Hay una razón por la que, desde Nicaragua (y me atrevo a decir que en la mayoría de Latinoamérica), mucha gente mira con simpatía los “cambios” en el modelo educativo que Nayib Bukele impulsa en El Salvador y que promete algo que nuestras aulas perdieron hace años: orden y respeto. La designación de la capitana Karla Trigueros como ministra de Educación, y el inmediato paquete de controles en los portones escolares—uniformes impecables, cortes de cabello “adecuados”, saludo obligatorio y un sistema de “deméritos”—ofrece una imagen de autoridad que seduce en tiempos de fatiga social. Es una propuesta visualmente contundente: la disciplina como política pública. Pero el brillo de los galones no es un método pedagógico. Y meter a los militares a dirigir las escuelas, más que enseñar, adiestra.

Entiendo la atracción. En Nicaragua, la calidad educativa lleva años cuesta abajo. El régimen Ortega-Murillo celebra matrículas y “excelencias” mientras oculta el dato esencial: el 79% de niños y niñas no logra comprender lo que lee al finalizar primaria. “Pobreza de aprendizaje inaceptablemente alta”, lo llaman el Banco Mundial y la UNESCO. A eso se suma el maquillaje de notas, el “Programa Cero Rojos” para que nadie repruebe, y la instrucción tácita de promover por edad, no por logro. A eso le sumamos la pandemia, que agravó la brecha y nunca hubo un plan de recuperación del aprendizaje. Arrancamos 2025 con menos matrícula, más desigualdad y el mismo discurso triunfalista. Si el aula se ha vuelto sinónimo de frustración para familias y docentes, no extraña que un modelo que promete “orden inmediato” gane adeptos más allá de las fronteras. 

En El Salvador, Bukele y su “ministra-capitana” exponen que la escuela fue semillero de pandillas y que solo la disciplina castrense puede “rescatarla”. No es un invento el tema de la violencia: UNICEF documenta que aproximadamente 65% de las escuelas del país fueron afectadas por pandillas y registró 309 incidentes con armas en centros educativos entre 2013 y 2019; además, las amenazas de pandillas significaron 12% de la deserción escolar entre marzo de 2020 a abril de 2021. Ese diagnóstico real, sin embargo, hoy se usa como comodín para justificar un viraje militar en la vida escolar. Y la narrativa funciona en una sociedad golpeada: cuando la violencia fractura lo cotidiano, cualquier orden parece mejor que ninguno. Pero convertir la escuela en un apéndice del cuartel es otro tipo de fractura.

La experiencia latinoamericana es elocuente: cuando los militares entran al aula, el aprendizaje no mejora por decreto. Lo que sí suele mejorar es el control político, la autocensura y la tentación de silenciar el disenso. Ninguna evidencia seria muestra superioridad académica de los modelos militarizados; sí, en cambio, riesgos severos para el pensamiento crítico, la inclusión y los derechos de la niñez y la adolescencia. La disciplina externa puede ordenar el pasillo, pero no construye la autorregulación ni el deseo de aprender. La escuela no necesita guardianes con rangos militares, sino maestros con herramientas, tiempo y respaldo institucional.

Las consecuencias de militarizar las instituciones educativas son previsibles. Primero, la pedagogía se reemplaza por el reglamento: el docente deja de ser mediador del conocimiento para convertirse en celador del uniforme. Segundo, se normaliza la lógica punitiva en la escuela: el error se castiga, no se acompaña. Y tercero, se crea una ilusión de excelencia que descansa en el cumplimiento de formas, no en el logro de aprendizajes. El Salvador hoy discute “cortes de cabello” y “deméritos” mientras la región padece rezagos de lectura y matemáticas. 

Los desafíos educativos en la región

Un repaso regional de los últimos veinte años muestra una brecha educativa que no deja de abrirse. Costa Rica sigue arriba —alta cobertura del sistema, inversión sostenida y una tradición educativa robusta—, pero vive su peor crisis en cuatro décadas y sus resultados en PISA 2022 la dejaron varios cursos por detrás del promedio. Guatemala es la más rezagada, con inversión mínima, baja conclusión de secundaria y resultados alarmantes en matemáticas. El Salvador mantiene cobertura primaria y una conclusión secundaria moderada, con inversión alrededor del 4 % del PIB y desempeño académico entre los últimos lugares del mundo. Honduras avanza poco, lastra la deserción y la exclusión en secundaria; y Nicaragua arrastra límites estructurales: formación docente débil, contenidos subordinados al relato oficial y una alfabetización estancada. La fotografía no admite maquillaje: el problema de fondo es pedagógico y de política pública, no de protocolo marcial.

