El desmantelamiento del Consejo Nacional de Universidades (CNU) no es un retroceso de la dictadura Ortega-Murillo en su política educativa. Por el contrario, marca una nueva etapa de control directo, sin intermediarios, ni estructuras que puedan volverse incómodas o costosas.
Así lo interpreta el académico y ex rector universitario Ernesto Medina, quien considera que el régimen ya no necesita mantener una institución burocrática como el CNU, que –tras consolidar el adoctrinamiento político en las aulas de clases, apropiarse de los recintos académicos privados y colocar funcionarios afines al régimen en todo el sistema educativo superior–, ya cumplió su misión.
“Ellos creen que el trabajo ya está hecho. Las universidades están silenciadas, nadie protesta, todo el mundo agacha la cabeza. Ya no necesitan al CNU como instrumento intermedio. Ahora pueden controlar directamente a los rectores”, afirma Medina en entrevista con DIVERGENTES.
Considera también que más allá del control político, el régimen tenía razones económicas para deshacerse del CNU. Tras las reformas en 2021 a la Ley 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y la Ley General de Educación 582; esta entidad se convirtió en una estructura pesada, con más de 25 funciones asignadas por ley, direcciones técnicas, comisiones y una burocracia costosa sostenida con el presupuesto universitario.
Control total a menor costo
El experto en educación recuerda que la figura del Consejo Nacional de Rectores no es nueva. La Ley General de Educación de 2006 la estableció como un espacio de coordinación entre universidades públicas y privadas. Sin embargo, señala que Daniel Ortega ignoró esa ley al regresar al poder en 2007 y luego impulsó reformas para centralizar completamente el sistema bajo el CNU.
Según el catedrático, el régimen arruinó el espíritu de la ley y la convirtió en un instrumento de represión y propaganda. “La Ley 582 fue una de las mejores que hemos tenido. Pero nunca la aplicaron como debía ser. El CNU se volvió un monstruo burocrático, y su presidencia, una extensión del Ejecutivo”, apunta.
“Crear ese monstruo administrativo tenía un costo enorme. Y ese dinero salía del mismo 6% que ya era insuficiente para las universidades. Al eliminar el CNU, también reducen gastos y centralizan el poder sin intermediarios”, sostiene.
El nuevo Consejo Nacional de Rectores de Universidades, creado bajo el discurso oficial de “reordenamiento institucional”, está conformado exclusivamente por doce rectores leales al orteguismo. A diferencia del CNU, que aún conservaba una fachada de coordinación interinstitucional; este nuevo órgano no tiene autonomía, ni funciones claras o posibilidad alguna de deliberación.
“Será un club de rectores. Se van a reunir para hablar de temas intrascendentes, porque saben que las decisiones las toma El Carmen. Ninguno tiene la estatura para cuestionar nada”, sentencia Medina.
Una estructura que ya no servía
El desmantelamiento del CNU ocurre en un contexto de desgaste interno y pérdida de legitimidad del sistema universitario impuesto por el régimen sandinista. El académico Adrián Meza también interpreta esta movida como parte de una política errática y reactiva.
“Esto nos da una idea de una política de bandazos, para ponerle un nombre,en el ámbito de la conducción del modelo de educación superior implementado por el régimen. Y esta política de bandazos tiene una explicación sencilla: el sistema está haciendo agua por todas partes”, señala.
Meza también recuerda que el Consejo Nacional de Rectores ya existía en el artículo 48 de la Ley General de Educación, como espacio de coordinación entre universidades públicas y privadas, pero fue suprimido por el sandinismo cuando retornó al poder. Ahora lo revive sin funciones definidas, en lo que Meza considera un intento desesperado por disimular el actual fracaso del sistema educativo orteguista.
“La pérdida de más de 60 000 estudiantes en universidades públicas refleja un rechazo silencioso. Las familias no quieren un modelo que adoctrina, sino uno que prepare para el empleo y la ciencia. Pero lo que el régimen ofrece es docilidad y sometimiento”, afirma.
La “caída amortiguada” de Ramona Rodríguez
En ese contexto, la salida abrupta de Ramona Rodríguez —expresidenta del CNU y exrectora de la UNAN-Managua— confirma el nuevo esquema de control directo sin estructuras intermedias. Aunque fungía como figura clave en la maquinaria educativa del orteguismo, el régimen la desplazó sin ofrecer explicaciones públicas, y la reubicó en un cargo menor como coordinadora del recién creado Centro Nacional de Capacitación a Emprendedores “La Sandino”, un nuevo proyecto simbólico promovido por Rosario Murillo, inaugurado el 18 de mayo de 2025.
