. El régimen Ortega-Murillo lo firmó, adquirió esas obligaciones y siguió adelante con el compromiso porque, entre otras cosas, significaba acceso a financiamiento.

El Convenio de Minamata, adoptado en 2013 y ratificado por Nicaragua en octubre de 2014, es el principal tratado internacional para controlar el mercurio, un metal que en su forma líquida parece inofensivo, pero que al evaporarse libera vapores que dañan el sistema nervioso, los riñones y el cerebro. Su nombre recuerda la tragedia de Minamata, la ciudad japonesa donde en los años cincuenta una empresa química vertió mercurio al mar durante años, envenenando a miles de personas y causando una de las peores catástrofes ambientales del siglo veinte.

La exposición al mercurio no ocurre solo a través del agua o los alimentos. En los sitios de extracción, el contacto es directo e inmediato. Durante el recorrido de este reportaje, DIVERGENTES y Fundación del Río observaron cómo los mineros artesanales manipulan el mercurio con las manos descubiertas, sin guantes, sin mascarilla. En resumen, sin ningún tipo de protección. 

En Abangares algunos niños jugaban cerca de los recipientes en los que se lava el oro con mercurio. Era parte de la rutina. En Crucitas, otro “coligallero” tomó con la mano un trozo de oro que aún tenía mercurio adherido y lo sostuvo mientras nos explicaba el proceso. Nadie en ambos lugares parecía saber, o querer saber, que ese metal que tocan, respiran y vierten a las corrientes de agua todos los días, a la larga, se introduce en sus cuerpos. 

En ese sentido, Minamata obliga a los países firmantes a reducir y eliminar gradualmente el uso del mercurio en la minería artesanal, a reportar sus importaciones y a implementar planes nacionales de reducción. Nicaragua lo suscribió junto a otros 137 países. Ese mismo año de la firma de Yelba López González, en sus reportes oficiales ante el organismo, el régimen sandinista declaró que el país importaba apenas “1552 kilogramos de mercurio”, “procedentes de México y China”, en cumplimiento con lo establecido en el convenio.

China no es un detalle menor en esa declaración. En 2021, tras romper relaciones diplomática con Taiwán, Managua abrazó a Pekín e inició un acercamiento en cámara rápida por parte del régimen sandinista al comunista. El gigante asiático es el mayor exportador de mercurio del mundo y, desde que el Tratado de Libre Comercio entre ambos países entró en vigor el 1 de enero de 2024, la actividad comercial en el ámbito minero no ha hecho más que crecer. Mucho más que otro sector. 

Casi en paralelo, el régimen copresidencial le dijo al mundo que el mercurio ya no entraba a Nicaragua, mientras profundizaba su relación con China, uno de los países que, según su propia declaración ante la ONU, era fuente del metal.

Los 1552 kilogramos reportados a Minamata en ese momento se trataba de una cantidad modesta, manejable, consistente con la narrativa de un Gobierno que simulaba tomar en serio sus compromisos internacionales. Luego, en comunicaciones posteriores a 2021, Managua fue más lejos y aseguró ante los organismos internacionales que Nicaragua había dejado de importar el metal por completo. El problema, según esta versión oficial, estaba resuelto.

Sin embargo, el mismo régimen sandinista desmiente esa versión vendida a Naciones Unidas. La Fundación del Río y DIVERGENTES tuvieron acceso a través de una filtración al informe “Panorama Nacional del Sector de Minería Artesanal y Pequeña Minería”, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas en 2022. El documento revela que ese mismo año el sector minero artesanal consumía 35.3 toneladas métricas de mercurio anualmente. Es decir, no tonelada y media.

Para llegar a esa estimación, el MEM censó 1692 beneficios mineros rústicos operando en todo el país. Todos usaban amalgamación con mercurio y estaban distribuidos en tres regiones. El Triángulo Minero usaba 12.3 toneladas al año. Los departamentos de Chontales, Río San Juan y la Región Autónoma del Caribe Sur, 7.9 toneladas. Chinandega y León, 15.1 toneladas.

La brecha entre lo que Nicaragua declara ante la ONU y lo que su propio ministerio –un “órgano” coordinado por Presidencia– documenta internamente es 22 veces mayor. En otras palabras, mientras aseguraban que desde 2021 no entraba ningún gramo al país, los funcionarios del MEM sabían exactamente en qué municipios, con qué equipos y en qué cantidades se usaba el metal.

