El año de la peste y de la radicalización de Ortega

En la víspera de la Navidad aparecieron unos rótulos clavados en los edificios de medios de comunicación y oenegés expropiados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en diciembre de 2018, el año de la crisis sociopolítica, cuando ingresamos a una espiral todavía sin conclusión en Nicaragua, ahora agravada por la pandemia de COVID-19 y las persistentes violaciones de derechos humanos en 2020. 

Esos rótulos consumaron las confiscaciones de facto realizadas por la Policía Nacional de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias y otras organizaciones críticas al régimen, otorgando al Ministerio de Salud (Minsa) —la misma institución negligente ante el Coronavirus— los inmuebles. Es un guiño que recuerda el lastre de las expropiaciones cometidas por el sandinismo en los ochenta. Una alegoría muy diáfana: Ortega y Murillo solo pueden ofrecer pasado a Nicaragua. Pero realmente hay algo más, visos para el futuro inmediato: un 2021 marcado por las elecciones generales, consideradas claves para el alargamiento o el fin de la crisis sociopolítica. 

Instalar estos carteles que sellan las confiscaciones, exactamente el día que se cumplieron dos años del atropello, pone de manifiesto la venganza y la saña que todavía el régimen tiene preparado para 2021. Los letreros confiscatorios fueron clavados durante el fin de la gestación de tres leyes draconianas (Ciberdelitos, agentes extranjeros y cadena perpetua), todas ellas encaminadas a callar, multar y arrestar opositores, periodistas y todo aquel que critique a los Ortega-Murillo. A ese tridente punitivo se sumó la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, un eufemismo florido que anula la competencia electoral, al inhibir a candidatos opositores para noviembre de 2021. 

Este nuevo andamiaje jurídico diseñado por los Ortega-Murillo da sustento a las perennes violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2018, pero también deja claro cuál es la apuesta del dictador para el año entrante: perpetuarse en el poder con mano de hierro, radicalizando su régimen al máximo para no ceder una verdadera reforma electoral y, en cambio, simular con opositores comparsa otro remedo electoral. Lo de siempre. Al día de hoy, la opción electoral es el mejor camino para este país, pero eso pasa por arrebatarle a la dictadura el derecho confiscado de un proceso legítimo y con garantías. 

A la izquierda Justo Rodríguez antes de ser preso político, y a la izquierda «liberado» en estado parapléjico, golpes en el cuerpo y hendiduras en la cabeza.

La periodista y socióloga Sofía Montenegro cree que con esta radicalización, los Ortega-Murillo suben la parada ante la demanda nacional e internacional del cese de la represión, restitución de las libertades, liberación de presos políticos y elecciones libres, sobre todo para elevar el techo bajo el cual podrían negociar. Con ese amplio margen, el régimen fingirá ceder ante algunas demandas, lo que usualmente es poco o nada.  

Quizá, prueba de ello, es el reciente anuncio hecho por el asesor económico presidencial, Bayardo Arce, sobre reformas electorales previstas para mayo de 2021. Las declaraciones de Arce dejan al descubierto la vocación cosmética de esta supuesta reforma, porque defendió la anulación de la competencia electoral y la inhibición de candidatos opositores, a la luz de la “ley de defensa de los derechos del pueblo”. Una reforma electoral en mayo de 2021 no solo es muy tardía, sino que imposibilita de plano realizar los cambios sustanciales que necesita el podrido sistema electoral. 

Arce también lanzó otro anuncio: convoca al gran capital a discutir la sin duda sangrona reforma fiscal. Pero puede ser un globo sonda envenenado que busca aprovecharse de la crisis económica que también afecta a los empresarios. Es lo típico del orteguismo: imponer un conflicto para usarlo luego como carta de negociación. Sin duda el régimen pretende instalar parte del statu quo que existía antes de abril de 2018. (De nuevo, Ortega y Murillo solo ofrecen pasado). Los empresarios han demostrado que son propensos a poner de primero sus intereses, pero que vuelvan a sus devaneos con el régimen, luego de tanta muerte, violencia y atropellos, los definirá por completo… y ya no habrá vuelta atrás, como cuando quebraron el amorío corporativista hace tres años. Depende del gran capital quedarse en el pasado con los Ortega-Murillo o sumarse al futuro.

Las sanciones internacionales también son parte de este tablero. Esas sanciones —encabezadas por Estados Unidos— demuestran el aislamiento del régimen, considerado en varias latitudes como responsable de crímenes de lesa humanidad. Las sanciones hieren a la dictadura, porque le han quebrado negocios claves, como la distribución de combustibles y la cooperativa Caruna, al mismo tiempo que le han congelado bienes personales y afectado instituciones como la brutal Policía Nacional. Lejos de amainar, todas las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Ortega traerán más sanciones, sin importar que ya Donald Trump no esté en el poder en Washington, porque para los Republicanos y Demócratas Ortega es un dictador. 

Sin embargo, las sanciones internacionales no resolverán por sí solas la espiral que vivimos. Tampoco es lúcido pedirle a la ciudadanía salir a las calles a protestar abiertamente ante un estado policial instalado que reprime brutalmente. Hay que buscar nuevas formas de protesta, asumiendo el riesgo que implica estas nuevas leyes aprobadas. Aunque la mayor responsabilidad recae sobre los opositores organizados que, torpemente, no han concretado una unidad sólida. De no lograr la consolidación de una fuerza opositora, la garra que puedan tener divididos será la de un gatito recién nacido. De persistir estas desavenencias, se volverían cómplices pasivos del régimen y su estrategia de siempre: “divide y vencerás”. La unidad, evidentemente, es compleja, pero requiere mayor madurez política que ciertos sectores —sobre todo en la Alianza Cívica y parte de la Unidad Azul y Blanco— han tenido. Un asunto urgente. 

EFE | Jorge Torres

Desgraciadamente, cerramos otro año con una gran interrogante mientras en las calles aumenta la delincuencia, los impuestos sofocan a la gente con una canasta básica siempre al alza, una factura eléctrica desfachatada y un acoso asfixiante para líderes políticos nacionales y locales. A esto se suma la tortura de los presos políticos, el dolor de sus familiares, la impunidad para las víctimas de la masacre, la crisis sanitaria de la COVID-19 y la dezazón de vivir en un país que es más tragedia que otra cosa. Solo basta mirar a la Costa Caribe Norte devastada por los huracanes Eta y Iota o a las decenas de huérfanos que dejan los feminicidios

Los principales diarios del mundo han publicado el balance de 2020 y lo han catalogado como “año maldito”, el año de la peste. Es cierto que 2020 para Nicaragua también fue funesto por las muertes causadas por el Coronavirus, pero realmente llevamos tres años malditos con la virulencia de los Ortega-Murillo. El reto es que el mundo siga observando lo que pasa en nuestro país y no caer en el olvido. Es difícil vislumbrar esperanzas luego de leer esto, pero confiemos que esta espiral aciaga no sea interminable. 

Por nuestra parte, queremos agradecer la buena acogida que DIVERGENTES ha tenido entre ustedes desde nuestra primera publicación. Somos un pequeño medio de comunicación nacido entre estas vicisitudes pandémicas y sociopolíticas. Apostamos por un periodismo útil para la ciudadanía y seguiremos haciéndolo en 2021, para sortear la espiral y encontrar esperanza. Para narrar una Centroamérica asediada también por los autoritarismos de nueva data, la pobreza, la migración y la corrupción imperantes.  

Todo el equipo de DIVERGENTES les desea felices fiestas y próspero Año Nuevo en la medida de las posibilidades. 

Nos leemos en 2021.

Ir Arriba