Los caudillos del partido sandinista, Daniel Ortega y Rosario Murillo, celebrarán, por tercer año consecutivo, el aniversario de la insurrección sandinista con evento de circuito cerrado y en una plaza contigua a su casa de residencia, en el barrio El Carmen, de Managua. La recién remozada Plaza de la Dignidad, ubicada enfrente del estadio de béisbol viejo de la capital —donde Anastasio Somoza García puso su estatua montado en un caballo y ahora se alza una similar de Augusto C. Sandino– será el nuevo lugar de la celebración partidaria.
Aunque el operador político, Fidel Moreno, dijo que más de medio millón de sandinistas están convocados este 19 de julio en 210 actos en todo el país, el cambio de sede es significativo desde el punto de vista simbólico. Hasta 2019, el último año que se celebró el acto en la Plaza La Fe, el Frente Sandinista aprovechaba los 19 de julio para mostrar su músculo político: convocaba a miles de personas para dar un baño de masas a Daniel Ortega.
Esto quedó suspendido entre 2020 y 2021 por eventos de circuito cerrado en la histórica Plaza de la Revolución para evitar aglomeraciones por la pandemia. Sin embargo, en los dos últimos años la aglomeración masiva no ha regresado en la Plaza la Fe, y este año se cambió la sede por un lugar más pequeño y que se encuentra en el perímetro de la casa de residencia de los Ortega-Murillo. El control es tal que desde mediodía de este martes, la Policía tenía bloqueadas todas las vías de acceso del lugar donde Ortega brindará su acostumbrado discurso este miércoles, a partir de las 4 de la tarde.
Luego de más de cinco años desde la rebelión de abril de 2018, los caudillos sandinistas harán la celebración con el grado de simpatía más bajo de la historia, según la última encuesta de la firma CID Gallup; con medidas represivas para evitar deserciones entre su propios simpatizantes y miembros de la Policía Nacional, y en plena arremetida en contra la Iglesia Católica.
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La última encuesta de la firma CID Gallup, contratada por el medio Confidencial, reveló que sólo el 13% de los nicaragüenses simpatiza con el Frente Sandinista. Este es el número más bajo que registra este partido en una encuesta. A la misma pregunta, el 75% de los encuestados dijo que no se identificaban con ningún partido o agrupación política.
El politólogo Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del centro de pensamiento, Diálogo Interamericano, considera que no existe cohesión dentro del partido Frente Sandinista y que hay “señales claras de disenso e inconformidad”.
Para Orozco, esta tendencia que muestra la encuesta es una señal de que hay una masa crítica al interior del régimen compuesta por “gente que quiere salirse del sistema y desea un cambio”. El politólogo considera que esto constata una debilidad al interior del círculo de poder.
Sin embargo, otros analistas creen que la baja simpatía que registra el partido en la encuesta se explica porque los propios simpatizantes sandinistas dejaron de creer en el FSLN como organización política, pero siguen apoyando a Daniel Ortega y su familia. Es decir, dejaron de ser sandinistas y ahora son orteguistas.
El sociólogo Douglas Castro considera que el objetivo del régimen Ortega-Murillo es establecer una dinastía, como las de Corea del Norte y Siria. “El objetivo de los Ortega es lograr una sucesión dinástica fluida: primero, de Ortega a su esposa, Murillo, y luego de Murillo a su hijo mayor, Laureano”, escribió Castro, en su ensayo “Nicaragua: autoritarismo vía dinastía familiar”.
Para lograr este objetivo, Castro cree que el régimen continúa desarrollando una estrategia de eliminación “irreversible y exhaustiva de la oposición, tan completa y profunda que el hecho de que Murillo y Laureano sean menos carismáticos, menos icónicos y mucho menos venerados por los sandinistas que Ortega sea simplemente irrelevante a la hora de determinar si pueden controlar Nicaragua o no”.
El sociólogo considera que la dinastía Ortega-Murillo puede sobrevivir en el escenario de que la oposición quede completamente eliminada o reducida a una irrelevancia absoluta.
