Dictadura Ortega-Murillo desaloja a la OEA de la oficina confiscada

Para tratar de enmendar el arrebato de la confiscación, la Procuraduría General de la República informó que entregó “formalmente a funcionarios administrativos” del organismo el mobiliario, equipos, archivos y otras pertenencias que “estaban bajo resguardo policial” desde el 24 de abril. Un día antes el régimen había enviado un ultimátum para que el organismo desocupara de inmediato el sitio, mientras tildan a Luis Almagro de “oscuro cachivache imperial”

Fotos del desalojo de la oficina de la OEA difundidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo obligó este jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) a desalojar las oficinas que estaban ubicadas en las Sierritas de Santo Domingo, en las afueras de la capital. El personal administrativo retiró el mobiliario, equipos, archivos y otras pertenencias que estaban “bajo resguardo policial” desde el domingo 24 de abril, cuando la Policía ocupó la sede diplomática de forma abrupta.

El desalojo del inmueble ocurrió un día después de que la Procuraduría General de la República (PGR) envió un ultimátum a la OEA para que desocuparan las instalaciones de forma inmediata. La acción del régimen de entrar al edificio y levantar inventario había provocado una reacción inmediata del organismo, que advirtió que los archivos y documentos en el edificio gozaban de la más absoluta inviolabilidad.

“Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias”, dijo Luis Almagro, secretario general de la organización.

Ante la advertencia de la OEA, el régimen Ortega Murillo trató de “limpiar su imagen” publicando este jueves una serie de fotografías y un comunicado en el que aseguraron que no habían violentado ningún archivo en el edificio y que todo estaba “resguardado” y que fue entregado intacto al personal de la sede diplomática.

Fotos del desalojo de la oficina de la OEA difundidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Como consta en fotografías, videos y expedientes, estas pertenencias no han sido ni usadas ni violentadas por nadie. Dejamos constancia de la legalidad y el orden de esta entrega formal, y subrayamos la burda e hipócrita conducta de las despreciables administraciones coloniales de la OEA, que han validado a lo largo de los años, violaciones de nuestras Soberanías Nacionales”, señaló la PGR en una carta publicada en medios oficialistas.

En su carta la Procuraduría acusó de “oscuro cachivache imperial” al secretario general de la OEA, Luis Almagro. En el documento lo describen como un “palillón de desfiles provincianos que sigue creando y usufructuando falacias y mentiras con las que montan en pompa, impúdicas y calumniosas campañas”. 

“La infamia de la OEA se podrá estudiar en el Museo que muy pronto estrenaremos en Managua, develando la verdad verdadera de su aborrecible actuar en la sagrada historia de luchas de América Latina y el Caribe”, finaliza el documento.

Los errores de un arrebato

Fotos del desalojo de la oficina de la OEA difundidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El acuerdo administrativo publicado el miércoles 27 de abril en el que la Procuraduría General de la República convalidó la decisión de Rosario Murillo de declarar de utilidad pública el bien inmueble que ocupaba las oficinas de la OEA, no cumplió con las normas del derecho internacional, explicó el abogado Yader Morazán, radicado en Estados Unidos.

Según Morazán, el acuerdo número 10-2022, que declara de utilidad pública las instalaciones en las que se encontraba la oficina de la OEA, omitió un detalle importante que a la larga es un grave error que trataron de enmendar, añadiendo la necesidad de entregar el mobiliario a la OEA.

“La OEA goza en el territorio de cada uno de sus Miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades diplomáticas y Nicaragua la obligación de respetar esos compromisos, siendo o no parte del organismo. El Estado donde se encuentre la sede diplomática no se debe perpetrar sin el consentimiento del jefe de la Misión. Esta inmunidad se extiende a la protección del personal y sus medios de transporte, y obliga al Estado receptor a garantizar el cumplimiento de ese compromiso”, explicó Morazán.

El abogado agregó que la sede de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte, no pueden ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. También expresó que los archivos y documentos son siempre inviolables dondequiera que se hallen, es decir, que la disposición de custodia, corresponde única y exclusivamente al cuerpo diplomático.

“Esta convención tiene carácter de ley en Nicaragua, y también cobija a todos los Estados Miembros de la ONU, así como de todo Estado parte en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de la ONU”, indicó el abogado.

Preludio de un desalojo

Fotos del desalojo de la oficina de la OEA difundidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La dictadura primero ordenó la ocupación policial de la oficina de la OEA la noche del domingo 24 de abril, después que el canciller Denis Moncada leyera un vociferante comunicado en el que ratificaron “la invariable decisión de abandonar” el organismo interamericano.

La toma del inmueble, así como el retiro de los representantes de Managua en Washington, radicaliza la salida de Nicaragua de la OEA, un proceso que inició en noviembre pasado y dura dos años. En su declaración Moncada ratificó la “invariable decisión de abandonar la OEA, según lo expresado el día 19 de noviembre de 2021”.

El martes 26 de abril la vicepresidenta Rosario Murillo, segunda al mando en el país, aseguró que las instalaciones serían gestionadas por el Instituto de Cultura, para que se estableciera un “museo de la infamia”.

Murillo dio el anuncio durante su intervención diaria al mediodía: “La Procuraduría General de la República informa que el bien inmueble que ocupaba las oficinas de la deplorable OEA, la despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua”.

Un día después de la decisión tomada por los Ortega- Murillo, el pleno del Consejo Permanente de la OEA rechazó la toma de la sede de la organización. Incluso, aquellos que se mostraron ambiguos, coincidieron en que la acción de la dictadura traspasó cualquier límite tolerable. Bolivia, México y Argentina denunciaron públicamente, junto al resto de países.

Almagro aseguró al inicio de la sesión que la acción del régimen no tenía precedentes ni en los tiempos de las peores dictaduras de la región, incluidas las que había vivido Nicaragua. Para el secretario general lo sucedido en Managua podría representar el inicio “a los mayores atropellos contra cualquier organización internacional o contra cualquier sede diplomática”.

Pedro Fonseca, especialista en relaciones internacionales, explicó que la toma de las instalaciones de la OEA “vulnera completamente el derecho diplomático y consular, porque sienta un precedente peligrosísimo para toda la región”.

“Este tipo de acciones son una manifestación simbólica del régimen, siguiendo una línea discursiva de ‘nosotros somos quienes estamos en el poder, nosotros somos un país soberano y podemos confiscar a cualquier nacional, pero también podemos confiscar a cualquiera que no quiera apoyarnos de fuera’”, opinó el experto.

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