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El diputado sandinista Filiberto Rodríguez afirmó durante la aprobación en lo general de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, el pasado 30 de abril, que esta normativa “permitirá una adecuada gestión ambiental y el aprovechamiento razonable de los recursos naturales de Nicaragua. Aunque destacó que el país posee vastas extensiones de bosques y corredores biológicos”. Su aseveración resulta poco confiable. Diver-Check te explica por qué.

Según una columna de opinión del biólogo nicaragüense Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, con la llegada al poder del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han registrado los mayores índices de deforestación en la historia del país, estimados entre 150 000 y 170 000 hectáreas anuales. Cifras que, advierte, superan incluso las registradas durante la dictadura de Somoza. A ello se suma el aumento de invasiones y violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes.

En un escrito presentado como respuesta a la Investigación de la Sección 301 iniciada el 8 de diciembre de 2024 por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, las organizaciones Fundación del Río, Expediente Abierto y la Campaña Patrullaje también señalaron que, en 2023 Nicaragua perdió más de 60 000 hectáreas de bosque primario —el 4.2% de su cobertura forestal restante— y que desde 2007, con el retorno de Daniel Ortega al poder, el país ha perdido el 29% de sus bosques primarios.

Pérdida de bosque primario

De acuerdo con Global Forest Watch, una plataforma en línea que monitorea la cobertura forestal a nivel mundial, entre 2002 y 2023 Nicaragua perdió 650 kilos hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 36% de la pérdida total de cobertura arbórea en ese periodo. Es decir, esto equivale a una reducción del 32% del total de bosque primario húmedo del país.

La FAO también ha seguido el proceso de deforestación de Nicaragua, según sus datos, la tasa anual de deforestación en Nicaragua fue de 105 kilohectáreas entre 2015 y 2020.

En cuanto al monitoreo más reciente, Global Forest Watch registró 283 alertas de deforestación en el país entre el 23 y el 30 de abril de 2025, cubriendo un total de tres hectáreas.

Arrasan con las reservas naturales de la Costa Caribe

En el caso de las reservas naturales de la Costa Caribe, datos satelitales revelan una pérdida de más del 30% de cobertura boscosa en los últimos 15 años, según Global Forest Watch. Las imágenes muestran con claridad la desaparición del bosque latifoliado, sustituido por tacotales y pastizales en áreas que antes eran bosques densos.

Ruiz advierte que gran parte del proceso de deforestación se origina por la tala rasa de parcelas, por el modelo de ocupación, y explotación del territorio que incluye la concesión de al menos el 26.7% del país a empresas mineras transnacionales.

A esto se suman las concesiones forestales y la extracción ilegal de madera que representa entre un 25% y un 40% de los ingresos económicos del sector forestal anualmente, indica la investigación Bosques en Venta: la corrupción y el colapso de la gestión forestal en Nicaragua, realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA). Asimismo, el levantamiento de vedas como la que prohibía la extracción de pino —vigente hasta 2008— extendiendo estas excepciones a especies como el cedro real y el pochote. Es decir, el régimen ha planteado una serie de reformas legales que han debilitado el marco jurídico ambiental, dejando el uso de los recursos forestales a merced de intereses arbitrarios.

El golpe final a los “grandes extensiones de bosques, importantes corredores biológicos”, que menciona el diputado Rodríguez se concretó con la aprobación de la nueva Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible.

Saqueo cada vez más legalizado

Fundación del Río en un comunicado compartido en redes sociales advierte que esta “busca legalizar la extracción de los recursos naturales protegidos de Nicaragua, en línea con la política neo-extractivista impuesta por el régimen desde 2007, que ha facilitado el saqueo, el despojo y la destrucción de la Madre Tierra”.

La organización ambientalista señala que la nueva ley abre la puerta a una modificación de los límites actuales de las áreas protegidas, con lo cual podría reducirse su extensión. También establece la posibilidad de autorizar actividades económicas dentro de estos territorios, incluyendo operaciones geotérmicas, geológicas, mineras y de hidrocarburos, ampliando lo que antes estaba limitado únicamente a proyectos geotérmicos.

Además, la normativa permitiría la cacería y la pesca en zonas protegidas, actividades que previamente solo estaban reconocidas en el marco de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Se autoriza la construcción de infraestructura para almacenamiento de hidrocarburos y obras hidráulicas dentro de estas áreas, lo que representa un giro radical respecto a las restricciones anteriores.

Otro cambio sustancial es que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) asume un doble rol: no solo como ente regulador, sino también como autoridad para definir la existencia de delitos ambientales en las propias áreas protegidas, concentrando así el control sin mecanismos de fiscalización independientes.

Lo dicho por Rodríguez es poco confiable y se alinea con el discurso oficialista. Lejos de fortalecer la cobertura boscosa o proteger las reservas naturales, el régimen impulsa un modelo extractivista que facilita la destrucción de los ecosistemas más valiosos del país. Al final, la dictadura que ha saqueado Nicaragua confirma lo dicho por su operador político: “La preservación, conservación del medio ambiente, el desarrollo y explotación de los recursos naturales corresponde al estado que podrá celebrar contratos de explotación racional”. No hay interés en proteger, sino en seguir explotando.