Una propuesta de reforma urgente al sistema penal de justicia de Nicaragua

Una propuesta presentada por Acción Penal, propone la depuración de funcionarios corruptos dentro de las instituciones que han participado en las graves violaciones a los derechos humanos y el fortalecimiento e independencia de cada institución como la Policía Nacional o el Ministerio Público


La construcción y consolidación de instituciones independientes y con capacidades técnicas que aseguren el acceso a la justicia, el pleno respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales en todos los procesos penales, serán piezas cruciales para restituir el estado de derecho en Nicaragua durante un eventual proceso de transición. Conscientes del trabajo que implica una transformación de tal magnitud, Acción Penal propone reformar y depurar el sistema de justicia penal del país que actualmente responde a los intereses del régimen Ortega-Murillo.

La de Acción Penal surge después de meses de análisis en los que determinaron que en el marco de la crisis sociopolítica se generaron procesos penales en contra de ciudadanos cuyo “único delito” fue expresar su rechazo al actual gobierno. Los últimos juicios fueron los de Michael Healy y Álvaro Vargas, condenados por los delitos de conspiración y menoscabo a la integridad nacional. El destino de los empresarios fue similar al de más de cuarenta opositores que fueron encarcelados durante la escalada represiva de 2021.

“Hicimos un diagnóstico de la labor que estaban haciendo instituciones como la Defensoría Pública, Policía Nacional, Ministerio Público, Tribunales de Justicia, Medicina Legal e inclusive el Sistema Penitenciario. Dentro de sus actuaciones notamos que dejaron a un lado los criterios técnicos y aplicaron criterios políticos de clara obediencia al Poder Ejecutivo”, explicó Boanerges Fornos, abogado de Acción Penal.

Pero la reforma que plantean al sistema penal del país no solo se trata de una depuración de funcionarios corruptos dentro de las instituciones que han participado en las graves violaciones a los derechos humanos. También se trata de fortalecer y darle independencia a cada una de las instituciones mencionadas y para esto es necesario reformas constitucionales.

Una de las propuestas que está escrita en el documento es la separación de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) o Interpol de la Policía Nacional. El objetivo de esta división buscaría actuar dentro del marco del Sistema de Integración Centroamericana, imitando modelos que han dado resultados como es el caso del Organismo de Investigación Judicial que es una oficina independiente de la estructura policial e investiga técnicamente los delitos sin ninguna influencia política.

Ana Julia Guido, Fiscal General de la república, y Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional, tendrían que ser removidos de su cargo en una etapa de transición en Nicaragua. | Cortesía

La propuesta de Acción Penal para transformar el Ministerio Público pasa no solo por la depuración de los funcionarios que han cometido violaciones a los derechos de los presos políticos. También estaría indicada para limpiar la institución de aquellos funcionarios que han ingresado a esta entidad del Estado sin haber realizado un concurso público por oposición.

Desde el año 2007 hasta la fecha, los nombramientos de fiscales auxiliares han recaído en funcionarios que ya formaban parte de la institución. Para poder optar a este cargo público hacen un concurso interno y eso desnaturaliza lo que constituye un auténtico concurso de oposición.

“El proceso genuino debería ser la apertura de por ejemplo treinta plazas y que compitan todos los abogados de Nicaragua, estén o no estén dentro de la institución. Pero al hacerla de forma interna, solo con funcionarios que están actualmente dentro del Ministerio, no se le da la oportunidad a otro profesional y el criterio de elección está basado por la fidelidad política”, expresó Fornos.

El abogado de Acción Penal manifestó que la propuesta de no admitir a funcionarios del Ministerio Público que hayan participado en graves violaciones de derechos humanos, por ejemplo, la criminalización de la protesta, debe ser constitucional de tal forma que se garantice que esas fichas partidarias no opten otra vez a un cargo de elección popular.

“Otra propuesta es la autonomía e independencia de los fiscales, es decir, que actúen apegado a criterios técnicos y no al criterio político aun cuando la Fiscalía es un órgano, digamos vertical, donde las orientaciones y directrices se dan desde el Fiscal General, pero dentro del marco de lo que establece la Ley. Esto va a permitir que el fiscal se oponga a cumplir cualquier tipo de directriz que no esté apegada a la Ley sin temor a que exista alguna represalia en contra de él”, aseguró Fornos.

Primero la voluntad política

Otra de las propuestas es la depuración de los funcionarios de los Sistemas Penitenciarios de Nicaragua. En las celdas de La Modelo, Tipitapa, se han cometido cientos de violaciones a los derechos humanos de los presos políticos. EFE/ Jorge Torres

Aunque las propuestas de Acción Penal parten del funcionamiento idóneo de las instituciones de Gobierno en un país en plena transformación democrática, lo cierto es que para lograr todos los cambios y reformas que se plantean en el documento, es necesario tener mucha voluntad política.