La historia latinoamericana ofrece además ejemplos concretos de lo que ocurre cuando la escuela se militariza. En las dictaduras del Cono Sur se impusieron controles ideológicos y disciplina castrense en la vida escolar: vigilancia estricta, ritos patrióticos, brigadas estudiantiles. La lógica del cuartel colonizó el aula. Más recientemente, Brasil ensayó con Bolsonaro las “escuelas cívico-militares”: traspaso de gestión a mandos castrenses, promesas de mejores resultados y una práctica silenciosa de selección social. Esas escuelas no “enseñan mejor”; filtran mejor. Uniformes más caros que los del sistema público, “contribuciones voluntarias” que expulsan de facto a las familias con menos recursos. Quien no encaja en el molde disciplinario o baja el promedio, sale. La subida en indicadores se explica menos por buena enseñanza que por exclusión de estudiantes incómodos y por una inyección de recursos focalizados. El resultado: un sistema más ordenado en apariencia y más injusto en su núcleo.

En Nicaragua, siquiera fantasear con un calco del “modelo” salvadoreño es más peligroso, porque no hablamos solo de escuelas desordenadas, sino de un país donde el control—a través del miedo—se volvió doctrina de Estado y la educación ya está amarrada por lealtades partidarias. El propio sistema empuja al docente a fungir como “operador” del partido Frente Sandinista y a subordinar contenidos al relato oficial aprobado desde la copresidencia, mientras en secundaria y universidad se premia la fidelidad política sobre la competencia académica. Peor aún, el aparato de seguridad del Estado—incluido el Ejército—es señalado por organismos internacionales por el uso excesivo y letal de la fuerza y por crímenes de lesa humanidad desde 2018; pretender que esas lógicas “entren al aula” es terminar de normalizar el miedo como método. 

En ese contexto, replicar modelos que involucren a los militares en la educación no traería “orden”, sino extensión de un estado de excepción: menos libertad intelectual, menos ciencia y debate. Más obediencia marcial. La educación con miedo es propaganda; y la propaganda no educa. Entonces, ¿qué hacemos con la demanda de orden? Porque el reclamo es legítimo. Madres y padres no piden un sistema militar; piden escuelas seguras, respetuosas, con reglas claras y docentes apoyados por la institución. Los docentes no piden un látigo; piden formación, tiempo para planificar, acompañamiento en aula, herramientas para resolver conflictos y salarios dignos. Los estudiantes no quieren una lista de deméritos; necesitan pertenecer a una comunidad que les exija y les cuide. 

Un orden que educa: salidas pedagógicas

Para salir del atolladero, especialistas recomiendan reconstruir el clima escolar con normas claras y consistentes, pero desde la disciplina restaurativa: resolver conflictos con mediación, reparación y diálogo, no con miedo ni castigos. A la par, piden formación y acompañamiento docente sostenidos —coaching en aula, comunidades de aprendizaje y tiempo adecuado para planificar— porque la autoridad nace de la competencia pedagógica; hoy, la selección por lealtad política y la baja inversión degradan el oficio y la calidad. 

En seguridad, la ruta es integral, civil y preventiva: protocolos de convivencia, redes con trabajo social y salud mental, y militares fuera del aula; militarizar la puerta del colegio, imponer “deméritos” o uniformidad coercitiva que no tiene sustento pedagógico y genera “educación bajo la bota” no garantiza un modelo exitoso. 

¿Por qué, entonces, tantas personas aplauden la receta de Bukele? Porque la crisis de la educación civil dejó un vacío que el autoritarismo llenó con celeridad y símbolos potentes. La nostalgia del orden es comprensible cuando el aula parece naufragar. Pero la escuela no se salva con pases de lista marciales; se salva con maestras y maestros bien formados —y bien pagados—, con lectura que prenda, con matemáticas que abran puertas, con reglas justas y con instituciones que protejan la libertad de aprender. El dilema no es “desorden o cuartel”. El dilema es entre un orden que educa y un orden que obedece.

El modelo Bukele ofrece una salida rápida para la ansiedad social, pero su factura es demasiado alta: empobrece la escuela como espacio de pensamiento y convierte la disciplina en fin en sí mismo y normaliza el autoritarismo como panacea para resolver todo. Lo urgente es volver a poner el aprendizaje en el centro. No para aplaudir notas infladas ni rituales de control, sino para que cada niña y cada niño entiendan lo que leen, piensen lo que dicen y midan el mundo con herramientas que les den libertad.