La colilla de pago de Gloria, una docente de una escuela pública de Managua, registra que le descuentan de su salario 270 córdobas (C$) –equivalentes a siete dólares mensuales según el cambio oficial vigente desde agosto de 2023–, bajo el concepto de “aporte”, un cobro aplicado en la planilla de empleados públicos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como contribución forzada e ilegal para su partido político, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El descuento comenzó a aparecer en las colillas de pago de los trabajadores estatales a partir de mayo de 2026, y se ha mantenido desde entonces. La maestra —cuya identidad pidió mantener en anonimato para preservar su seguridad personal dado el estado policial vigente en Nicaragua— recibe un salario bruto de C$12 000 (328 dólares) mensuales y asegura que perder C$270 cada mes, representa un recorte significativo para sus gastos cotidianos. Para ella, esa cantidad equivale al pago de dos semanas de transporte público para trasladarse hasta su centro de trabajo.
Su comprobante forma parte de una recopilación de colillas de pago obtenidas por DIVERGENTES gracias al aporte de trabajadores de distintas instituciones públicas, que confirman y registran estas deducciones.
El recorte que sufre esta docente es apenas una fracción de un sistema de deducciones impuestas a los empleados públicos que, según una investigación de DIVERGENTES, podrían sumar 454.9 millones de córdobas (12.4 millones de dólares) al año en 24 instituciones públicas.
En 2025, antes de que esta retención comenzara a aplicarse en las planillas estatales, el FSLN declaró ingresos totales por 662.44 millones de córdobas, de los cuales 108.67 millones de córdobas correspondieron a “aportes de militantes”. Si la proyección de DIVERGENTES se mantiene durante 12 meses, las deducciones bajo el concepto de “aporte partidario” sumarían 454.9 millones de córdobas en un año: más de cuatro veces lo reportado por el partido bajo ese mismo concepto en 2025 y equivalentes al 68.5% de todos los ingresos que declaró ese año.
El cálculo toma como referencia la estructura salarial de 147 906 cargos contemplados en el Presupuesto General de la República 2026 y muestra que el grueso de los descuentos provendría de las escalas salariales con menores ingresos.
Del aporte militante al descuento en la planilla
Los aportes de militantes han sido históricamente una fuente de financiamiento del FSLN. Los propios estatutos del partido establecen que sus miembros deben entregar cuotas regularmente para financiar el trabajo de la organización. Durante años, esos cobros también alcanzaron a empleados públicos vinculados al partido. Delegados sandinistas llegaban a instituciones estatales con listas para cobrar las contribuciones en efectivo, con cantidades que podían variar según el cargo.
Lo que cambió en 2026 fue el mecanismo y la escala del cobro. A partir del salario correspondiente a mayo comenzaron a documentarse deducciones identificadas como “aporte partidario” directamente en las planillas de empleados públicos. Trabajadores entrevistados por DIVERGENTES aseguran que no autorizaron previamente esos descuentos.
Salvador Marenco, abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más, considera que este cambio profundiza la confusión entre las funciones del Estado y los intereses del partido gobernante, porque las instituciones públicas actúan como empleadoras y al mismo tiempo ejecutan en sus nóminas una deducción de carácter partidario.
Ese mecanismo se produce además en un contexto de creciente concentración del poder estatal en el entorno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el que no existe información pública suficiente que permita seguir el recorrido de esos descuentos.
DIVERGENTES pudo documentar que aparecen en las planillas y establecer que cada institución ejecuta la deducción, pero no obtuvo comprobantes de las transferencias posteriores. La opacidad de los estados financieros del FSLN no permite hacer ese seguimiento, pues informan cantidades agregadas y una parte mayoritaria de sus ingresos aparece bajo la categoría “otros ingresos”, sin detallar su procedencia.
La fórmula del “mordisco” millonario
La estimación parte de una tabla interna filtrada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), obtenida por DIVERGENTES, que establece siete niveles para calcular el “aporte partidario” según el ingreso neto. De acuerdo con la fuente que proporcionó el documento, esta es la referencia que tienen las instituciones públicas para calcular los descuentos que aplican directamente en sus planillas.
