Entre abril de 2018 y octubre de 2022 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó 396 ataques contra la Iglesia Católica de Nicaragua, según la investigación “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?”. El documento, elaborado por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina Montenegro, reveló que la represión hacia los sacerdotes y obispos incluye asedio, encarcelamientos, expulsiones, procesos penales y cierre de medios religiosos.
En la primera entrega de dicho informe, presentado por Molina en mayo de este año, el clero había sido víctima de 190 ataques, sin embargo, solo cinco meses después del primer reporte, en la segunda entrega se sumaron 206 hostilidades, lo que evidencia el recrudecimiento de la represión contra el sector religioso.
“Es importante aclarar que todas las cifras expuestas en el estudio son una aproximación con base a denuncias, pero tenemos conocimiento de que los datos pueden ser potencialmente mayor debido a la escasa denuncia por parte de los sacerdotes y obispos”, manifestó la abogada durante la presentación del informe.
A pesar de que, en el 2007, tras el retorno del régimen al poder, los Ortega-Murillo hicieron las paces con el catolicismo, la represión contra este grupo religioso se recrudeció en el 2018, cuando la relación entre la Iglesia y el Estado se fracturó por la postura crítica que tomó la jerarquía eclesiástica ante las violaciones a los derechos humanos.
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En el 2018 se documentaron 81 ataques contra la Iglesia Católica. En ese año una turba sandinista ingresó a la Catedral de Managua para reprimir a los religiosos y estudiantes que se encontraban refugiados en ese templo. Además, se reportaron amenazas de muerte a sacerdotes y profanación de iglesias.
Uno de los casos más violentos en ese año fue el atentado que sufrió el padre Mario Guevara Cerda en el interior de la Catedral de Managua. Una mujer de origen ruso y cercana al partido sandinista le arrojó ácido sulfúrico en su rostro.
Según el reporte de la abogada, en el 2019 ocurrieron 76 hostilidades contra el clero, entre los que destacan las amenazas de muerte contra monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, quien tuvo que exiliarse en Estados Unidos ese mismo año.
En 2020, tras el impacto de la pandemia de la Covid-19 en el mundo, se produjeron 58 agresiones contra la Iglesia. En ese año se registró el ataque con una bomba molotov a la Catedral de Managua, dañando la capilla de la Sangre de Cristo, cuyo acto fue declarado por el papa Francisco como un atentado.
En el siguiente año, 2021, se contabilizaron 54 acciones represivas contra la jerarquía católica, en los que continuaron las profanaciones y robos en templos.
Hasta octubre de 2022 el estudio contabilizó un total de 127 agresiones, la cifra más alta en los últimos cinco años de represión gubernamental. Entre estas acciones se encuentran el secuestro de monseñor Rolando Álvarez, quien cumplió más de 100 días de desaparecido, el exilio forzado de varios sacerdotes y el encarcelamiento de varios religiosos.
“Todo este grupo de personas dedicados al culto católico han sido asediados, difamados, desprestigiados, perseguidos, han sido también obligados a exiliarse debido a la persecución política, también han sido amenazados de muerte y este es el grupo que se ha visto mayormente afectado en Nicaragua”.
A eso hay que sumar la expulsión de las monjas de la orden Madre Teresa de Calcuta y la confiscación de sus bienes; el encarcelamiento de los padres Manuel Salvador García de Nandaime y Leonardo Urbina de Boaco; así como el cierre de radios y canales católicos.
Expulsiones y exilio
La investigación también destaca que, entre los ataques de la dictadura está el exilio forzado de 11 religiosos, entre ellos un obispo, ocho sacerdotes y dos diáconos, además de dos expulsiones contra líderes católicos. A un sacerdote se le prohibió salir del país y a otros ocho no los dejaron entrar a pesar de que son nicaragüenses.
“De manera paralela a esta investigación nos hemos enterado que hay otros sacerdotes exiliados, pero por motivos de seguridad a las familias ellos han decidido por el momento hacer silencio, entonces no hemos podido incluirlos en esta entrega por la seguridad de ellos”, agregó la investigadora.
La experta manifestó que con estas acciones el régimen ha vulnerado al menos 21 derechos y garantías que están establecidas en la Constitución Política de Nicaragua. “También se ha cometido en contra de la Iglesia Católica 28 tipos penales”, indicó.
La abogada también documentó el encarcelamiento e inicio de proceso legal contra siete sacerdotes por parte del régimen, dos de ellos ya cumplen una condena dictada por un juez. Dos seminaristas están encarcelados bajo juicio, un diácono está preso y procesado, y un obispo se encuentra bajo arresto domiciliario.
Ataques de Ortega
En una de sus últimas comparecencias públicas, el pasado 29 de septiembre, el dictador Daniel Ortega acusó a los sacerdotes y obispos de ser los principales orquestadores del supuesto “golpe de Estado”, haciendo alusión a las protestas sociales de 2018 que fueron brutalmente reprimidas por la Policía.
Incluso, el mandatario se atrevió a acusar sin pruebas a “algunos” líderes religiosos de supuestamente ordenar asesinarlo en el contexto de convulsas protestas. “Algunos curas, algunos obispos, llamando a la gente a que me metieran plomo… ¡Qué clase de obispos, qué clase de curas!”, acusó.
También se lanzó contra la Iglesia Católica de Roma y catalogó a la institución religiosa de ser una “dictadura perfecta” que elige a sus autoridades sin contar con la voluntad del pueblo. Añadió que “esta secta no tiene moral” para hablar de democracia.
“Yo le diría a su santidad, el papa, con todo respeto, a las autoridades de la Iglesia Católica, yo soy católico, (pero) como católico no me siento representado y no me siento representado por todo lo que conocemos de esa historia terrible, pero también por el hecho que lo oímos hablar de democracia y no practican la democracia”, alegó Ortega.