Félix Maradiaga
22 de marzo 2024

Deuda externa y dictadura en Nicaragua


La deuda externa de Nicaragua es uno de los temas más espinosos y complejos de la historia económica del país. También fue uno de los cuellos de botella más grandes para la recuperación económica de Nicaragua durante el corto experimento democrático de 1990 a 2006. Cuando la presidenta Violeta Barrios de Chamorro asumió el cargo, con más de 10 mil millones de dólares de deuda, Nicaragua tenía una de las deudas per cápita más altas de América Latina. En algún momento, casi el 30% de los impuestos recaudados por los nicaragüenses se destinaban al servicio de la deuda. 

La carga heredada de los años del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el poder se hizo aún más grande cuando a los gobiernos del periodo de transición democrática les correspondió pagar el masivo robo de propiedades privadas conocido como “La Piñata”. Después de muchos esfuerzos, fue durante el gobierno de don Enrique Bolaños (2002-2006) que Nicaragua cumplió con todos los requisitos para recibir más del 80% del perdón de su deuda externa. En consecuencia, con la llegada de Daniel Ortega al poder en enero de 2007, encontró al país con 2 550 millones de dólares de deuda externa, es decir, su nivel más bajo de deuda desde 1990. Como diría don Enrique Bolaños, encontró “la mesa servida”. Este escenario había sido muy similar al de 1979, cuando el FSLN encontró a Nicaragua con uno de los niveles de deuda más bajos de la región.

El endeudamiento externo en sí no debe ser satanizado siempre y cuando esos compromisos adquiridos por el Estado estén enfocados en fortalecer la capacidad productiva y el bienestar de un país. Sin embargo, lo que resulta escandaloso del caso de Nicaragua no es solo su acelerado reendeudamiento, sino además la forma en que este coincidió con aumentos enormes en los niveles de corrupción, ausencia de transparencia y falta de rendición de cuentas.

Al finalizar el 2023, el saldo de la deuda externa total de Nicaragua superó la suma de 15 300 millones de dólares, cifra que evidencia un escenario económico sobrecargado y oscurecido por la ausencia de transparencia y rendición de cuentas. Un vistazo superficial podría interpretar erróneamente que un 54.9% de dicha deuda perteneciente al sector público es un reflejo de inversión en el bienestar colectivo. Sin embargo, al escarbar un poco más, la realidad es que tal endeudamiento ha servido, en gran medida, para pagar favores partidarios y enriquecer a una élite selecta, en vez de impulsar el desarrollo equitativo del país.

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Si aceptamos los datos ofrecidos por el Banco Central de Nicaragua, los cuales considero cuestionables, la deuda externa nicaragüense representa aproximadamente el 95% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque no existe consenso económico sobre la proporción ideal de deuda respecto al PIB, es innegable que tales niveles constituyen una carga insostenible para la capacidad productiva nacional. De acuerdo a esta lógica, la deuda es casi igual al valor de todo lo que Nicaragua produce en un año.

Este panorama sombrío es la consecuencia directa del riesgo político inherente a una dictadura que suspende los derechos civiles, mantiene prisioneros políticos y confisca propiedad privada, ahuyentando así a inversores serios y de calado. La supuesta estabilidad económica promulgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un espejismo basado en factores temporales como remesas y el precio de commodities. Me atrevo a denominar a los informes del FMI como “informes de visión miope” por su negligencia en captar la vulnerabilidad de nuestra economía y su dependencia de factores volátiles.

Los llamados “amortiguadores fiscales” del Banco Central son un eufemismo para justificar la extracción de recursos del sector privado, que ya soporta una carga tributaria insoportable. Las métricas de solvencia y liquidez externa, aunque razonables en teoría, se basan en una liquidez sustentada no por un aumento de la productividad, sino por remesas y la inestabilidad de los precios de los commodities.

Un análisis minucioso revela la alta vulnerabilidad de Nicaragua ante fluctuaciones de tipos de cambio y tasas de interés. En adición, los altos niveles de gasto corriente indican que gran parte de la deuda financia el aparato de un Estado-partido, sustentando los privilegios de la oligarquía sandinista y recompensando a una cúpula de leales a la familia Ortega-Murillo.

Los riesgos de un incumplimiento de deuda son bajos a corto plazo, pero el futuro parece sombrío con intereses crecientes para futuros préstamos. La realidad demanda reformas económicas fundamentadas en libertades básicas como el respeto a la propiedad privada y el estado de derecho, pero el régimen dictatorial parece ciego a tales medidas.

A medida que el régimen Ortega-Murillo intensifica su represión del sector privado, la posición de Nicaragua ante entidades financieras internacionales se torna precaria. Las graves violaciones a los derechos humanos y el incremento de leyes represivas ha ahuyentado a inversionistas y ha alarmado a instituciones financieras internacionales que han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua. Entidades financieras como el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por ejemplo, bien conocidas por su generosa política de préstamos concesionales a Nicaragua, es posible que también tomen distancia después del devastador informe del grupo de expertos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas. Dicho grupo, recomienda a los organismos financieros, actuar con cautela frente a un régimen que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos.

Los sueños del régimen de una nueva asociación económica con China no mitigará los problemas estructurales y, en el mejor de los casos, solamente exacerbarán la carga de deuda con tasas de interés exorbitantes. La realidad económica es un espejismo sostenido por las remesas, y no por un crecimiento económico genuino y estable.

El único camino sostenible hacia el crecimiento económico se fundamenta en un Estado de derecho firme y en la libertad económica. Es el de un libre mercado basado en relaciones comerciales estables y predecibles, no en la volubilidad de una dictadura que manipula y estrangula la economía a su antojo. Las relaciones comerciales con socios confiables como Estados Unidos, que actualmente representa una porción significativa del comercio exterior de Nicaragua, deben ser cuidadas y no puestas en peligro por la hostilidad del régimen hacia la democracia y las libertades individuales. A pesar de ello, no se puede descartar que las decisiones políticas del régimen en cuanto a su asociación con enemigos de Estados Unidos como Rusia, China e Irán, tengan un impacto futuro en las relaciones comerciales normadas por el Tratado de Libre Comercio (CAFTA).

En consecuencia, la deuda externa de Nicaragua no es solo un problema de números, sino un reflejo de un sistema corrupto que empobrece a su gente y enriquece a los que ostentan el poder. En Nicaragua, la deuda se ha utilizado como instrumento de redistribución, capturando recursos de los sectores más productivos del país para mantener un aparato público que en realidad es una maquinaria al servicio de la dictadura. 

Mientras tanto, la carga de esta mala gestión cae sobre los hombros de los más pobres y vulnerables, quienes continúan viviendo en la pobreza a pesar de los miles de millones en deuda externa. Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina y, según el informe de Freedom House, es una de las dos naciones con el mayor deterioro relativo de las libertades en el mundo.

En resumen, la economía nicaragüense está atrapada en un ciclo de crecimiento volátil e incierto, alimentado por una administración que se preocupa más por su supervivencia y enriquecimiento que por el bienestar de sus ciudadanos. La deuda externa no es una herramienta de desarrollo mientras sea manejada sin transparencia y con fines corruptos. El futuro económico de Nicaragua está en juego y la estabilidad que promete el régimen de Ortega es tan solo una ilusión mientras la libertad y la democracia no sean restauradas.

ESCRIBE

Félix Maradiaga

Presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua. Es académico, emprendedor social y defensor de derechos humanos nicaragüense. En el año 2021 fue candidato presidencial en las primarias de la oposición por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Por ser una de las voces más críticas contra el régimen de Ortega, fue arbitrariamente encarcelado por más de veinte meses.