Para dimensionar cuánto podrían generar esos cobros, se cruzó la fórmula de la tabla con la estructura salarial presupuestada. En 23 de las 24 instituciones fue posible analizar 132 201 cargos distribuidos en 125 categorías presupuestarias, que agrupan funciones como docentes, servicios de Salud, servicios generales, técnicos científicos, personal de dirección y distintas áreas de la Policía.
El cálculo se realizó por separado para cada una de las 125 categorías con ingresos netos promedio. El monto anual destinado a salarios, se dividió entre el número de cargos y los 12 meses de pagos para obtener un salario bruto mensual promedio. Luego, se restó el porcentaje de cotización al Seguro Social y se estimó, cuando correspondía, el Impuesto sobre la Renta, hasta obtener un ingreso neto promedio. Con ese resultado, se determinó el nivel de la tabla y el aporte correspondiente. Ese aporte promedio se multiplicó por el número de cargos de cada categoría para obtener el monto mensual y anual.
En 21 de las 23 instituciones analizadas por categorías se aplicó el 7% de cotización laboral al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). La Policía Nacional y el Ministerio del Interior constituyen las dos excepciones, porque su personal está cubierto por el régimen especial administrado por el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), que establece una deducción del 5%.
El Ejército de Nicaragua requirió un procedimiento distinto. Además de estar sujeto a un régimen de previsión social diferente, administrado por el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), sus datos salariales no tienen el mismo nivel de desglose. Por esa razón, su cálculo se realizó por separado y se explica más adelante.
Los salarios más bajos financian al Frente Sandinista
La tabla filtrada establece siete niveles según el ingreso neto. El primero abarca salarios de hasta C$10 000 (273 dólares) y fija un aporte del 2%. El segundo incluye ingresos de C$10 001 a C$20 000 (546 dólares). En este caso, el trabajador paga una base de C$200 (cinco dólares) más el 5% de lo que gane por encima de C$10 001.
Ese mismo mecanismo se repite a medida que aumenta el ingreso. Cada rango avanza en C$10 000 y combina una cantidad base con un porcentaje aplicado únicamente sobre el excedente. Las tasas suben progresivamente del 6% al 10%, hasta llegar al último nivel, para quienes reciben más de C$60 000 (1638 dólares) mensuales. Esto significa que esos porcentajes no se cobran sobre el salario completo, sino únicamente sobre la parte que supera el límite de cada rango.
De los 132 201 cargos de 23 instituciones que pudieron analizarse por categoría, 91 573 quedarían en el primer nivel, el 69.3% del total. Más de la mitad de ese grupo corresponde a 48 642 cargos docentes. También incluye 14 241 de servicios generales, 11 938 de prevención y seguridad ciudadana de la Policía, 7498 de servicios administrativos, 2730 del sistema penitenciario y 2089 de bomberos, entre otras funciones.
Aunque sobre este grupo recae la tasa más baja de la tabla, apenas el 2%, su tamaño hace que concentre el 49.2% del dinero estimado, unos 204.9 millones de córdobas (5.6 millones de dólares) al año.
Otros 36 984 cargos, el 28% del total presupuestado en 23 entidades públicas, quedarían en el segundo nivel, con ingresos netos promedio de entre C$10 001 y C$20 000. El grupo incluye 19 090 cargos de servicios de salud del Ministerio de Salud (Minsa), además de miles de técnicos científicos, personal de dirección y servicios administrativos.
En la Policía también quedarían en este rango 2053 cargos de la Jefatura Nacional, 1095 de investigación e inteligencia, 474 de servicios de salud hospitalaria y 125 de formación policial. En conjunto, este segundo grupo generaría unos 143.1 millones de córdobas (3.9 millones de dólares) al año.
Sumados, los dos primeros niveles reúnen 128 557 cargos, el 97.2% de los incluidos en el cálculo, y aportarían 348.6 millones de córdobas (9.5 millones de dólares). Es decir, el 83.3% de los 418.1 millones de córdobas (11.4 millones de dólares) estimados para las 23 instituciones saldría de cargos con ingresos netos promedio de hasta C$20 000 mensuales.