Para Medina, este cambio responde –en parte– al temor del régimen de que sus propios operadores acumulen demasiada visibilidad o poder dentro del aparato estatal. “Ramona Rodríguez se volvió una figura demasiado notoria. Y eso, en la lógica del poder absoluto, es pecado. Le quitaron estatura, la sacaron del foco y la mandaron a un sitio irrelevante”, explica.
Para Meza, la destitución de Ramona Rodríguez es una “caída con amortiguamiento”. Su reubicación en un centro sin trayectoria, ni impacto. Es un castigo simbólico disfrazado de nueva función.
“En la búsqueda de responsabilidades imputadas, pues lo más fácil era destituir a Ramona Rodríguez inculpándola por el naufragio ostensible del modelo en varias de sus dimensiones más importantes y colocarla en otra responsabilidad para amortiguar su defenestración”, dice.
Ambos académicos coinciden en que los cambios no resolverán la crisis del sistema educativo, porque el problema no está en las personas, ni en las estructuras, sino en la naturaleza misma del modelo. “Una cosa es una universidad, otra es una escuela del partido. Mientras el Gobierno no entienda eso, seguirán inventando cargos, cambiando nombres y reprimiendo cualquier intento de pensamiento crítico”, concluye Meza.
Un ciclo cerrado
La desaparición del CNU, que durante años fue el brazo ejecutor del orteguismo en la educación superior, marca el fin de una etapa. Desde los años noventa, el sandinismo utilizó su poder dentro del CNU —a través de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua— como herramienta de presión política. Durante los gobiernos liberales de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, estas entidades promovieron tomas, bloqueos y violentas protestas callejeras, bajo la bandera de la autonomía universitaria.
Con la llegada de Ortega al poder en 2007, ese poder se institucionalizó. En 2021, la reforma a la Ley de Autonomía Universitaria eliminó la elección interna del CNU y permitió al Ejecutivo nombrar directamente a su presidenta. Ramona Rodríguez ejecutó esa transformación, encabezó la confiscación de al menos 27 universidades privadas, incluyendo la Universidad Centroamericana, y consolidó el adoctrinamiento en los centros públicos.
La migración de jóvenes universitarios, que en los últimos meses ha ganado visibilidad por el aumento de solicitudes de apostillas académicas, confirma el desgaste profundo del sistema de educación superior en Nicaragua. Un reportaje reciente de DIVERGENTES relata cómo los estudiantes han abandonado sus carreras y buscan oportunidades de formación en el extranjero, frustrados por la mala calidad de la enseñanza, la politización de las aulas y la falta de libertad académica.
El desmantelamiento del CNU y la consolidación de una estructura vertical de control llegan en un momento en que el sistema de educación superior atraviesa una de sus peores crisis. La calidad académica se ha deteriorado de forma acelerada, miles de docentes con formación crítica han sido expulsados del país y las aulas son espacios de adoctrinamiento político.
Mala calidad promueve fuga de cerebros
Desde 2018, el régimen desarticuló la autonomía universitaria para imponer un modelo vertical y partidario. Colocó autoridades incondicionales, rediseñó los planes de estudio con fines ideológicos y transformó las universidades en extensiones del aparato político. En los recintos universitarios, el pensamiento crítico enfrenta un ambiente hostil, y quienes aspiraban a una formación profesional sólida y libre, ahora se enfrentan a una realidad decepcionante.
Este deterioro ha provocado una fuga silenciosa, pero constante de estudiantes que abandonan sus carreras para buscar oportunidades de formación en el extranjero. Miles gestionan apostillas académicas —documentos necesarios para validar títulos fuera del país— como vía de escape. Aunque el régimen intenta ocultar el fenómeno mediante plataformas digitales que eliminan las filas visibles frente a Cancillería, el volumen de solicitudes confirma que Nicaragua ya no ofrece condiciones mínimas para formar a su juventud.
Los expertos consultados advierten que esta fuga de cerebros no solo afecta a quienes se marchan. También debilita la capacidad del país para construir futuro. Nicaragua pierde talento, creatividad, pensamiento científico y liderazgo joven. Más grave aún, se rompe el vínculo entre las nuevas generaciones y su nación.