Desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo retornaron al poder, corruptos y narcotraficantes extranjeros encontraron en Nicaragua un lugar para refugiarse y evadir la justicia de sus países. Aunque estos, incluso, eran buscados por la Interpol, la dictadura los recibió y llenó de beneficios, entre estos la nacionalidad nicaragüense. En una paradoja, el régimen premia a estos criminales, pero destierra a cientos de nacionales por su posición política.
En una semana, los Ortega-Murillo han desnaturalizado a 317 nicaragüenses y hace dos días expulsaron de forma expedida a Fray Damián Muratori, quien fue requerido por la Interpol porque en 2019 fue condenado por la justicia italiana a cuatro años y medio de prisión por “violencia sexual” contra una joven guatemalteca. Aunque la sentencia fue confirmada por la Fiscalía italiana, el caso fue reportado por Managua después de más de tres años, justo cuando el sacerdote se solidarizó con monseñor Rolando Álvarez, lo que, a criterio de expertos, demuestra el tinte político en esta acción.
El comunicado del Ministerio de Gobernación refiere que el religioso fue expulsado, “entre otras cosas”, también porque “intervino injuriosamente en asuntos solo concernientes a nicaragüenses”, en referencia a las palabras de admiración que el sacerdote dedicó a Álvarez en su homilía del domingo.
En el caso de los ciudadanos despojados de su nacionalidad, la justicia sandinista los acusó de “traición a la patria”, una figura política creada bajo leyes represivas y dirigidas exclusivamente para condenar a los que denuncian las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas antigubernamentales.
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“La expulsión del padre Muratori hay que verla en el contexto de la persecución de la Iglesia Católica llevada a cabo por el régimen Ortega-Murillo y la estrecha relación que tenía con monseñor Álvarez, sobre todo en un país que se ha caracterizado por dar protección a personas acusadas de crímenes y corrupción”, plantea bajo anonimato un exdiplomático nicaragüense.
Corruptos nacionalizados
Sin embargo, hay otros prófugos que desde hace años viven en Nicaragua y han sido el blanco de la policía internacional por acusaciones que van desde asesinatos, lavado de dinero y narcotráfico. A todos estos la dictadura sandinista les abrió sus brazos y ninguno ha sido entregado a sus países.
El caso más reciente es el del hondureño Ebal Díaz, naturalizado nicaragüense en junio de 2022. Este personaje fue secretario de la Presidencia de Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Díaz es señalado en su país por actos de corrupción y fraude electoral.
Ricardo Cardona López, quien también fungió como secretario de la presidencia en el último periodo del Gobierno de Hernández, fue acogido por Managua, en junio del año pasado, junto a su esposa, Claudia Mercedes Matute y su hijo José Ricardo Cardona Matute.
La dictadura también abrió sus brazos al expresidente Salvador Sánchez Cerén, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en El Salvador. El exmandatario se encuentra en el país desde noviembre de 2020 y el 30 de julio de 2021 recibió junto a tres miembros de su familia la nacionalidad nicaragüense en tiempo récord. El exmandatario tiene orden de búsqueda y captura ante la Interpol.
El 30 de julio de 2019, los Ortega-Murillo también otorgaron la ciudadanía al exmandatario salvadoreño Mauricio Funes, quien es acusado en su país de malversar más de 351 millones de dólares. En su caso, también fueron naturalizados nicaragüenses su esposa y sus tres hijos. Su país giró una alerta roja para su captura internacional.
La Interpol tiene su sede en Lyon, Francia, y desde 1965 Nicaragua forma parte de los 195 países suscritos a este organismo. La experta en seguridad, Elvira Cuadra explica que esta instancia policial simplemente es un espacio de “coordinación internacional” con las diferentes policías que están suscritas al acuerdo de la Interpol. Esta es la razón por la que los corruptos no son enviados a sus países para que respondan por sus crímenes.
“En el caso de Nicaragua, quien se encarga de girar las alertas a Interpol es la Policía Nacional o viceversa. Si la entidad internacional genera una alerta, quien se encarga de darle seguimiento es la Policía. Eso quiere decir que, si van a ejecutar o no la detención de una persona, depende de Nicaragua”, plantea la experta.
Cuadra recuerda que la Interpol tiene varios tipos de alertas, pero no todas representan orden de detención. Por ejemplo, la alerta roja es para localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o cumplir condena. La alerta amarilla para notificar sobre personas desconocidas. La alerta naranja sirve para informar sobre un peligro inminente.
“Lo que sí es evidente es que, en el caso de este religioso italiano, lo que está de por medio es la confrontación abierta que tiene el régimen de los Ortega-Murillo con la Iglesia Católica en Nicaragua. No hay ninguna otra razón, señala.
Otro caso famoso de prófugos viviendo en Nicaragua y nacionalizado por Ortega, es el del italiano Alessio Casimirri, quien afronta varias solicitudes de extradición por el secuestro y asesinato del ex primer ministro de justicia italiana, Aldo Moro, en 1978. El hombre llegó al país en 1983 y cinco años más tarde se naturalizó. Además, abrió un restaurante llamado La Cueva del Buzo, ubicado a 13 kilómetros al sur de Managua.
Expertos en temas migratorios han explicado a DIVERGENTES que una de las razones por las que los políticos corruptos prefieren huir hacia Nicaragua y solicitar la ciudadanía, es porque al nacionalizarse no pueden ser extraditados.
Doble rasero
Esta es una vieja práctica de la dictadura de Ortega de proteger a personajes prófugos de la justicia, pese a que sus crímenes son comprobados por instancias internacionales. Sin embargo, no se inmuta en quitarles la nacionalidad a los nicaragüenses por asuntos meramente políticos.
En la lista de nacionales desterrados en la última semana, figuran destacados escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, defensores de derechos humanos como la veterana Vilma Núñez de Escorcia, exdiplomáticos y periodistas de larga trayectoria como Carlos Fernando Chamorro y Álvaro Navarro. Todos estos fueron acusados de “traidores a la patria”, y se les ordenó el decomiso de sus bienes.
El pasado 9 de febrero la dictadura desterró a 222 presos de conciencia que estaban encarcelados en los penitenciarios del país, en una acción sin precedentes en la historia nicaragüense. El mismo día Ortega aseguró que no existió ninguna negociación de por medio y que no solicitó nada a cambio a Estados Unidos, país que gestionó la salida y llegada de los excarcelados. El caudillo sandinista también condenó a monseñor Álvarez y le arrebató su nacionalidad por no aceptar montarse al avión que lo llevaría al destierro.