Los cinco niveles de mayores ingresos concentran apenas 3644 cargos, el 2.8% del total modelado, y generarían alrededor de 69.4 millones de córdobas (1.9 millones de dólares) al año, equivalentes al 16.6% del monto estimado. En estos rangos se concentran principalmente cargos de dirección, técnicos científicos y algunos servicios administrativos. Entre ellos figuran, por ejemplo, 813 cargos de dirección de la Corte Suprema de Justicia, 219 técnicos científicos de la Asamblea Nacional y cargos directivos de la Presidencia, la Contraloría y otras instituciones.
En el extremo superior, solo 188 cargos, alrededor del 0.1% de los incluidos en el cálculo, alcanzarían el séptimo y último nivel, correspondiente a ingresos netos promedio superiores a C$60 000 (1638 dólares) mensuales. Los 188 pertenecen a la categoría de Dirección de la Asamblea Nacional, cuyo ingreso neto presupuestario promedio se estima en C$64 206 mensuales. Para esa categoría, la fórmula arroja un aporte promedio cercano a C$4121 mensuales por cargo.
El aporte del 2% sacaría 114 millones a los docentes
El Ministerio de Educación (Mined) tiene 62 557 cargos presupuestados para 2026, de los cuales 48 511 corresponden a docentes. En conjunto, representan alrededor del 42% de los 147 906 puestos examinados en esta investigación. La institución dispone de 8123.2 millones de córdobas (221.8 millones de dólares) anuales para los salarios permanentes de esos cargos.
La mayor parte corresponde a los docentes, con aproximadamente 6307.4 millones de córdobas (172.2 millones de dólares) al año. Esa partida equivale a un salario bruto promedio de C$10 835 (296 dólares) mensuales por cargo. Una vez estimadas las deducciones laborales correspondientes, el ingreso neto promedio rondaría los C$9815 (268 dólares), lo que ubicaría a los docentes en el primer nivel de la tabla.
Para ese ingreso, el aporte sería de unos C$196 (5 dólares) mensuales por cargo docente. Aplicado a los 48 511 cargos presupuestados, generaría alrededor de 9.5 millones de córdobas (259 000 dólares) al mes y 114.3 millones de córdobas (3.1 millones de dólares) al año.
Al incorporar el resto de los cargos del Mined, el aporte estimado para Educación subiría a 149.7 millones de córdobas (4.1 millones de dólares) anuales. La institución cuenta además con 6171 cargos de Servicios Administrativos, 5095 de Servicios Generales y 2144 de Técnicos Científicos, entre otras categorías. La estimación supone que los cargos presupuestados están ocupados y que los descuentos se aplican conforme a la fórmula de la tabla filtrada.
Educación y salud concentrarían más de la mitad de los aportes
El Ministerio de Salud (Minsa) tiene 30 633 cargos presupuestados y 4061.7 millones de córdobas (110.9 millones de dólares) destinados a salarios permanentes. Es la segunda nómina más grande entre las instituciones analizadas por este medio, después del Mined.
De ese total, 19 090 cargos corresponden a Servicios de Salud. Los recursos presupuestados para esta categoría equivalen a un salario bruto promedio cercano a C$11 422 (312 dólares) mensuales por cargo. Una vez estimadas las deducciones laborales correspondientes, el aporte rondaría los C$214 (6 dólares) mensuales.
Otros 5570 cargos pertenecen a Servicios Generales, con una remuneración bruta presupuestaria promedio de C$8348 (228 dólares) mensuales y un aporte estimado de unos C$155 (4 dólares) por cargo. Al igual que en educación, los montos individuales son relativamente bajos, pero su aplicación sobre decenas de miles de cargos eleva considerablemente la suma acumulada.
La nómina completa del Minsa generaría alrededor de 79.1 millones de córdobas (2.2 millones de dólares) al año. Al sumarlos a los 149.7 millones de córdobas estimados para Educación, ambos ministerios alcanzarían 228.9 millones de córdobas (6.3 millones de dólares), cerca del 55% de los 416.7 millones calculados directamente a partir de las categorías salariales de 23 instituciones.
