El gobierno de Estados Unidos incluyó este miércoles 19 de julio a 13 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocida como Lista Engel. Los operadores sandinistas son los responsables de la desnacionalización, destierro y confiscación de más de 300 opositores, entre ellos, 222 ex presos políticos. Las sanciones fueron anunciadas mientras Ortega y Murillo celebran el 43 aniversario de la insurrección sandinista.
Los funcionarios sancionados son la Procuradora General de la República, Wendy Carolina Morales Urbina; los diputados Arling Patricia Alonso Gómez, Gladis de los Ángles Baez, Loria Raquel Dixon Brautigam y Alejandro Mejía Ferreti.
En la lista también se encuentran las magistradas Rosa Argentina Solís Dávila y Ángela Dávila Navarrete; el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Denis Membreño Rivas, y el subdirector de esta entidad, Aldo Martín Sáenz Ulloa.
Se incluyó a la directora y el subdirector del Registro Público de la Propiedad, Valeria Maritza Halleslevens Centeno y Eduardo Celestino Ortega Roa, respectivamente. La sanción alcanzó a la actual Vicepresidenta de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Marta Mayela Díaz Ortiz y la subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Sagrario de Fátima Benavides Lanuza.
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Los 13 funcionarios son señalados de socavar las instituciones en las que sirven para confiscar propiedades de opositores sin una base legal y de organizaciones no gubernamentales con una clara estrategia de suprimir la libertad de asociación. Los operadores, además, socavan las instituciones para coordinar represalias para despojar de la nacionalidad a opositores, proporcionar información financiera de los disidentes políticos en el exilio y ex prisioneros políticos para incautar sus bienes y apoderarse de las pensiones de estos sin una base legal.
La lista Engel está basada bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos hace que las personas pierdan sus visas y tienen prohibido entrar a territorio estadounidense. Esta sería la tercera ocasión que se utiliza en contra de funcionarios del régimen de Ortega y Murillo; la primera vez que se usó fue en marzo de este año, cuando incluyeron a nueve funcionarios nicaragüenses. En total, han sido incluidos 45 funcionarios del régimen Ortega-Murillo desde el año pasado.
Inicialmente la Lista Engel solo afectaba a funcionarios del Triángulo Norte: Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero a partir del año pasado ha sido aplicada a funcionarios nicaragüenses. Las personas incluidas en la lista son las que, a juicio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han participado “en acciones que socavan los procesos o instituciones demócratas, la corrupción significativa y obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción”
Este informe se basa en información o acusaciones creíbles de la conducta en cuestión, de medios de comunicación y otras fuentes. “El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, señala el informe
El Departamento de Estado agregó que continúa revisando información y acusaciones creíbles adicionales sobre corrupción o actividad antidemocrática y “utilizando todas las autoridades aplicables, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue refugio seguro en los Estados Unidos”.
Las razones de las sanciones:
Wendy Carolina Morales Urbina: socavó los procesos o instituciones democráticas, utilizando la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también se ha apoderado de propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación.
Arling Patricia Alonso Gómez: Socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar a la ciudadanía nicaragüense de los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Gladis de los Angeles Baez: socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar a la ciudadanía nicaragüense de los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Loria Raquel Dixon Brautigam: socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar a la ciudadanía nicaragüense de los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Alejandro Mejía Ferreti: socavó los procesos e instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar a la ciudadanía nicaragüense de los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Rosa Argentina Solís Dávila: socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar el Tribunal de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar a la ciudadanía nicaragüense.
Angela Davila Navarrete: socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar el tribunal de apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a la ciudadanía nicaragüense
Denis Membreño Rivas: socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.
Aldo Martín Sáenz Ulloa: socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos.
Valeria Maritza Halleslevens Centeno: socavó los procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
Eduardo Celestino Ortega Roa: socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
Marta Mayela Díaz Ortiz, socavó los procesos o instituciones democráticas al usar SIBOIF para proporcionar la información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex prisioneros políticos a funcionarios del poder judicial nicaragüense como parte de un esfuerzo coordinado del gobierno para suprimir la disidencia mediante la incautación de bienes.
Sagrario de Fatima Benavides Lanuza: socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y apoderarse de las pensiones de los adversarios políticos sin una base legal.