El banquero Dante Mossi, principal financista del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no ha sido reelecto para ser cinco años más el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Así lo ha decidido la Asamblea de Gobernadores de la entidad bancaria en República Dominicana, donde se han reunido este viernes.
Mossi ocupará tres meses más en el cargo, hasta noviembre de este año, cuando los presidentes y autoridades del BCIE deberán tener ya a su sustituto.
Desde principio de esta semana, organizaciones de la sociedad civil y políticas de Nicaragua convocaron para este viernes a un plantón en las afueras de las oficinas operativas del BCIE, con el fin “de exigir respeto a los derechos humanos y el cese del financiamiento en favor de la dictadura”.
El BCIE representa una de las fuentes de financiamiento más grande del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde la crisis política de 2018. A raíz de las violaciones a los derechos humanos, el régimen ha sufrido aislamiento internacional y una batería de sanciones que incluye el congelamiento de préstamos de otras multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Sin embargo, en los últimos cinco años, el BCIE ha financiado al régimen nicaragüense con $3,513 millones, lo que representa el presupuesto anual del Estado.
El desterrado político Juan Sebastián Chamorro, economista y quien fuera precandidato a la presidencia de Nicaragua, dijo que el BCIE se diseñó para ayudar al crecimiento y la integración económica y comercial de los países de Centroamérica. “Ese crecimiento debe estar acompañado en avance a la democracia, en la justicia. Evidentemente en el caso de Nicaragua esto no ha ocurrido”, dijo Chamorro, y agregó: “hacemos un llamado a los gobernadores de cada uno de los países, miembros del BCIE, tanto de los socios fundadores como de los socios concurrentes extrarregionales, a que pongan mucha atención en lo que está pasando en Nicaragua, en el financiamiento que se le está dando a la dictadura de Daniel Ortega”.
Según Chamorro, el BCIE debe asegurarse que el financiamiento esté orientado al objetivo original y principal que tenía, y no en “alimentar a una dictadura que es asesina y que encarcela a sus ciudadanos”.
Pero los cuestionamientos a Mossi también se hacen en otros países como El Salvador y Honduras. Y por otro lado, sus números administrativos y financieros han decrecido durante su gestión. Se han duplicado los gastos y la planilla del banco, mientras se han reducido la rentabilidad financiera y las utilidades en los últimos cinco años.
“BCIE no entrega cheques a Daniel Ortega”
El 16 de marzo de este año, durante un debate convocado por el Diálogo Interamericano en Washington D.C., Mossi dijo que para financiar al régimen de Daniel Ortega y Rosario “no importan sus políticas” si el dinero está llegando a los ciudadanos con necesidades básicas, a las que van dirigidos los proyectos. “En eso nos enfocamos, entonces dejamos la política a un lado”, dijo Mossi. Además, recalcó que el BCIE no le entrega “cheques a Daniel Ortega”, sino los hace en proyectos y planes de desarrollo, como acceso a servicios básicos, hospitales y carreteras. “Trabajamos para Nicaragua, no para el presidente (Ortega)”, dijo Mossi.
En ese debate, el director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, Ryan Berg, cuestionó a Mossi de que, aunque el BCIE no es una organización de derechos humanos, no está exenta de ceñirse a ciertos estándares internacionales. “No estamos en la postura de decir que los préstamos han mejorado la situación de los derechos humanos de este país”, dijo Berg.
El politólogo advirtió que financiar al régimen Ortega-Murillo representa un riesgo sistémico. Ejemplificó que si un gobierno democrático llegara al poder en Nicaragua podría no reconocer las deudas que han adquirido los actuales mandatarios con el BCIE porque hicieron un trato “con un gobierno ilícito”.
Cuestionado en otros países
Además de Nicaragua, la gestión de Dante Mossi al frente del BCIE es cuestionada en Honduras y El Salvador. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) señaló al banquero de ser el “responsable de dirigir las actuaciones relacionadas al financiamiento del BCIE al Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah, por el que asesinaron a nuestra compañera Berta Cáceres, para el beneficio de ciertos grupos económicos y en detrimento de los derechos de las víctimas de la violencia y de las comunidades indígenas”.