Educación y Salud reúnen 93 190 cargos presupuestados, casi dos de cada tres de los 147 906 que incluyen las 24 instituciones estatales. La concentración de trabajadores en estas dos grandes nóminas explica que, aun cuando buena parte se ubica en los niveles salariales más bajos de la tabla, de sus remuneraciones saldría más de la mitad del monto estimado por categorías.
Pero los comprobantes obtenidos durante la investigación muestran que el descuento aplicado no siempre coincide con la fórmula utilizada para hacer estas estimaciones. En una planilla del sector Salud, un trabajador recibió C$36 467.01 (996 dólares) de salario bruto y, tras las deducciones correspondientes, quedó con un ingreso neto de C$28 977.41 (791 dólares). Según la tabla, debía aportar aproximadamente C$1238.64 (34 dólares), pero le descontaron C$1584.45 (43 dólares), es decir, C$345.81 (9 dólares) más de lo que arroja la fórmula.
Corte Suprema de Justicia es la tercera en aportes al FSLN
Con 7323 cargos presupuestados, la Corte Suprema de Justicia tendría el tercer aporte más alto entre las instituciones analizadas, sólo por detrás de Educación y Salud. Su nómina generaría unos 57.3 millones de córdobas (1.6 millones de dólares) al año, pese a tener casi nueve veces menos cargos que el Mined y cuatro veces menos que el Minsa.
La explicación está en las remuneraciones. La Corte dispone de 1955.4 millones de córdobas (53.4 millones de dólares) para salarios permanentes, distribuidos entre una nómina considerablemente menor. Esto eleva las remuneraciones promedio y ubica una mayor proporción de cargos en los niveles superiores de la tabla, donde también aumentan la cantidad base y el porcentaje aplicado sobre el excedente.
A diferencia de educación y salud, donde el monto acumulado está determinado principalmente por el volumen de sus nóminas, en la Corte tienen mayor peso los salarios más altos.
En la Policía, un mismo salario paga aportes distintos
Dos comprobantes de pago obtenidos por DIVERGENTES muestran que empleados de la Policía sandinista con el mismo salario y el mismo ingreso después de cotizar al Seguro Social recibieron descuentos diferentes por “aporte partidario”. Las diferencias tampoco corresponden con el monto que resulta de aplicar la tabla oficial filtrada a DIVERGENTES y fue utilizada como referencia para estos cobros.
La Policía tiene 17 299 cargos presupuestados y 2120 millones de córdobas (57.9 millones de dólares) destinados a salarios permanentes. Si los descuentos se aplicaran conforme a la fórmula, su nómina generaría alrededor de 40.3 millones de córdobas (1.1 millones de dólares) al año.
Los dos comprobantes corresponden a un chófer y un agente policial que reciben C$6000 (164 dólares) mensuales de salario bruto. Después de cotizar al ISSDHU, ambos quedan con C$5700 (156 dólares), por lo que la tabla arroja para cada uno un aporte de C$114 (3 dólares).
Sin embargo, al chófer le descontaron C$300 (8 dólares) y al agente policial C$550 (15 dólares). El primer cobro supera en C$186 el monto calculado y el segundo, en C$436. Entre ambos hay además una diferencia de C$250 (7 dólares), pese a que tienen exactamente el mismo salario y la misma cotización al ISSDHU.
La diferencia aparece también en otros comprobantes revisados durante esta investigación. Dos empleados con un salario bruto de C$22 000 (601 dólares) quedan con un ingreso neto aproximado de C$18 803.33 (513 dólares). Según la tabla, a ambos les correspondería un aporte cercano a C$640.12 (17 dólares).
En las planillas, a uno le descontaron C$1200 (33 dólares) y al otro C$800 (22 dólares). El primer cobro supera en C$559.88 lo establecido por la fórmula y el segundo, en C$159.88.