Lo más llamativo es que el régimen Ortega-Murillo, incluso, accedió a fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para implementar Minamata. Recibieron financiamiento internacional mediante dos proyectos. Uno 700.000 y otro por 3.380 000 dólares, para un total de 4.080 000 que son ejecutados por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Sin embargo, el contrabando de mercurio sigue sin interrupción, tal cual pudimos documentarlo en nuestra gira de campo.

Ríos y mercurio

Después de finalizada la cadena de contrabando de mercurio, el metal termina en los ríos de Nicaragua y Costa Rica. Eso es lo que demuestran los datos científicos a los que tuvo acceso DIVERGENTES. Un equipo de investigadores de Cornell University, la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica (UCR) tomó muestras de sedimentos fluviales en los cauces que rodean Crucitas en noviembre de 2018 y las envió a un laboratorio certificado en Vancouver, Canadá. Los resultados fueron contundentes.

Las concentraciones de mercurio en el Caño Crucitas, el Caño Descubrimiento y afluentes del río Infiernito superaban entre 5 y 200 veces el valor natural de la zona. A la fecha, con toda la fiebre de oro alentada por las empresas chinas, el daño podría ser mayor. Pero en 2018, por ejemplo, la muestra más alta registró 8790 nanogramos por gramo, 225 veces el nivel base. 

Los investigadores descartaron que fuera mercurio de origen natural. La falta de correlación con el arsénico, que en sistemas hidrotermales naturales se comporta de manera paralela al mercurio, demostró que el exceso era producto de la contaminación por minería ilegal.

El daño del mercurio no se queda en los sedimentos. La remoción masiva de suelo y vegetación aceleró el drenaje ácido en la zona, alterando el pH de las aguas superficiales a niveles de entre 4.9 y 5.9, cuando el valor natural de la región es cercano a 7. Esa acidez libera metales pesados adicionales como el arsénico, que en algunos puntos alcanzó concentraciones de hasta 70 partes por millón.

En condiciones ácidas, el mercurio elemental tiende a convertirse en metilmercurio, la forma más tóxica del metal, la que se acumula en los tejidos de los peces y sube por la cadena alimenticia hasta llegar al ser humano. Al norte, en Nicaragua, ese proceso ya genera víctimas, indígenas que beben y comen de esos ríos contaminados. 

Sin embargo, que la cadena de contrabando no se detenga tiene una explicación económica simple. Una botella de 34.5 kilogramos de mercurio, que equivale a 75.9 libras, llega a Nicaragua a un precio aproximado de 3500 dólares. Fraccionada y revendida por libra a 216 dólares, esa misma botella produce ingresos de más de 16 000 dólares. Una ganancia del 468%. Con ese margen, los operativos policiales y el riesgo del contrabando son apenas un costo para hacer negocios. Desalentar el tráfico del mercurio es casi imposible mientras eso no cambie, insisten los expertos ambientales consultados.

Miskitas con mercurio en el pelo

Un estudio de la Red Internacional para la Eliminación de Contaminantes (IPEN) sobre mujeres de comunidades miskitas encontró que el 80% de las muestras de cabello analizadas tenían niveles de mercurio por encima de los límites de seguridad. El muestreo se hizo en la zona del Río Coco, en las Comunidades de Li Aubra y Li Lamni.

El problema con el mercurio es que es bioacumulativo. Se va depositando en los tejidos blandos sin que la persona lo sienta, y cuando, por ejemplo, una mujer embarazada está expuesta, cruza la barrera placentaria y afecta el desarrollo neurológico del feto. En Crucitas, un minero nos contó que en una ocasión tuvieron que sacar de emergencia a un compañero de los túneles. En el centro médico les dijeron que había muerto por intoxicación de mercurio.

En 2021, el Ministerio de Salud de Costa Rica declaró emergencia en Crucitas por contaminación del agua y el gobierno empezó a enviar un camión cisterna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) para abastecer a la comunidad. 

Un año después levantó la emergencia, pero el camión siguió llegando. Hasta hoy, los policías que hacen guardia en la zona reciben agua embotellada cada tres días porque no pueden tomar la del lugar. Pero la comunidad sigue pescando en esos ríos y sembrando en esa tierra. Mientras tanto, en Los Chiles, al otro lado de la frontera, la mujer que atendió el teléfono de Lucas dice que el “azogue” escasea, pero que mañana quizás sí haya. El mercurio sigue cruzando la frontera.

Este reportaje ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística de DW Akademie y el Instituto de Presa y Libertad de Expresión (IPLEX) y se enmarca en el proyecto global “Space for Freedom” que, a su vez, forma parte de la iniciativa Hannah Arendt , promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

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