En un comunicado, publicado el nueve de mayo, el Copinh hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro y a la gobernadora por Honduras, Rixi Moncada, así como a los países miembros, “a no permitir la reelección de Dante Mossi como presidente ejecutivo del BCIE”. La organización de derecho humanos demandó que se detenga el financiamiento a proyectos “corruptos, ilegítimos, y extractivistas en nombre del desarrollo y el cierre de los fondos de este banco para proyectos privados de empresarios corruptos que traen miseria y violencia para Honduras y la región”.
En la misma línea, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas del organismo Human Rights Watch, dijo que en su organización han recibido “informes preocupantes” sobre el debilitamiento de los frenos y contrapesos internos del BCIE. Goebertus dijo que la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre los préstamos del banco “son especialmente preocupantes en El Salvador y Nicaragua”.
Por esa razón, Human Rights Watch recomienda a la Asamblea de Gobernadores del BCIE que en el caso de Nicaragua se pida una auditoría externa e independiente de la financiación otorgada a Ortega. En el caso de El Salvador, solicita que se suspendan los préstamos existentes a la Policía, Ministerio de Defensa, Fiscalía y Sistema Penitenciario, “hasta que se establezcan salvaguardas concretas para evitar que estos fondos se utilicen para cometer violaciones de derechos humanos”.
El fin del BCIE
En un artículo de opinión, el exdirector del BCIE por Costa Rica, Eduardo Trejos Lalli, dijo que el convenio constitutivo del BCIE desde 1960 tiene la tarea de promover el desarrollo y la integración, especializándose en proyectos de inversión con altos requerimientos de recursos, como puertos, aeropuertos, carreteras, plantas hidroeléctricas, hospitales, entre muchos otros, buscando los mayores plazos y tasas de interés favorables para los países fundadores, socios regionales y extrarregionales.
Sin embargo, durante la presidencia de Mossi, el BCIE “ha venido en una senda descendente en materia de gobernanza y salvaguarda de los principios financieros que costaron tantas décadas construir”, escribió Trejos.
El exfuncionario del BCIE dijo que no se han realizado modificaciones administrativas ni financieras que puedan revertir las caída de los principales índices durante la administración de Mossi. Por ejemplo, se ha duplicado el presupuesto de gasto del banco, de $70,1 millones a $146,4 en 2022. Cuando se proponían los contrarios, el BCIE realizó ostentosas contrataciones de nuevos edificios y remodelaciones en las oficinas en Tegucigalpa y adquisiciones de nuevas sedes en Argentina, Taiwán, España, Corea, República Dominicana y Nicaragua. Además, la planilla se incrementó en un 30%. La rentabilidad financiera (ROE) pasó de 7.42% en el 2018 al 2.68% en octubre del 2022, y las utilidades bajaron de $223.5 millones a $83.6 millones, en el mismo período.
Por lo tanto, Trejos considera que la reunión de este viernes tiene una importancia histórica para el futuro del BCIE.
Trejos dice que debe ponderarse el apoyo político que Mossi le ha dado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, “llevando al límite los desembolsos dados a ese país y convirtiéndolo en el principal banco que financia a Nicaragua”. Trejos considera que los países democráticos deben promover mayores mecanismos de supervisión independiente. “De no hacerlo, estarían cohonestando un posible uso irregular de los fondos asignados”, explica. “La reelección de Mossi desnaturalizaría de tal manera al BCIE que significaría el fin de un banco que nació como un instrumento para financiar el desarrollo de sus países miembros”, añade Trejos.
El economista nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, considera que Mossi no debe ser reelecto por estas razones. En primer lugar, porque resultó ser “un mal administrador”. Y en segundo lugar, porque “no está cumpliendo su función de presidente del BCIE”, lo que se puede explicar en la falta de controles en el financiamiento a Nicaragua, por ejemplo. “Se deben firmar convenios con los países para que se respeten las cláusulas de derechos humanos y de libertades democráticas”, dijo Chamorro. “La democracia, las libertades públicas tienen que ser atendidas no solamente por este banco, sino por todos los organismos que deciden financiar el desarrollo económico de los países en desarrollo”, añadió.