La crisis política persiste en Guatemala: a pesar de que la celebración del balotaje ha sido ratificado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) después del intento de la Fiscalía por sacar de circulación al Movimiento Semilla, la institución que dirige Consuelo Porras mantiene el acoso judicial contra el partido que encabeza Bernardo Arévalo, el candidato sorpresa que le disputó la primera vuelta a la exprimera dama Sandra Torres.
El viernes pasado, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, declaró que el caso contra el partido de Arévalo continúa… La tarde del martes su oficina –que funciona con la venia de Porras– solicitó orden de captura contra la excandidata a diputada del Movimiento Semilla, Cinthia Rojas, y de Jaime Gudiel Arias, quien ya había sido denunciado por Arévalo por su responsabilidad en la falsificación de una firma en las hojas de afiliación en la constitución del grupo promotor del partido, una fase anterior a la creación formal del partido.
Casi en simultáneo, el juez Fredy Orellana, del juzgado séptimo de lo penal, ordenó investigar al director del Registro de Ciudadanos del TSE, Ramiro Muñoz. El judicial solicitó “un informe” sobre el cumplimiento de la orden que él emitió la semana pasada de suspender al Movimiento Semilla, luego de que Curruchiche abrió su investigación. La decisión del TSE mantuvo en vilo a Guatemala, porque si acataban las órdenes judiciales hubiese significado descarrilar al Movimento Semilla, una agrupación que critica abiertamente el entramado de corrupción que gobierna Guatemala.
Sin embargo, la respuesta del Registro de Ciudadanos, con base en una resolución de la Corte Constitucional, es que la segunda vuelta no podía ser interrumpida. La norma establece que no puede cancelarse a un partido político en medio de un proceso electoral, tal como pretendía la justicia guatemalteca, lastrada por encubrir la corrupción, condenar periodistas y perseguir a exfuncionarios judiciales que luchan contra la impunidad.
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Según el Instituto de Migración, Muñoz salió del país “por asuntos personales”. A tomar vacaciones dijeron los magistrados electorales quienes se han distanciado de las pretensiones de la justicia de anular la voluntad popular.
En medio de todo este laberinto judicial y político, la ciudadanía guatemalteca no ha bajado la guardia en defensa de su voto. En redes sociales proliferan todo tipo de convocatorias de protestas, desde plantones en las calles hasta un paro nacional. Desde el jueves 13 de julio se han mantenido en las calles, en específico frente al edificio principal de la Fiscalía exigiendo la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras.
Sancionan a secuaces de Porras
Porras ya ha sido sancionada por Estados Unidos por ser “un actor corrupto”. Es señalada por sus críticos de encabezar un engranaje que promueve la impunidad al perseguir a periodistas, fiscales y jueces. Este miércoles 19 de julio, otros miembros del engranaje de la fiscal general fueron sancionados por Washington al considerar que han estado involucrados directamente en el entorpecimiento de los resultados electorales.
En la primera fila está la fiscal Cinthia Monterroso, integrante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y mano derecha de Curruchiche, – también señalado por EE. UU. el año pasado- . Ella fue designada en la actualización de la lista de actores corruptos y antidemocráticos para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, conocida popularmente como la Lista Engel.
Monterroso lideró el allanamiento al Registro de Ciudadanos del TSE el pasado jueves 13 de julio. Este operativo fue cuestionado por los mismos magistrados electorales, porque los fiscales encargados cubrieron sus rostros con pasamontañas, gafas oscuras y gorras. Algunos vehículos mantenían sus matrículas cubiertas. Además, la seguridad de la institución electoral les prohibió el ingreso de armas de fuego a su sede, ya que la pesquisa, cuyo objetivo era extraer documentación del Partido Semilla, no requería el uso de armamento.
La Lista Engel también incluye al juez Orellana, quien ha sido artífice clave en la persecución de Semilla. En su haber figura la orden para capturar a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI; de José Rubén Zamora, expresidente del diario elPeriódico; y de Virginia Laparra, exjefa de la sede de la FECI en el occidente del país, acusada y condenada por denunciar al exjuez Lesther Castellanos por promover actos de corrupción.
Castellanos también forma parte ahora de la Lista Engel y es el director de la Comisión contra la Tortura. Entre otros sancionados están:
- Omar Barrios: abogado vinculado al oficialismo y ahora presidente de la Comisión Portuaria Nacional.
