Estudiar bajo la administración de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua es sinónimo de mala calidad en la educación, incertidumbre, vigilancia partidaria y propaganda política. “El nivel de mi educación bajó un montón. Ante las dudas que tengo no obtengo respuestas. Me toca contestar mis propias preguntas”, expresó Kary, estudiante de derecho de la Universidad Nacional Politécnica (UPN), antes Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
La joven estudiante señaló que desde el cierre arbitrario de la Upoli, el pasado 2 de febrero de 2022 cuando fue despojada de su personería jurídica junto con otras universidades e instituciones educativas, el cambio ha sido drástico: han despedido profesores, existe una continua presencia de paramilitares dentro del recinto, además de la instalación de cámaras de vigilancia, y sumado a esto, problemas administrativos y una total limitación en la libertad de cátedra.
“Lo primero que ocurrió después de la cancelación de la Upoli fue el despido de maestros. Nosotros tampoco sabíamos qué hacer porque no nos informaron qué iba a pasar con nuestras notas y con la universidad”, relata Kary.
El despido de los docentes limitó la educación de Kary y sus compañeros. Sus educadores fueron reemplazados por maestros alineados al Frente Sandinista quienes ante las dudas de los estudiantes relacionadas con leyes, el Estado y la Constitución Política, siempre responden: “no se habla de política en el aula”.
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“Una vez pregunté sobre una ley que se reformó para la liberación de presos, y me preguntaba por qué se había reformado si eso generaba inseguridad y no había ningún plan para evitar que los presos coincidieran. No hice la pregunta con objetivo político, sino que tenía curiosidad, quería saber, pero la profesora me dijo que no se hablaba de política y que cambiáramos de tema”, expresa.
Debido a los vacíos de conocimiento, Kary y sus compañeros acudían ante una maestra que sabían que no era sandinista y respondía cualquier pregunta sobre la carrera. Su necesidad era tal, que comenzaron a llevar clases particulares con ella.
Sin embargo, la maestra fue despedida en agosto de este año, pese a que Kary y sus compañeros de clases intentaron evitarlo con cartas y firmas. Ahora ella y otros estudiantes de derecho no tienen a nadie más a quien acudir para llenar los vacíos académicos que les ha generado la dictadura Ortega-Murillo.
Estudiantes siguen pagando, pese a ser universidades “públicas”
Desde el 2022 hasta agosto de 2023 la dictadura Ortega-Murillo ha cancelado la personería jurídica de 27 universidades privadas, confiscado sus bienes muebles e inmuebles, y reemplazado por nuevos nombres y administraciones académicas elegidas de facto.
Uno de los argumentos que usó el régimen Ortega-Murillo para justificar la confiscación de las universidades fue la gratuidad. Según los discursos de la dictadura, los estudiantes no tendrían que pagar aranceles porque las instituciones confiscadas ahora pertenecen al Estado.
Sin embargo, el estudiantado continúa pagando mensualidades como lo hacían normalmente antes de la confiscación en todas las instituciones robadas.
En el caso de la UPN, los aranceles sólo bajaron cinco dólares. En la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNPGGL) —universidad que conglomera a varias universidades confiscadas— los costos subieron cinco dólares y los planes de beca fueron suspendidos.
Jorge es estudiante de la Universidad del Norte de Nicaragua (UNN), universidad confiscada y absorbida por la UNPGGL. “La promesa de la Universidad Gaspar es que va a ser parte del 6 % del presupuesto para educación superior y va a ser financiada por el Estado, pero yo no lo creo”, señala.
La UNPGGL también agrupa a otros estudiantes de las extintas Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), Universidad de Integración de América Latina (Unival) y la Universidad Rubén Darío, todas ubicadas en el norte del país y totalmente clausuradas por el régimen.
De acuerdo con Jorge, los estudiantes de todas esas universidades cerradas se vieron obligados a matricularse nuevamente, por lo que desembolsaron un pago de 100 dólares, aunado al arancel que se realiza mensualmente. Además los universitarios comparten las mismas aulas y profesores, pero pagan lo establecido por su universidad de origen, indica Aura, otra estudiante de la nueva UNPGGL consultada por DIVERGENTES.
Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Martín Lutero (UML), la Universidad de Occidente (UDO) y la UCAN, unificadas todas y parte de la UNPGGL, comparten clases, pero cada alumno paga lo fijado por la universidad de la que proviene.
“Al unificarlas esperábamos que se unieran los pagos. En cambio, los estudiantes de la antigua UCAN pagan 160 dólares y los de la UDO pagan 100, actualmente recibiendo clases en los mismos salones con los mismos maestros”, dice Aura. “Es un desorden administrativo”, expresa la estudiante.
Vacíos en la “educación” y maestros adoctrinados
Kary señaló que hasta antes de la confiscación de la Upoli en su salón había 50 estudiantes. Eran tantos que debían recibir las clases en el auditorio de la universidad y no en los salones porque eran muy pequeños.
Tras la confiscación muchos de sus compañeros se fueron. En la actualidad estima que hay alrededor de 25, pues la mayoría abandonó la universidad o se fueron del país.
