Luego de las amenazas de Daniel Ortega de eliminar las elecciones competitivas en Nicaragua, la administración de Donald Trump continúa moviendo fichas en el tablero internacional en contra de la dictadura nicaragüense. El sábado 8 de agosto, la misión de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que “es hora de ir más allá de las declaraciones y tomar medidas reales” contra la dictadura nicaragüense “que socavan la paz y la seguridad del hemisferio”.
A través de sus redes sociales, la misión estadounidense dijo que la sesión del Consejo Permanente de la OEA, que se llevó a cabo el pasado miércoles, fue el comienzo de un proceso formal sobre Nicaragua. “Muchos miembros estaban de acuerdo en que el momento es ahora”, apuntó el comunicado.
Los representantes de la potencia norteamericana destacaron la participación “robusta y productiva” de los países que apoyaron la convocatoria en el Consejo Permanente: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú.
La delegación adelantó que los próximos pasos serán cerrar la coordinación con los aliados, “lo que llevará a un voto en el Consejo Permanente”.
Trump nomina a embajadora
El viernes 7 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, nominó a la diplomática de carrera Natasha Franceschi para ocupar el cargo de embajadora en Nicaragua, un puesto que no existe desde mediados de 2023 debido al deterioro de las relaciones entre ambos países desde la crisis de 2018. Desde entonces, la sede en Managua funciona con un encargado de negocios.
Natasha Franceschi debe ser confirmada por el Senado y luego recibir el plácet diplomático de los Ortega-Murillo. La nominación de Franceschi ha llamado la atención por el amplio bagaje diplomático, capacidad de negociación y experiencia en países en conflicto, como Siria, Irak, Pakistán, Kazajistán, Bosnia y Rusia.
La diplomática ha desempeñado cargos dentro de las oficinas de Asuntos del Cercano Oriente y Asuntos Políticos-Militares en el Departamento de Estado.
Reactivar la Nica Act
El mismo viernes 7 de agosto, el senador republicano Ted Cruz presentó ante el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley para reautorizar y ampliar el alcance de la Ley de Condicionalidad de Inversiones (Nica Act) como parte de un paquete amplio de sanciones.
La iniciativa se encuentra bajo el número S.5369 –todavía no se ha publicado el texto– y está patrocinada por el senador demócrata Tim Kaine. El proyecto fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores del Senado para su evaluación y posterior envío al plenario de la Cámara Alta de Estados Unidos.
Esta es la segunda iniciativa para reforzar la “Nica Act”, aprobada en 2018 para sancionar a funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y utilizarla como herramienta para detener el financiamiento de la dictadura por parte de las multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, esta Ley caducó en diciembre de 2023.
En 2021 también se aprobó la Ley Renacer, durante la administración de Joe Biden, para ampliar estas sanciones. Sin embargo, la situación en Nicaragua se ha agravado de tal manera que los senadores estadounidenses han realizado esta propuesta como una forma de unificar los marcos normativos y extender su vigencia.
Secretario de la OEA: “Situación de Nicaragua es responsabilidad hemisférica”
El pasado miércoles, Estados Unidos presentó un proyecto de resolución ante el Consejo Permanente de la OEA para condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por pretender eliminar las elecciones competitivas y el pluralismo político en Nicaragua. En el documento también se convoca a una reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores para “determinar una respuesta colectiva apropiada”.
El responsable de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, que presentó la iniciativa, sugirió que los ministros deberían reunirse antes del 1 de septiembre –antes de que la Asamblea Nacional apruebe las reformas constitucionales– para discutir medidas diplomáticas y económicas colectivas, como limitar el acceso a otros foros regionales y solicitar la liberación de los presos políticos.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, recalcó que la situación de Nicaragua no es un asunto local y dijo que es “una responsabilidad hemisférica”. En un artículo publicado el viernes en The Washington Post, titulado “La prohibición electoral de Ortega merece una respuesta regional”, Ramdin reiteró que Nicaragua sigue formando parte de la comunidad interamericana, aunque el régimen formalizó su salida de la OEA en 2023.
“La geografía, la migración y las aspiraciones de los ciudadanos nicaragüenses a un futuro democrático vinculan a ese país con el resto de América, lo acepten o no sus autoridades”, escribió Ramdin.
El representante de la OEA consideró que “otros gobiernos están observando atentamente este mensaje (de Ortega) antidemocrático”.
Oposición: “Reunión en la OEA fue un éxito”
Félix Maradiaga, quien fue uno de siete aspirantes presidenciales encarcelados previo a las elecciones de 2021, dijo que la reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar el tema de Nicaragua fue “un éxito” porque la situación del país sigue siendo objeto de atención dentro de la OEA, pese a que el régimen se salió de este organismo.
“Nicaragua es un tema prioritario del Consejo Permanente. Es un tema importante desde la óptica de seguridad hemisférica; es un éxito porque hemos logrado sumar países que no estaban dispuestos a tomar acciones unilaterales y hoy están estudiando medidas”, explicó Maradiaga.
Juan Sebastián Chamorro, también aspirante presidencial encarcelado durante la campaña electoral de 2021, destacó que el Consejo Permanente haya abordado la situación de Nicaragua como “una amenaza hemisférica”.
Chamorro dijo que, en adición a todos los crímenes cometidos por el régimen, se le debe sumar la represión transnacional. “La presencia de militares extranjeros, la cercanía con elementos que son enemigos de Occidente, la cercanía con los iraníes, los efectos de la minería ilegal en el caso de Costa Rica, todos estos elementos fueron expuestos por primera vez y de manera exhaustiva en el Consejo Permanente, que le da una nueva dimensión a esta lucha”, agregó Chamorro.
Representantes de la oposición que participaron en reuniones en Washington, en el marco de la convocatoria del Consejo Permanente, informaron que entre las propuestas planteadas a las diferentes delegaciones figuran:
- Impulsar medidas internacionales coordinadas, proporcionales y efectivas en la región, de cara a que cada Estado, conforme a su legislación, debe considerar llamar a consultas a sus diplomáticos, reducir relaciones, suspender encuentros oficiales, limitar protocolos y privilegios diplomáticos, reforzar restricciones de viajes y financieras; investigar redes de lavados de activos y sancionar a los responsables de la represión, la corrupción y la sucesión dinástica.
- Reiterar el llamado a la reunión de cancilleres en la OEA de forma urgente.
- Activar el Escudo de las Américas para compartir información y estrategias que documenten el lavado de dinero, el narcotráfico, entre otras actividades ilícitas en las que podría estar implicado el régimen y que profundizan la inseguridad en el hemisferio.
Maradiaga dijo que diferentes organizaciones de la oposición se encuentran trabajando con Estados Unidos, países europeos y latinoamericanos, en lo que calificó como “una nueva etapa de lucha”.