Especialistas en derecho penal presentan una propuesta de ley contra la impunidad de los crímenes de Ortega

La normativa facilita la búsqueda de la justicia para las víctimas de los crímenes de la dictadura, a través de una Fiscalía especial que formule acusaciones, una oficina de protección a las víctimas y defensoría para los acusados por los crímenes ocurridos en 2018. “Si existieran instrumentos para encontrar la verdad, estaría en primera fila pidiendo justicia por mi hijo”, afirma una madre de los jóvenes asesinados en las protestas antigubernamentales

EFE/ Jeffrey Arguedas

María Andrea Escobar lleva cuatro años de lucha incansable contra la corriente de la impunidad en Nicaragua. Darwin Potosme, su hijo, fue asesinado por un francotirador en el parque central de Masaya en 2018, a unos metros de la delegación de la Policía Nacional. Aunque reunió todas las pruebas para acusar a esa institución y al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la muerte de su vástago, el caso fue desestimado por la Fiscalía en 2021 y actualmente continúa en la impunidad. Es por eso que una iniciativa creada por abogados especialistas en derecho penal ha preparado una ley para evitar que los crímenes del régimen queden impunes.

Potosme forma parte de la larga lista de víctimas que sufrieron la represión de la dictadura de Ortega durante el estallido social de 2018, cuando decenas de miles de nicaragüenses se tomaron las calles del país para exigir el fin de su régimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado que más de 350 personas fueron asesinadas durante la ola represiva. Una investigación de DIVERGENTES logró documentar que 34 personas fueron asesinadas en Masaya, uno de los bastiones rebeldes.

Estos asesinatos, como ocurrió con el hijo de María, no fueron siquiera investigados.

Escobar dice que en algún momento de estos cuatro largos años creyó que la unidad de todos los sectores sociales podía arrebatarle el poder democráticamente a la dictadura. “Pero al final me decepcioné”, afirma. La desilusión ocurrió por las continuas fracturas de la oposición y finalmente por el encarcelamiento de los precandidatos presidenciales en 2021. La justicia que pensó podía llegar con un nuevo Gobierno en el poder, se alejó más.

Esta madre está consciente que para conocer la verdad sobre el asesinato de su hijo y los demás casos que continúan en la impunidad, tendrá que existir un nuevo Gobierno dispuesto a impulsar reformas constitucionales que faciliten la depuración en las instituciones judiciales, así como nuevas leyes que se enfoquen en encontrar a los verdaderos culpables de los que han sido considerados como crímenes de lesa humanidad. Sus esperanzas están puestas en las propuestas de reformas y leyes que grupos de la sociedad civil han trabajado para cuando se dé un eventual proceso de transición, y la justicia pueda solicitarse sin temor a que un Gobierno la utilice a su antojo.

Uno de estos grupos es Acción Penal, una iniciativa creada por abogados especialistas en derecho penal y procesal penal, que surgió para dar respuesta a la necesidad de la defensa legal de los presos políticos y de las personas a las que han vulnerado sus derechos. En mayo presentaron una propuesta de reforma al sistema de justicia penal, la cual contiene una depuración de funcionarios públicos corruptos que participaron en graves violaciones a los derechos humanos en 2018.

Conscientes de que no solo la depuración de funcionarios corruptos urge en una eventual transición de gobierno, Acción Penal también propone la creación de la Ley de Justicia Penal Especial, una legislación que permitiría el desarrollo de procesos transparentes que respeten el debido proceso y se ejecuten bajo normativas especiales.

El objetivo principal de esta nueva Ley sería determinar las instituciones que se verían involucradas en el proceso de justicia penal especial. Una vez identificadas, el funcionamiento de todo este sistema estaría a cargo de la “Oficina de Implementación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal”, que según el texto de la normativa, deberá estar integrada por funcionarios de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense vinculadas a temas de derechos humanos.

“Si se llegara a aprobar esta Ley, habría un cambio significativo en la sociedad. Habría un verdadero proceso de justicia, se facilita una verdadera reconciliación y las personas desistirían de hacer justicia por su propia mano. Por otro lado, también sería un elemento importante de disuasión para evitar que en un futuro se repitan este tipo de hechos”, explica el abogado Boanerges Fornos, integrante de Acción Penal.

Todo el engranaje (funcionarios, oficinas y procesos) de la Justicia Penal Especial funcionaría como órgano independiente del sistema judicial tradicional, esto con el fin de atender específicamente crímenes de lesa humanidad y otros casos graves de violaciones a los derechos humanos y no mezclarlos con los procesos comunes.

Un nuevo sistema de justicia

EFE/ Jeffrey Arguedas

Frente a este tipo de propuestas de reformas de leyes o nuevas legislaciones que sumen a la búsqueda de los responsables de los crímenes de abril, Escobar asegura que está abierta a escuchar, siempre y cuando todo se haga en orden, unidad y transparencia. “Sigo firme para exigir justicia por mi hijo. Si en un nuevo Gobierno existieran instrumentos para encontrar la verdad, estaría en primera fila pidiendo justicia por mi hijo”, asegura la madre de Darwin.

La propuesta de Acción Penal también rescata la creación de una Fiscalía Penal Especial que se encargue de investigar y formular las acusaciones. Dentro de ello, también consideran que para garantizar el derecho de defensa y el respeto al debido proceso de aquellas personas que puedan ser acusadas, y que no cuenten con recursos económicos para pagar un abogado, el Estado le garantice un defensor público especial cuya obligación sea velar por los derechos de la persona a quien defiende.

Para garantizar la protección a las víctimas, a los testigos y a los funcionarios del sistema de justicia penal, se considera la creación de una unidad de protección que vele por la seguridad e integridad física. De igual forma, se toma en cuenta la creación de una oficina de atención a víctimas que se encargue de brindar asistencia integral a quienes sufrieron graves violaciones a derechos humanos con énfasis en la atención jurídica, psicológica y médica.

Sin embargo, para que esta nueva Ley entre en funcionamiento, además de aprobarse en el plenario de una Asamblea plural y no politizada, habría que garantizar un presupuesto bastante fuerte para ejecutar cada uno de los procesos que todavía continúan en el olvido. Acción Penal propone que se garanticen los recursos económicos para que cada institución pueda ejercer sus funciones. Si bien no se puede hablar de una cifra exacta, Fornos considera que podría haber un aporte de la comunidad internacional, específicamente de las organizaciones que trabajan este tipo de temas.

“Es importante que esta Ley se apruebe no solo para que exista una verdadera reconciliación, sino para que no se repitan los patrones de procesos judiciales amañados como los que se dan ahora. Tienen que ser procesos judiciales respetuosos de la normativa y eso solamente lo garantizan tribunales de justicia independiente e imparciales”, insiste Fornos.

Dentro de la misma propuesta también se plantea la posibilidad de formalizar acuerdos, totalmente transparentes, con personas acusadas que puedan brindar información o pruebas que permitan judicializar a autoridades de mayor rango que hayan participado directa o indirectamente como autores intelectuales ordenando la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. “Es importante rescatar que se puede establecer ese tipo de incentivos a personas que hayan tenido una participación menor en relación a personas que han tenido una mayor participación y una mayor jerarquía en la toma de decisiones de graves violaciones en aras de ir a perseguir a los principales perpetradores”, explica Fornos.