El financiamiento por parte de Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) como el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), están sosteniendo económicamente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y profundizando la crisis de derechos humanos que enfrenta el país, denuncian organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un análisis del organismo Raza, Igualdad y Derechos Humanos, destaca que el BM, BID y BCIE son responsables por el apoyo a 88 proyectos en Nicaragua que alcanzan un monto de 4350 mil millones de dólares.
Al menos 50 de estos proyectos, que agrupan un monto de 2.7 mil millones de dólares, fueron aprobados después de 2018, año en que se agudizó la crisis sociopolítica y de derechos humanos.
Sin embargo, ninguna de esas instituciones se pronunció públicamente sobre la crisis como un factor a tomar en cuenta para la aprobación o el monitoreo de la implementación de estos proyectos, indica Marcelo Azambuja, oficial legal de la organización.
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Estos fondos han sido destinados a áreas como infraestructura, salud, educación, medio ambiente y apoyo económico; y han carecido de transparencia en su ejecución. Según Azambuja, esto ha fortalecido al modelo económico autoritario del régimen Ortega-Murillo, y no al desarrollo humano y sostenible, como se supone que son sus objetivos.
Fondos internacionales usados en la construcción de carreteras
Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, señala que el uso del endeudamiento externo ha sido utilizado por el régimen Ortega-Murillo para beneficiar a su clan familiar y político, pues las actividades de este endeudamiento son destinadas al beneficio de empresas familiares y de su círculo de poder, y no al desarrollo del país.
Por ejemplo, más de tres cuartas partes de la inversión pública se realiza en forma de obras públicas, en gran parte, en la construcción de carreteras, de las cuales se benefician con contratos millonarios a las empresas familiares del régimen Ortega-Murillo y de su red cercana de colaboradores y operadores políticos.
El gasto de inversión pública relacionado a estas obras se duplicó del 29% al 54% entre 2017 y 2023, de acuerdo con un recuento realizado por Orozco.
Esta inversión enfocada en construir o ampliar carreteras se realizó en zonas en que se benefició a pocas personas, con contratos públicos caracterizados por la opacidad, y apalancados con fondos de préstamos internacionales en los que hubo falta de escrutinio y transparencia.
Mientras, el gasto público en inversión social como la educación no cambió; sino que el régimen optó medidas represivas como la confiscación y cierre de instituciones académicas y de organizaciones sin fines de lucros enfocadas en la educación.
En el mismo período de 2017 y 2023, la dependencia del Estado nicaragüense a la financiación externa aumentó del 46% al 56% del Producto Interno Bruto (PIB), con casi 9000 millones de dólares de deuda pública.
Orozco indica que actualmente el principal endeudamiento es con el BCIE, ya que los fondos para la liquidación de la deuda con el BCIE son casi el 60% de todos los pagos de la deuda externa de Nicaragua, a pesar que la deuda con el BCIE es del 27% del endeudamiento externo total.
El régimen Ortega-Murillo pasó de pagar 740 millones de dólares al BCIE en 2017 a 2800 millones en 2023. Para el 2024, Nicaragua tiene presupuestado un programa de endeudamiento por 576 millones de dólares con el BCIE.
Instituciones denunciadas de violar derechos humanos son financiadas
Olga Valle, miembro de la organización de fiscalización ciudadana Urnas Abiertas, expone que el Grupo de Expertos de Naciones Unidas (GHREN por sus siglas en inglés) identificó siete instituciones y a varias alcaldías que cometieron violaciones a los derechos desde 2018, de las cuales muchas reciben financiamiento internacional, resaltando el Ministerio de Transporte.
El reciente V Censo de Población llevado a cabo en abril de 2024 —realizado en un contexto de represión política— fue ejecutado con fondos del BM, la Unión Europea y el BID, quienes entregaron más de 13.2 millones de dólares.
Según Urnas Abiertas, la gestión de este proyecto dirigida por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo y el Banco Central, mostró una “decisión deliberada de ocultar la información financiera”, debido a su falta de transparencia. Ambas instituciones actúan de acuerdo a las órdenes del régimen Ortega y Murillo y sus directores han sido sancionados internacionalmente por su participación en la represión política.
Además, la Contraloría General de la República (CGR), organismo rector y fiscalizador de los bienes y recursos que recoge el Estado, incumple sus deberes deliberadamente.
“Las auditorías que realiza no se publican en su totalidad, tampoco ha velado por las declaraciones patrimoniales de funcionarios, ni da cuenta de los señalamientos de corrupción que envuelven a algunos de ellos y las responsabilidades penales que ha encontrado no siguen el curso establecido”, advierte Valle.
Financiamiento internacional se centra en proyectos ambientales
Una parte importante del financiamiento internacional son dirigidos a proyectos ambientales señalados de corrupción, manifiesta Amaru Ruíz, director de Fundación del Río. Actualmente el régimen Ortega Murillo cuenta con 27 proyectos ambientales en fase de ejecución, con un costo de 384.8 millones de dólares, de los cuales el 66% de los fondos son en calidad de donación.
La principal fuente de financiamiento es el BM, el BID y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. No obstante, estos proyectos han generado pocos avances en los indicadores de mejoría ambiental en Nicaragua.
A medida que el régimen Ortega Murillo ha conseguido mayor financiamiento verde, Nicaragua se convirtió en el país de Centroamérica que más rápido deforesta sus bosques primarios, reduciendo su desempeño en el indicador de la vitalidad de los bosques, así como en indicadores como la incidencia de incendios.
La mayoría de estos proyectos se ejecutan en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, donde se centran las mayores denuncias de violaciones a derechos humanos contra grupos indígenas y afrodescendientes. Estas comunidades sufren ataques e invasiones por colonos que tienen permisividad del Estado.
En esta zona también se presentan las mayores negligencias estatales en materia de protección y conservación del medio ambiente, pues es el área del país donde hay mayor deforestación, incendios, minería industrial e ilegal, uso del mercurio, ganadería extensiva y plantaciones de monocultivo.
Instituciones financieras deben escudriñar sus aportes
Las IFIs no deben ofrecer apoyo económico que permita la permanencia de una situación creada por crímenes de lesa humanidad, ni deben financiar proyectos de desarrollo que causen impactos adversos a los derechos humanos, advirtió Azambuja.
Por el contrario, están obligadas a adoptar medidas para prevenir la comisión de estos delitos, conforme el Comité de Derecho Internacional de Naciones Unidas.
En el caso del régimen Ortega Murillo, utiliza los recursos internacionales sin transparencia, fiscalización, auditorías y sin permitir denuncias de impactos adversos que pueden causar los proyectos.
La omisión de medidas para mitigar los impactos adversos a los derechos humanos que sean causados directamente con las operaciones de la IFIs, ha tenido como consecuencia a varias violaciones de derechos.
Entre ellos, la libertad de expresión, ya que tanto el régimen Ortega-Murillo como las instituciones financieras, mantienen restricciones de acceso a la información pública sobre los proyectos, y las instituciones estatales nicaragüenses mantienen una criminalización a personas defensoras que denuncian irregularidades en los procesos.
“La responsabilidad de las IFIs aumenta en contextos en que un régimen dictatorial no permite el acceso a la información, las críticas públicas o las denuncias de violaciones de derechos humanos a instituciones nacionales o internacionales bajo pena de retaliación violenta”, señala Azambuja.