La Compañía de Jesús, orden católica que fundó la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua, sufrió una nueva embestida por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En la tarde de este sábado 19 de agosto, varios miembros de la comunidad jesuita que vivían en Villa El Carmen, una propiedad contigua a la universidad confiscada, fueron desalojados por la Policía Nacional y miembros del Poder Judicial.
Las autoridades nicaragüenses justificaron el desalojo diciendo que esa residencia era propiedad del Estado. Sin embargo, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús aclaró que la vivienda, al lado de la UCA, es propiedad de la Compañía de Jesús. “Los miembros de la comunidad mostraron a los agentes la documentación de escritura de propiedad que afecta a la vivienda como un bien diferente de la UCA y propiedad de la Compañía de Jesús; sin embargo, los agentes hicieron caso omiso de la documentación y se les ordenó dejar la casa, permitiéndoles sacar únicamente algunos objetos de uso personal”, informaron a través de un comunicado el sábado por la tarde.
Los seis jesuitas que vivían en la residencia obedecieron el desalojo y se retiraron de la vivienda. Todos se encuentran bien en un lugar seguro, informó la Provincia Centroamericana. Fuentes de DIVERGENTES informaron que los jesuitas se trasladaron a la comunidad San Ignacio del Colegio Centroamérica.
La información que se tiene es que los sacerdotes desalojados regresaban de un almuerzo precisamente en el Colegio Centroamérica. Al llegar a Villa El Carmen, encontraron a unos 20 policías en los alrededores del portón. Los oficiales siguieron a los religiosos cuando entraron a la casa. Otros policías entraron a la vivienda desde el acceso que la propiedad tiene con la UCA.
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Sin agredir físicamente, un comisionado de la Policía les ordenó que entraran a sus habitaciones para que sacaran sus cosas personales porque tenían que desalojar la residencia, ya que “esta propiedad es del Estado”, dijo el jefe policial a cargo del operativo. Cada uno de los seis sacerdotes se dirigió a su respectivo cuarto, custodiado por dos policías, a sacar lo que se les permitió. Los dejaron salir en un pequeño auto en el que habían llegado. “Todas las demás cosas, vehículos y todo, fue robado”, agregó la fuente.
La Provincia Centroamericana condenó este “atropello” y manifestó su confianza en que “el Señor de la Historia siga acogiendo bajo su bandera a los jesuitas de Nicaragua en estos momentos”.
Esta semana se concretó la confiscación de la UCA, una institución que tenía 63 años de trabajar en Nicaragua. A través de un oficio judicial se acusó a la universidad de funcionar como un centro de “terrorismo” durante la crisis política de 2018, una de las acusaciones que se ha hecho contra varios de los opositores desde entonces.
Reacción internacional
La comunidad internacional ha expresado el rechazo hacia este hecho. Estados Unidos anunció este sábado sanciones a 100 funcionarios del régimen Ortega-Murillo, algunos de ellos involucrados en la confiscación de la UCA. La sanción consiste en el retiro de la visa estadounidense.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifestó su “preocupación” por la confiscación de la universidad. “Colombia manifiesta su profunda solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personal afectado por la incautación de los bienes de la UCA que, bajo la administración de la Compañía de Jesús, es una de las principales instituciones educativas de Nicaragua”.
Colombia condenó con vehemencia todas las medidas que “limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión”.
La Universidad de Costa Rica (UCR) también denunció la confiscación de la UCA e instó a la comunidad internacional y las instituciones de educación superior de diferentes partes del mundo a “condenar este acto atroz de represión”.
Captura de líderes estudiantiles
Sin embargo, la embestida contra todo vestigio crítico de la UCA no se detiene. La joven Adela Espinoza Tercero, egresada de la carrera de Comunicación Social, fue secuestrada este sábado por la Policía en el barrio El Recreo, de Managua, según denunciaron movimientos juveniles opositores. Espinoza es dirigente estudiantil desde 2018 y madre de dos menores de edad, según informaron las organizaciones. La casa de Espinoza fue rodeada por la Policía, quien minutos después la detuvo sin orden de arresto.
Casi a la misma hora, el Movimiento Universitario 19 de Abril denunció el arresto de Gabriela Morales, estudiante de la también confiscada Universidad Juan Pablo II. La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) señaló que la joven fue detenida luego de que una miembro del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de su barrio la denunciara por una publicación que hizo en redes sociales.