El escenario de transformación sería en una eventual transición. En teoría si el país marcha rumbo a la democratización se esperaría que las autoridades electas sean justas y transparentes. Parte de los cambios que se proponen en este manual serían posibles, sí y solo sí, existen reformas constitucionales.

Pero además de que los funcionarios tengan voluntad política, los encargados de esta transformación, que en primera instancia serían los diputados de la Asamblea Nacional, deberían estar de acuerdo y ser mayoría para reformar la Constitución y con ello muchas leyes que son necesarias modificar para que el país camine hacia el rumbo deseado.

Sin una reforma constitucional, por ejemplo, no podría restarle las oficinas de la Dirección de Auxilio Judicial, Criminalística o Interpol a la Policía Nacional, puesto que su Ley señala que es única e indivisible y que tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial. Eso implica la investigación del delito.

En el caso del Poder Judicial la propuesta es separar el Instituto de Medicina Legal y la Defensoría Pública. Esto implica crear una reforma constitucional que le quite la facultad a los magistrados del Poder Judicial de nombrar a los defensores públicos y que se ejecute a través de una ley orgánica y de carrera que establezcan cuáles son las funciones de esta institución y cuáles son los requisitos para la selección en ingreso, ascensos y descensos en esta entidad pública.

“Entonces tenés un pegón constitucional que para superarlo deberíamos tener 56 diputados que estén dispuestos a hacer esas reformas. Y por supuesto, voluntad política de implementar los cambios. Ahorita hay muchas opiniones a favor de transformar. El punto es que cuando estén los votos, esa postura se traducirá en la reforma que el país requiere para evitar que se vuelva a repetir lo que ha sucedido hasta ahora y que se permita construir instituciones sólidas, autónomas e independiente, pero que sean sostenibles en el transcurso del tiempo”, amplió Fornos.

Sin cambios se repite la historia en Nicaragua

Además de la depuración de funcionarios corruptos de la Policía Nacional, la reforma plantea que la DAJ y el laboratorio de criminalística dejen de pertenecer a esta institución . EFE/Jorge Torres

En el documento fue presentado por Acción Penal, además de registrar cuáles son los cambios que deben implementarse para la transformación del sistema penal, también están claros los objetivos de cada una de las modificaciones.

De forma general esperan que con la implementación de estas propuestas se apoye a la construcción y consolidación sostenible de las instituciones que integran el 33 sistema de justicia penal como un componente de la justicia transicional, con instituciones independientes que garanticen la tutela judicial efectiva con pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales y a las normas del debido proceso a que tienen derecho las partes en el proceso penal.

Apelan a que el sistema de justicia penal coadyuve a un verdadero proceso de reconciliación nacional, que permita el desarrollo integral de la nación y que este cumpla con su naturaleza jurídica y finalidad: solucionar los conflictos de naturaleza penal y restablecer la paz jurídica y la convivencia social armónica, mediante el esclarecimiento de los hechos, la determinación de la responsabilidad de los acusados y la aplicación de las penas que correspondan.

Fornos consideró que de aplicarse esta transformación la posibilidad de que se repitan los hechos violentos de abril de 2018 y otros atropellos a los derechos humanos, sería mínima. El abogado expuso que si hace cuatro años una sola institución hubiese hecho su labor dentro del sistema de justicia penal, no hubiera ocurrido la masacre o las detenciones que ejecutó el régimen.

“Por ejemplo, si hubiésemos tenido una Policía Nacional independiente que no hubiera violentado los derechos humanos de los nicaragüenses, la represión no habría llegado a estos niveles. Una Policía cuyo aparato de investigación de delitos fuese totalmente ajeno a la influencia política, no traería los resultados de criminalización que se están dando ahora. Al igual que una Fiscalía independiente o tribunales de justicia no politizados”, afirmó el abogado.

Fornos insistió en que la transformación va a minimizar la posibilidad de que los hechos se puedan repetir, también daría garantía de seguridad jurídica al funcionario y al ciudadano de que sus derechos van a ser respetados y de que van a ir y acudir ante las instancias de justicia para garantizar que se resuelva un conflicto de forma imparcial. 

“La independencia de las instituciones, la construcción de funcionarios que se empoderen de su cargo y que sepan que llegaron a ese cargo por mérito propio y no por favor político o de cualquier otra naturaleza, va a permitir reducir al máximo la cooptación de instituciones y va a construir instituciones sólidas. Y eso puede redundar en un mayor beneficio de los nicaragüenses. Como te digo, una sola institución que hubiese funcionado Nicaragua no estaría pasando lo que está pasando hoy”, finalizó el abogado.