Cancillería tiene 334 millones sin desglose salarial
Los presupuestos de las 24 instituciones examinadas destinan en conjunto 21 785.9 millones de córdobas (594.9 millones de dólares) a salarios permanentes. La revisión de cada partida permitió vincular esos recursos con las categorías y cargos presupuestados en 23 instituciones, aunque en algunos casos fue necesario sumar distintas fuentes de financiamiento. La excepción más importante aparece en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el monto destinado a salarios permanentes es considerablemente mayor al que puede identificarse en el detalle de cargos.
La Cancillería dispone 437.8 millones de córdobas (12 millones de dólares) presupuestados para salarios permanentes, pero el detalle disponible permite asociar apenas 103.3 millones de córdobas (2.8 millones de dólares) con categorías y cargos específicos. La diferencia alcanza 334.4 millones de córdobas (9.1 millones de dólares) y los documentos examinados no muestran cómo se distribuye ese monto entre los 362 cargos presupuestados de la institución.
Esa falta de desglose impide aplicar la tabla del aporte partidario sobre los 437.8 millones de córdobas como se hizo con las instituciones que sí cuentan con información salarial por categoría. Por esa razón, la estimación para Cancillería incluye únicamente los 103.3 millones de córdobas cuyo destino salarial puede identificarse en el detalle de cargos. Los otros 334.4 millones permanecen fuera del cálculo por categorías.
Ejército aporta 36.8 millones de córdobas con un cálculo diferenciado
El Ejército registra 15 705 cargos y 2031.9 millones de córdobas (55.5 millones de dólares) destinados a salarios permanentes. El presupuesto identifica 10 020 soldados, 2049 clases –personal militar de rangos inferiores a los suboficiales–, 1906 oficiales, 604 suboficiales, 598 civiles y 528 funcionarios, pero no especifica cuánto de la partida salarial corresponde a cada grupo. Por esa razón, no fue posible aplicar el cálculo por categorías utilizado en las otras 23 instituciones.
Para incorporarlo a la estimación general, DIVERGENTES calculó el salario bruto mensual promedio de todos los cargos, que resultó en C$10 782 (294 dólares). Después de estimar las deducciones laborales y aplicar la fórmula de la tabla, los aportes rondarían los 36.8 millones de córdobas (1 millón de dólares) al año.
Este monto, a diferencia de los 416.7 millones de córdobas (11.4 millones de dólares) calculados por categorías en las otras 23 instituciones, es una aproximación basada en el promedio salarial de toda la institución. Al sumar ambos resultados, la estimación para las 24 instituciones alcanza los 454.9 millones de córdobas (12.4 millones de dólares) al año.
Ley no contempla deducciones por “aporte partidario“
Antes de recibir su salario neto, los trabajadores nicaragüenses ya están sujetos a deducciones establecidas por ley. Una de ellas es la cotización al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). En el Régimen Integral, al trabajador se le descuenta el 7% de su salario. El empleador aporta por separado un 21.5% cuando tiene menos de 50 trabajadores y un 22.5% cuando supera esa cantidad. Esta cotización patronal no se resta de la remuneración del empleado.
A esa deducción se suma, cuando corresponde por el nivel de ingresos, el Impuesto sobre la Renta (IR). A diferencia del INSS, no se trata de un porcentaje fijo para todos los trabajadores. La Dirección General de Ingresos (DGI) establece que la retención se calcula a partir del ingreso mensual, al que se restan las deducciones permitidas por ley, entre ellas el INSS. Ese resultado se proyecta a doce meses y sobre la renta neta anual se aplica una tarifa progresiva.
Los primeros C$100 000 de renta neta anual están exentos de IR. Entre C$100 000.01 y C$200 000 se aplica 15% sobre el excedente de C$100 000; entre C$200 000.01 y C$350 000 se pagan C$15 000 más 20% sobre lo que exceda C$200 000; entre C$350 000.01 y C$500 000, C$45 000 más 25% sobre el excedente de C$350 000; y por encima de C$500 000, C$82 500 más 30% sobre lo que supere esa cantidad. La tabla oficial de la DGI muestra que las tasas se aplican sobre el excedente de cada rango y no sobre la totalidad del ingreso.