Eliminación de críticos
Luego de que la oposición organizada fue reducida a la mínima expresión a mediados de 2021, el Frente Sandinista ha dirigido sus ataques en contra de la Iglesia Católica, “la única institución que puede hacerle frente” al FSLN, según Willian Grigsby Vado, uno de los principales voceros que tiene el aparato de propaganda del régimen.
A inicios de junio, Grigsby confirmó que el régimen sandinista está pendiente de la “organización territorial” de la Iglesia en Nicaragua. “Vamos a evitar que lo hagan (el caos y acciones violentas). Y vamos a esperar que los curas se calmen, que entren en razón, que vuelvan a sus actividades pastorales, que dejen la conspiración política y la intención de derrocar al gobierno, que dejen de obedecer consignas del imperialismo norteamericano”, agregó Grigsby.
Esto explica las 529 agresiones que se registran en contra de la Iglesia desde la rebelión de 2018, según el estudio titulado “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?”, elaborado por Martha Molina Montenegro. Sólo en los tres primeros meses de este año hubo 90 ataques.
En el centro de estos ataques se encuentra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel en febrero de este año, después de negarse a ser desterrado a Estados Unidos junto a 222 presos políticos. La comunidad internacional ha cerrado filas para pedir la liberación del religioso, y a finales del mes pasado hubo rumores sobre un eventual destierro de Álvarez hacia Roma, pero todavía no existe confirmación al respecto.
Durante la última Semana Santa se prohibieron 3,176 procesiones en 397 parroquias. Los mandatarios sandinistas ordenaron que no salieran los viacrucis a las calles y confinaron a los creyentes dentro del perímetro de sus templos. Además, los mandatarios dirigieron el cierre de las cuentas personales de sacerdotes y el bloqueo de las cuentas bancarias de las Diócesis de Managua, Matagalpa, León y Chinandega.
El sociólogo Douglas Castro dijo que una de las estrategias para lograr la dinastía es lo que él llama la “limpieza estructural”, que consiste en eliminar todas las estructuras organizativas y mediáticas que puedan servir como anfitrionas o facilitar el crecimiento de la oposición.
Cárcel para disidentes
Como parte de esa estrategia, el régimen ha recurrido a implementar medidas coercitivas para controlar la disidencia. El pasado cinco de julio, Ortega ordenó una reforma al artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, para subordinar aún más a la Policía. La reforma añadió tres nuevos artículos: delitos cometidos por el personal policial, incumplimiento de deberes y la deserción, que no existía antes.
El nuevo artículo establece que “el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”. En otras palabras, la reforma subordina más a la Policía y establece sanciones a quienes decidan no seguir las órdenes o abandonar su puesto.
El análisis de Orozco sugiere que Ortega y Murillo no quieren que su base se siga desmoronando, y por eso realizan diferentes mecanismos de presión, como las purgas, sanciones, confiscaciones y persecución contra quienes consideran sus enemigos políticos y sus posibles detractores. “Aunque parezcan paranoicas, las medidas de Ortega son parte de un proceso racional para tratar de sostener a la dictadura lo más que se pueda”, señala Orozco.
El Instituto Raza e Igualdad señaló este 19 de julio que hasta mayo de 2023, 64 personas permanecían privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, según la última actualización del Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. De ese total, 10 son mujeres y 54 son hombres.
“En el mes de mayo 90 personas fueron detenidas arbitrariamente por el régimen Ortega-Murillo, entre ellas personas percibidas como opositoras, periodistas y activistas de varios departamentos del país. Una nueva forma de represión utilizada por el régimen es el imponer la medida alterna de presentación periódica y medidas cautelares personales”, resume Raza e Igualdad. “Al menos 81 personas fueron judicializadas ilegalmente en el periodo comprendido, así como un aumento en la cifra de personas ex-presas políticas recapturadas y judicializadas nuevamente (14 personas) y destaca la cifra de personas en celdas de reclusión diferenciada (15 personas)”.