Cuatro países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA)—Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y Uruguay—coincidieron en que las elecciones que están programadas para el siete de noviembre en Nicaragua son ilegítimas, después de escuchar la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua” que leyó la presidenta de la CIDH y relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola.
“El evento que está por realizarse el siete de noviembre en Nicaragua es una parodia de elecciones”, dijo el embajador de Canadá en la OEA, Hugh Adsett. “Nosotros como organización debemos reflexionar sobre la forma de trabajar con estados que ponen en peligro los principios democráticos”, agregó Adsett.
El representante de Canadá aseguró que para su país estas elecciones “no serán libres, no serán imparciales y no serán transparentes” y por lo tanto los resultados de las elecciones “serán ilegítimos”.
En esa misma línea se refirió el representante de Estados Unidos, Bradley Freden: “toda esperanza de que las elecciones del siete de noviembre sean libres e imparciales se han evaporado”. Agregó que lo más preocupante es que se realizan bajo “un clima de represión y cierre de los foros democráticos del país”.
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Desde finales de mayo de 2021, el régimen Ortega-Murillo ha arrestado a 39 personalidades opositoras, entre ellas, siete aspirantes presidenciales y ha quitado las personería política de tres partidos políticos.
Estados Unidos seguirá usando medios diplomáticos
“Las elecciones han perdido toda credibilidad y son simplemente una mentira”, dijo Freden, de Estados Unidos. “Este órgano (OEA) debe seguir trabajando para que haya verdaderas consecuencias, al hacer caso omiso a las resoluciones y el llamamiento a las autoridades nicaragüenses”, agregó.
Freden dijo que su país, Estados Unidos, seguirá usando los medios diplomáticos a su disposición para apoyar la libertad, la rendición de cuentas y elecciones libres y justas.
Sobre la presión de Estados Unidos, este lunes dos de noviembre se aprobó en el Senado una enmienda en la Ley Renacer para que esta sea aprobada en los próximos días. La Ley contempla un conjunto de nuevas sanciones, entre ellas, piden a la Administración de Joe Biden examine la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés).
Unos días antes, la agencia de noticias Reuters filtró que la administración Biden “está trabajando con socios internacionales para preparar nuevas sanciones que podrían imponerse en respuesta a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, que Washington ha denunciado como una farsa organizada por el presidente Daniel Ortega”. Funcionarios estadounidenses han advertido que la membresía de Nicaragua en el acuerdo comercial regional CAFTA-DR, que da un trato preferencial a las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos, podría estar en peligro si Ortega amaña las elecciones a su favor, según la agencia de noticias.
Al inicio de la sesión del Consejo Permanente de la OEA, Michael Campbell Hooker, representante del gobierno de Ortega y Murillo, pidió la palabra para leer un documento que desestima el informe de la CIDH. “Es un informe ya conocido, manipulado, adulterado, y evidentemente sesgado”, dijo Campbell, quien es una prueba del nepotismo en el régimen de Ortega y Murillo: hijo del embajador en Washington, Francisco Campbell, y sobrino de Lumberto Campbell, magistrado del tribunal electoral y sancionado por corrupción por el gobierno de Estados Unidos.
La representante de Costa Rica en la OEA, Alejandra Solano, dijo que es evidente que la conducta del régimen Ortega-Murillo ha provocado la rápida erosión de la institucionalidad democrática, el quebrantamiento del estado de derecho y la violación de los derechos humanos. Solano pidió la liberación de los presos políticos desde 2018 y respetar sus derechos humanos. “El mayor peligro actual para las democracias de la región no es el rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso, si este es electo”, dijo Solano.
El embajador de Uruguay, Washington Abdala, dijo que el binomio Ortega Murillo conduce de manera inmisericorde el destino de Nicaragua. “Lo más doloroso es sentir que nuestra capacidad de impacto es relativa, es nimia, por eso no hay más remedio que persistir y ser absolutamente contundente”, agregó Abadala.