El artículo 88 del Código del Trabajo establece que del salario deben hacerse las “deducciones legales correspondientes”. La misma legislación incorpora medidas para proteger esa remuneración. El artículo 89 otorga al salario preferencia frente a otros créditos, excepto los alimentos de familiares declarados judicialmente, mientras el artículo 92 establece que el salario mínimo es inembargable, salvo para la protección de la familia del trabajador.
Aporte partidario es ilegal y violenta jurisprudencia nacional
La justicia laboral nicaragüense también ha establecido límites a los descuentos que un empleador puede aplicar al salario cuando no se trata de retenciones establecidas directamente por ley. El documento Criterios Laborales 2017-2018, publicado por la Corte Suprema de Justicia y que reúne resoluciones del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones (TNLA), señala que determinadas deducciones “requieren autorización del trabajador”.
Uno de los casos recopilados es la sentencia 1187/2017, del 19 de octubre de 2017. Recursos Humanos había informado unilateralmente a un trabajador sobre la autorización de un préstamo para adquirir un vehículo y la forma en que las cuotas serían descontadas mediante la planilla.
El TNLA cuestionó que el empleador no presentó un documento formal que demostrara que el trabajador había autorizado esas deducciones. El propio documento incluye además un apartado sobre descuentos “unilaterales”, en el que recoge casos en los que los empleadores no justifican el origen de las cantidades descontadas.
Las normas y resoluciones revisadas por DIVERGENTES no establecen una contribución a un partido político como una deducción obligatoria del salario, mientras la jurisprudencia laboral exige autorización para determinados descuentos que no corresponden a retenciones impuestas directamente por ley. Los trabajadores consultados para esta investigación aseguran que no autorizaron el “aporte partidario” ni fueron consultados antes que comenzara a descontarse de sus salarios.
Para Marenco, abogado y defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, la falta de una disposición que sustente el cobro y la ausencia de consentimiento son los principales cuestionamientos jurídicos a esta práctica.
“El Código del Trabajo no autoriza estas deducciones”, afirmó a DIVERGENTES. Marenco sostiene que entregar parte del salario a una organización política tendría que ser una decisión voluntaria del trabajador y no una retención incorporada directamente a la planilla.
¿Puede un trabajador negarse a entregar el aporte?
Para el activista de derechos humanos, el problema no se limita a las normas que regulan las deducciones salariales. También debe analizarse la relación entre el Estado como empleador y los trabajadores públicos que tendrían que oponerse a un cobro aplicado directamente en sus planillas.
Según su valoración, la posibilidad de enfrentar consecuencias laborales o señalamientos políticos condiciona la capacidad del empleado para rechazarlo. “En Nicaragua no existe una voluntad como tal. Las personas están obligadas a hacer lo que el régimen quiere que hagan, sin oportunidad de reclamar”, afirmó.
Ese temor aparece en el testimonio de Laura, nombre utilizado para proteger la identidad de una trabajadora del Ministerio de Salud que habló con DIVERGENTES. En su planilla encontró una deducción de aproximadamente 20 dólares por “aporte partidario” que, asegura, nunca autorizó.
“Me sentí endiablada cuando vi la deducción de 700 córdobas de mi salario, y todos mis compañeros de trabajo estaban igual. A nadie se nos consultó, pero tampoco podemos reclamar. Aquí todas las molestias se dicen entre dientes y de ahí no pasan”, relató.
Marenco advierte que un trabajador que se oponga al cobro podría exponerse a consecuencias que van desde ser señalado como opositor, hasta perder su empleo. “No tenés la facultad de oponerte a estas retenciones o a estas deducciones”, sostuvo.
El abogado sitúa estos cobros dentro de un deterioro más amplio de los derechos laborales en Nicaragua. El contexto coincide con un nuevo escrutinio internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales del Estado.