- Jimi Bremer: juez que ordenó investigar a periodistas y protegió al exjuez Mynor Moto tras acusaciones de corrupción.
- Melvin Quijivix: presidente del Instituto Nacional de Electrificación y fue delegado de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno dirigida por Miguel Martínez para el Ministerio de Energía y Minas en el año 2020. Martínez se autonombró la persona de más confianza del presidente Alejandro Giammattei.
- Walter Mazariegos: rector de la Universidad de San Carlos impuesto tras un fraude electoral el año pasado en donde se prohibió la participación de electores de la oposición. Un operativo apoyado por el gobierno y el exdecano de Economía que resultó ser el candidato a la Vicepresidencia de Vamos, el partido de Giammattei.
- Joviel Acevedo: secretario general del sindicato mayoritario de maestros por más de 20 años.
Todos los designados en la Lista Engel son cercanos al actual régimen de Alejandro Giammattei.
Gianmmattei sale en defensa de los suyos
Aunque ningún miembro del Ejecutivo fue señalado en la Lista Engel, el gobierno de Alejandro Gianmmattei emitió un comunicado rechazando “la subjetividad de la publicación realizada”. “Se incluye a personas de origen guatemalteco, quienes son señaladas a través de juicios de valor y sin garantía de legítima defensa a través del debido proceso judicial, situación que viola el principio universal de presunción de inocencia”, alega el Ejecutivo.
El gobierno de Gianmmattei condenó y consideró como “deleznable la herramienta utilizada por Estados Unidos”. Según el comunicado, la Lista Engel es “una herramienta política en contra de operadores de justicia que no responden a intereses de una agenda ideológica propia que se quiere imponer en nuestro país”. “Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la defensa de la soberanía de nuestro país, ante la injerencia extranjera en asuntos internos y la utilización de herramientas políticas abusivas en contra de los guatemaltecos”, concluye el gobierno.
Un segundo mensaje de la comunidad internacional llegó cuando, alrededor del mediodía de este 19 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió de forma ordinaria para conocer el informe preliminar de la situación electoral, elaborado por la misión de observación enviada a Guatemala. El informe resalta la sobre judicialización del proceso electoral, la expulsión de candidatos y la intervención del Ministerio Público (MP) y de las cortes luego de que las elecciones se realizaron.
La misión de la OEA destaca que no hubo incidentes mayores el 25 de junio, cuando se celebró la primera vuelta, y que los resultados coinciden con la medición que la misión hizo durante el proceso de votación, por lo que ve preocupante la arremetida de otros partidos políticos, el MP y las cortes en contra del TSE y del proceso mismo.
La discusión del informe llevó a que los representantes de Antigua y Barbuda, Colombia, República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos enfatizaran la preocupación por lo que acontece en Guatemala.
En la reunión de la OEA, el gobierno estadounidense reiteró el llamado a atender la crisis y llamó la atención de que los hechos que se han desarrollado en las últimas semanas violan la Carta Democrática Interamericana.
Washington resaltó la postura del sector privado que se manifestó en contra de lo actuado por el MP y el juez Orellana, aunque en los últimos días no han emitido ninguna otra opinión. Ningún empresario de alto nivel fue incluido en la Lista Engel.
Más presión desde los Estados Unidos
La situación de Guatemala también preocupa a legisladores estadounidenses. El republicano Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y el demócrata Bob Menendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, emitieron un comunicado en el que respaldan al TSE y reprochan la actuación del MP.
“Apoyamos firmemente la certificación del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala esta semana de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio, que fue verificado independientemente por la Organización de Estados Americanos de no tener irregularidades graves”, exponen. “Sin embargo, a la luz de la decisión del TSE, estamos profundamente preocupados por el intento de la Fiscalía General de Guatemala de revocar ilegalmente el estatus legal del partido político de un candidato de la oposición antes de las elecciones presidenciales de segunda vuelta del país el 20 de agosto”.
El lunes pasado, la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) que aglutina a exjefes de Estado de derecha y centroderecha, publicó un comunicado en el que condena la inhabilitación del Movimiento Semilla y lo compara con lo recientemente sucedido en Venezuela y Argentina en el mismo tono.
El comunicado fue firmado por 24 expresidentes como José María Aznar y Mariano Rajoy de España; Felipe Calderón y Vicente Fox de México; Iván Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana de Colombia; Eduardo Frei y Sebastián Piñera de Chile; Mauricio Macri de Argentina; entre otros.