Estados Unidos presentó un proyecto de resolución este miércoles 5 de agosto ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por pretender eliminar las elecciones competitivas y el pluralismo político en Nicaragua. En el documento, también se convoca a una reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores para “determinar una respuesta colectiva apropiada”.
La iniciativa fue presentada por el Subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, y cuenta con el copatrocinio de las misiones permanentes de Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay.
El texto puntualiza: “Que la presente resolución no constituye una autorización para el uso de la fuerza armada”.
El diplomático estadounidense sugirió que los ministros deberían reunirse antes del 1 de septiembre– antes de que el régimen aprueben las reformas constitucionales en la Asamblea Nacional– para discutir medidas diplomáticas y económicas colectivas, como limitar el acceso a otros foros regionales y solicitar la liberación de los presos políticos. “Los ministros pueden deliberar sobre los instrumentos a utilizar”, apuntó Kozak.
Esta iniciativa refleja un intento de crear una condena colectiva a la dictadura Ortega-Murillo, pero que se queda corta en términos de capacidad de acción debido a los limitados instrumentos con los que el organismo multilateral cuenta para hacerle frente a este tipo de regímenes, de acuerdo con analistas.
“Medidas diplomáticas y económicas colectivas”
En la víspera, la noche del martes 4 de agosto, un grupo de 10 países suscribió una declaración conjunta por medio de los canales oficiales de la OEA para condenar la eliminación de las elecciones en Nicaragua por menoscabar los derechos políticos y los principios de la democracia representativa, consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
“Subrayamos que el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes mediante elecciones periódicas es una piedra angular de la democracia representativa y una garantía indispensable para la expresión pacífica de la voluntad popular y la transferencia institucionalizada del poder político”, añade el documento.
Esta declaración fue firmada por los gobiernos de Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay.
En una entrevista publicada por la La Prensa el pasado lunes 3 de agosto, Michael Shifter, expresidente e investigador de Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento de Estados Unidos, consideró que, si el régimen Ortega-Murillo queda impune en eliminar las elecciones, esto puede incentivar nuevas tendencias autoritarias en la región. “Otros líderes y gobiernos regionales con tendencias autoritarias podrían sentirse animados a adoptar políticas más represivas”, dijo Shifter.
¿Qué podría hacer la OEA?
La OEA se ha distinguido por apoyar las vías democráticas en Nicaragua. En decenas de ocasiones ha condenado las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen Ortega-Murillo, desde asesinatos y torturas cometidos en 2018 hasta el encarcelamiento por razones políticas y la confiscación de su sede en Nicaragua. Sin embargo, la dictadura ha respondido expulsándola, junto a otros organismos, y haciendo efectiva su salida en noviembre de 2023.
Para el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, la OEA se encuentra “en su punto más débil de la historia”. Entre las razones de esta debilidad se encuentra que la Carta Democrática dejó de ser la referencia insignia de la organización debido a la complejidad política actual que ha sido diezmada por la polarización, el populismo y la desinformación, según el analista.
El actual secretario general de la OEA, Albert Ramdin, cuenta con menos credibilidad y apoyo en la organización, a causa de señalamientos en su contra por presuntas irregularidades administrativas y falta de rendición de cuentas.
Sumado a esto, Orozco consideró que la organización carece de los instrumentos necesarios para presionar material y coercitivamente a Nicaragua. Los Estados miembros carecen de herramientas que vayan más allá de “condenar”, “exhortar”, “urgir” o “llamar” a que el régimen se porte bien.
“El sistema multilateral es ineficaz”
La razón radica en la esencia de que el multilateralismo tiene un carácter estrictamente no intervencionista. El artículo 20 de la Carta de la OEA estipula: “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.”
El mencionado artículo fue estipulado para resolver controversias de forma negociada y pacífica para prevenir el uso de la fuerza de las grandes potencias contra otros Estados. Sin embargo, la norma, en la práctica, ha servido de escudo para debilitar la acción de los países en contra de dictaduras y regímenes militares de la región, como el de Ortega y Murillo.
“El sistema multilateral es ineficaz ante la presencia de las dictaduras del siglo XXI. No es solo el caso de Nicaragua, sino también de Venezuela y Cuba. Tampoco ha logrado ejercer presencia, liderazgo y cooperación frente a la crisis haitiana”, escribió Orozco en un artículo de opinión titulado Qué esperamos de los países miembros de la OEA.
Para Shifter, los países que condenaron al régimen Ortega-Murillo “no tenían más remedio que reaccionar con firmeza, al menos retóricamente”.
El analista internacional dijo que ha faltado voluntad política para adoptar medidas más contundentes. “Ningún caso muestra con mayor claridad los límites que la comunidad internacional está dispuesta a hacer ante una dictadura despiadada”, agregó Shifter.
¿Cuál es el papel de Estados Unidos?
No obstante, un actor principal emerge ante esta situación: Estados Unidos. La potencia norteamericana está siendo desafiada por las declaraciones de Ortega, ya que las dos últimas administraciones estadounidenses han sostenido que la solución a la crisis de Nicaragua pasa por la vía electoral.
En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, respondió a la propuesta con un “llamado a la acción” dirigido a la comunidad internacional, a la que instó a “unir fuerzas para demostrarle a la dictadura Murillo-Ortega que no puede pretender mantener relaciones normales con otras naciones mientras vulnera los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático”. Una semana después, el embajador permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrew Stevenson, envió una carta para convocar a la reunión que se desarrolló este miércoles.
El analista Manuel Orozco consideró que en Estados Unidos la administración Trump se encuentra vacilante en cuanto a la posición a adoptar en su política internacional, más allá de seguir el curso de acciones en Medio Oriente e Irán y otras prioridades, como la migración, el narcotráfico, el comercio exterior y China.
“En el Departamento de Estado y Seguridad Nacional hay un debate sobre cómo presionar a Nicaragua y para qué”, explicó Orozco, y añadió que dentro de la lucha que la administración Trump ha emprendido contra organizaciones catalogadas como “narcoterroristas”, Nicaragua se ubica como “poco amenazante”.
Para el analista, esta situación ha generado un desacuerdo e incluso un congelamiento de la acción en relación con Nicaragua.
El académico estadounidense Michael Shifter señaló que, pese al tono mordaz y la fuerte retórica de Marco Rubio en contra de los dictadores nicaragüenses, en la práctica “la respuesta no difiere mucho de las respuestas anteriores”. Para Shifter, no está claro si Washington anunciará medidas económicas adicionales. “No hay indicios de que Nicaragua se considere un desafío estratégico como Cuba y Venezuela”, apuntó.
Oposición: “Llamado a la acción”
Previo a la reunión de este miércoles, un grupo de organizaciones opositoras dirigió una carta a los cancilleres para alertar sobre el agravamiento de la crisis en Nicaragua y solicitar una respuesta coordinada de los Estados democráticos acorde con la magnitud de la destrucción de los derechos civiles y políticos en el país.
“La acción multilateral debe complementarse con decisiones individuales de los Estados miembros mediante medidas legales, económicas, políticas y diplomáticas proporcionales a la gravedad de la situación”, enfatiza el documento.
La carta está firmada por Ciudadanos por La Libertad, Ruta del Cambio, AUN, Avanza, Concertación Democrática Nicaragüense, entre otras. Según estas organizaciones, la misiva es “un llamado claro a actuar con responsabilidad histórica frente a una crisis que vulnera la democracia, la estabilidad regional y los principios fundamentales del sistema interamericano”.