Además de la migración, lo más grave de las confiscaciones de las universidades es el vacío de conocimiento, cultura y formación profesional que está creando el régimen Ortega-Murillo al limitar la educación del estudiantado, dice Adrián Meza, exrector de la antigua Universidad Paulo Freire (UPF), ahora confiscada y llamada Universidad Ricardo Morales Avilés.
“La universidad está configurada en su esencia por su práctica académica y por su práctica educativa, pero ahora tenemos grandes universidades de garaje porque no tienen contenido científico, no propician el pensamiento crítico y no tienen libertad de cátedra. Y eso es lo que hacen las universidades, las universidades no las hacen los edificios”, explica.
Si bien la dictadura Ortega-Murillo mantiene un discurso de la libertad académica y actualización de conocimientos con renovaciones a los planes de estudio de las universidades confiscadas, el catedrático señala que eso es sólo una medida del régimen para dar su aprobación sobre las materias que se van a impartir.
Aunque en las nuevas universidades administradas por el régimen el personal docente mantiene la orden de “no hablar de política en el aula”, eso no impide que mantengan campañas permanentes de propaganda política sobre el Frente Sandinista a los alumnos.
“Los nuevos profesores nos viven diciendo que demos gracias al comandante por la nueva universidad pública que tenemos”, cuenta Kary, además de todas las actividades políticas que realiza UNEN dentro del recinto. Incluso uno de los profesores pidió a uno de sus compañeros que investigara sobre el “terrorismo” en Nicaragua, promoviendo así el discurso que mantiene el régimen sobre las protestas sociales ocurridas en 2018.
Los engorrosos problemas administrativos
Por otro lado, las universidades presentan diversos problemas administrativos en temas de registros de estudiantes, pagos e inscripción de asignaturas. Por ejemplo, en la UPN —antes Upoli—, Kary tuvo dificultades para pagar durante cinco meses, por lo que sus aranceles se acumularon y al final debió cancelar casi 4,000 córdobas.
Las autoridades de registro también le dijeron en diferentes ocasiones que ella no aparecía en el sistema, es decir, que no existía como estudiante; y le dijeron que no tenía ninguna materia cursada, a pesar de estar en tercer año de la carrera. Aunque han solucionado estos problemas poco a poco, son usuales entre el estudiantado.
Esta incertidumbre y problemas en la administración le causan temor de que no pueda continuar estudiando y terminar su carrera. “Siento que en cualquier momento me van a decir ‘adiós, mucho gusto por haber venido’, porque no es normal”, expresa.
Lo mismo ocurre en las otras instituciones de educación superior confiscadas. La Universidad Ricardo Morales Avilés —anteriormente UPF— no es la excepción, dice Adrián Meza.
“Nos sorprende que haya problemas registrales porque el mismo día que la UPF fue decretada en estado de cierre se entregaron todos los registros, incluso el director de registro se quedó trabajando con ellos ¿Cómo es que hay problemas registrales?”, afirma.
Mientras que en el caso de la antigua UNN, los estudiantes no pueden solicitar certificados de notas o documentos que verifiquen su estado académico, señala Jorge, pese a que son cinco meses desde que la universidad pasó a manos del Estado.
“Yo intenté sacar mi certificado, pero no se puede. Podemos sacar fotos a las hojas de calificaciones para verificar y tener una base, pero no nos dan certificados en sí”, relata el joven estudiante.
Por su parte, estudiantes de las universidades que fueron totalmente cerradas fueron forzados a cambiarse a otras instituciones por órdenes del Consejo Nacional de Universidades (CNU), entre ellas, la UPN ha sido una de las universidades que ha recibido a alumnos, principalmente de alumnos provenientes de la Unival.
Debido a lo diferente que son los planes de estudio, muchos de los estudiantes han tenido que llevar más clases que sus compañeros. También tienen que asistir más días a los recintos y adelantar asignaturas hasta los fines de semana.
Algunos alumnos tienen que cursar clases nuevas y desechar algunas que ya cursaron y pagaron. En el caso de la antigua UNN —ahora UNPGGL— ésta recibió a decenas de estudiantes de las otras universidades confiscadas y actualmente enfrenta un problema con los horarios de clases debido a la cantidad de alumnos inscritos en las carreras.
Según Jorge en la universidad ahora hay una sobrepoblación del alumnado, que exceden los cupos de las clases, así que los estudiantes deben de inscribirse en las asignaturas que pueden aunque cause problemas con sus horarios.
“Ahora somos cuatro universidades en una sola y tenemos lapsos amplios en los horarios. Hay gente que entra a las 7 de la mañana, sale a las 8, vuelven a recibir clases hasta las 12 del mediodía y salen a la 1 de la tarde, y nuevamente tienen clases hasta las 3”, explica el estudiante.
Estos cambios de horarios afectan principalmente a los universitarios de Madriz o Nueva Segovia, quienes tienen que viajar a Estelí para continuar con sus estudios.
Frente a las complejas realidades en las universidades confiscadas, jóvenes como Kary solo quieren finalizar sus estudios aunque no pueda ejercer en Nicaragua. “Me siento muy mal, solo quiero terminar. Amo mi carrera (Derecho), pero sé que no estoy aprendiendo absolutamente nada y que tal vez hay cosas que valgan más la pena que estar ahí vigilada”, manifiesta.