El rechazo de la comunidad internacional a la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) generó una respuesta inmediata por parte del Gobierno de Estados Unidos: este sábado 19 de agosto impuso restricciones de visado a 100 funcionarios municipales del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, algunos de los cuales participaron en el cierre de la universidad jesuita.
La medida incluye a funcionarios del régimen Ortega-Murillo que han participado en la represión contra organizaciones de la sociedad civil y la detención de ciudadanos que apoyan a la sociedad civil libre, incluyendo al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, encarcelado desde hace más de un año, informó la institución norteamericana.
El Departamento de Estado señaló que estos funcionarios y sus habilitadores “permitieron o facilitaron campañas violentas, detenciones injustas y restricciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.
La institución norteamericana señaló que “seguiremos trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua, y mantenemos nuestro compromiso de promover las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto a sus derechos humanos”.
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El secretario de Estado, Antony Blinken, informó que esta medida fue adoptada de conformidad con la Proclama Presidencial 10309, que suspende la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, a personas responsables de políticas o acciones que amenazan la democracia en Nicaragua.
Rechazo a confiscación de la UCA
El régimen Ortega-Murillo concretó esta semana la confiscación de la UCA, una institución que tenía 63 años de trabajar en Nicaragua. A través de un oficio judicial acusó a la universidad de funcionar como un centro de “terrorismo” durante la crisis política de 2018.
De manera sincronizada, en el mismo acuerdo ministerial, el régimen anunció la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, creada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), para “garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y de posgrado” de la UCA.
En la tarde de este viernes, se realizó un acto de inauguración de esta universidad con sus nuevos dirigentes: Alejandro Genet Cruz, rector; Luz Marina Ortiz Narváez, vicerrectora; y Moisés Ignacio Palacios, secretario general.
Fue una ceremonia cargada de símbolos y discursos con la narrativa del Frente Sandinista. En la tarima principal, colocaron seis banderas rojinegras del partido de la familia presidencial. También colocaron otra bandera del partido en la entrada del recinto. La presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, aseguró que los estudiantes de esta universidad no realizarán ningún pago y no habrá arancel. El lema de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro es: “¡Revolucionando la conciencia llegamos a la libertad!”.
La comunidad universitaria internacional ha expresado el rechazo hacia este hecho. La Universidad de Costa Rica (UCR) denunció la confiscación de la UCA e instó a la comunidad internacional y las instituciones de educación superior de diferentes partes del mundo a “condenar este acto atroz de represión”.
La UCA fue cuna de los estudiantes que protestaron por el incendio de la reserva de biósfera Indio Maíz y luego por la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Varios de los estudiantes que encararon a la dictadura, como Lesther Alemán, eran de este recinto.
Nichols: “Liberación inmediata de obispo Álvarez”
Brian Nichols, responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado, publicó en redes sociales que los funcionarios nicaragüenses a los que les quitaron el visado le niegan al pueblo de Nicaragua la gobernanza democrática, la protección a los derechos humanos y las libertades fundamentales. “Seguimos llamando a la liberación inmediata e incondicional del obispo Álvarez en Nicaragua y al fin de la represión sistemática”, añadió Nichols. “Seguiremos promoviendo la rendición de cuentas por estos abusos flagrantes a los DDHH”, recordó.
El pasado cuatro de agosto, el obispo Álvarez cumplió un año de encarcelamiento. El religioso fue condenado a más de 26 años de prisión por “traición a la patria” y fue despojado de su nacionalidad. Pese a que han habido distintos llamamientos a su liberación, el régimen de Ortega y Murillo lo mantiene preso en la cárcel La Modelo de Managua.
Hasta antes de su captura, monseñor Rolando Álvarez era la voz más crítica contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dentro de la Iglesia Católica.