Nicaragua bajo escrutinio de la OIT
El 14 de septiembre de 2026, una Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) inició sus trabajos para examinar una queja presentada contra el régimen Ortega-Murillo por el presunto incumplimiento de cuatro convenios relacionados con libertad sindical, negociación colectiva, discriminación en el empleo y consulta tripartita.
La queja fue presentada en 2023 y el procedimiento continúa pendiente. La Comisión deberá establecer los hechos y formular sus conclusiones y recomendaciones. La investigación de la OIT no está relacionada específicamente con los descuentos por “aporte partidario”.
Para Marenco, el cuestionamiento central está en que el Estado actúa como empleador y, al mismo tiempo, sus instituciones ejecutan una deducción de carácter partidario que los trabajadores consultados por DIVERGENTES aseguran no haber autorizado.
A su juicio, esa relación de dependencia laboral limita la posibilidad de rechazar el cobro sin temor a consecuencias. “Simplemente lo que querés es llevar el sustento a tu hijo o a tu familia, pero evidentemente no tenés la facultad de oponerte a estas retenciones o a estas deducciones”, recalcó.
DIVERGENTES por medio del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), consultó a la Presidencia de Nicaragua sobre ese mecanismo. Se le preguntó quién autorizó los descuentos, cuál es su fundamento legal, si el trabajador puede negarse a pagarlos, a quién se entrega el dinero retenido y cómo se transfieren esos recursos. También se solicitó conocer cuánto se ha descontado durante 2026 y si existe un registro de esos fondos desglosado por institución. La Presidencia, controlada por los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, no respondió a las consultas hasta el cierre de esta investigación.
El FSLN registró 108 millones de córdobas como aportes en 2025
De acuerdo con una investigación de Confidencial, los aportes de militantes ya formaban parte de los ingresos declarados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) antes que en 2026 comenzaran a documentarse descuentos bajo el concepto de “aporte partidario” en las planillas de empleados públicos.
El medio revisó los estados financieros del partido publicados en La Gaceta y estableció que, en 2025, el FSLN reportó 662.44 millones de córdobas en ingresos. De esa cantidad, 543.88 millones corresponden a “otros ingresos”, 108.67 millones a “aportes de militantes” y 9.89 millones a alquileres de bienes inmuebles. De esta forma, los “otros ingresos” representaron alrededor del 82% del total, mientras los aportes de militantes equivalieron al 16.4% y los alquileres a cerca del 1.5%.
La revisión histórica de esas cuentas muestra que los aportes de militantes no son una fuente nueva de ingresos para el FSLN. En 24 estados financieros publicados entre 1999 y 2025, el partido reportó más de 6000 millones de córdobas en ingresos, de los cuales 1079 millones de córdobas (29.5 millones de dólares) correspondieron a aportes de militantes, alrededor del 17.8% del total.
La dimensión estimada de los aportes incorporados a las planillas públicas en 2026 es considerablemente mayor. Los 454.9 millones de córdobas (12.4 millones de dólares) que podrían sumar en un año, según el análisis de DIVERGENTES, equivalen a más de cuatro veces lo que el FSLN declaró como “aportes de militantes” en 2025 y a cerca del 42% de todo lo reportado bajo ese concepto en los 24 estados financieros analizados por Confidencial.
DIVERGENTES no pudo establecer cómo el dinero descontado por las instituciones públicas llega posteriormente al FSLN. Los comprobantes obtenidos durante esta investigación documentan que el “aporte partidario” se resta directamente de los salarios y la información recopilada indica que cada institución ejecuta la deducción en su propia planilla.
Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, no fue posible obtener comprobantes de transferencias, identificar las cuentas receptoras, ni acceder a otros registros que permitan seguir el recorrido del dinero desde las nóminas estatales hasta las cuentas del partido sandinista.
Para Gloria, esta información tampoco es visible. Lo que sí aparece cada mes en su comprobante es una deducción que asegura no haber autorizado. Es el equivalente a una quincena de pasajes para trasladarse a la escuela pública donde trabaja. Mientras no exista registro que permita seguir esos recursos después de que salen de su salario, ella puede saber cuánto le descuentan, pero no dónde termina ese dinero.