El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostiene como supuesto estandarte de seguridad nacional la estrategia del “muro de contención”, una narrativa oficial que asegura que Nicaragua es una barrera impenetrable para el crimen organizado transnacional. Sin embargo, la acumulación de evidencia internacional en los últimos tres meses desmorona este discurso.
Lejos de frenar el paso de la droga, diversas operaciones ejecutadas por autoridades extranjeras sugieren que Nicaragua evolucionó de ser un simple corredor de tránsito, a consolidarse como una plataforma logística de acopio y exportación de narcóticos a escala transcontinental.
Todo esto mientras la dictadura nicaragüense rechaza categóricamente que su territorio sea el punto de origen de cargamentos masivos incautados en Rusia, Reino Unido, Costa Rica o El Salvador, afirmaciones que expertos en seguridad ven con desconfianza y escepticismo debido a la opacidad con la que operan los organismos de seguridad sandinistas.
Frente a estas incautaciones, la respuesta oficial de las autoridades en Managua es negar sistemáticamente que dichos cargamentos hayan cruzado sus fronteras, puertos o aguas territoriales, y atribuir las alertas a campañas de desprestigio de adversarios políticos.
Sin embargo, la contradicción entre la propaganda y la realidad quedó expuesta drásticamente durante el primer trimestre de 2026. A miles de kilómetros de Managua, en el puerto británico de Southampton, autoridades aduaneras interceptaron 943 kilogramos de cocaína. Simultáneamente, la Marina de El Salvador asestó un golpe histórico al incautar 6.6 toneladas de droga en el Pacífico, una operación que involucró directamente a ciudadanos nicaragüenses.
Entre junio de 2025 y enero de 2026, la Marina Nacional de El Salvador reportó que incautó más de 1750 kilogramos de cocaína que transitaron por la ruta nicaragüense. El ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, ha señalado explícitamente a Nicaragua como el origen de lanchas interceptadas en el Pacífico, como las ocurridas el 24 de diciembre de 2025 (una incautación de 450 kilogramos de cocaína) y el del 14 de enero de 2026 (375 kilogramos de droga variada).
Ejército de Nicaragua señala a ministro salvadoreño
El Ejército de Nicaragua, brazo de vigilancia, espionaje y persecución del régimen sandinista, rechazó que la incautación realizada en El Salvador proviniera del país, acusó a un alto funcionario de ese país de falsear información y como “prueba” de su efectividad, enarboló la estrategia del muro de contención.
“El Ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador Gustavo Villatoro, de manera reiterativa ha afirmado en 4 ocasiones que dichos cargamentos de droga tienen procedencia de territorio nicaragüense, lo que rechazamos categóricamente, cuando está demostrado que la droga proviene del sur de la región, navegando en aguas lejanas de nuestros litorales”, cita el comunicado de los militares.
“Desde nuestra efectiva estrategia nacional muro de contención, luchamos contra el narcotráfico y el crimen organizado, garantizando contener, desviar y capturar la mayor cantidad de droga que transita de sur a norte del continente; por lo que estas organizaciones criminales del narcotráfico, lo hacen distantes de nuestros litorales”, añade.
Poca veracidad en reportes de Nicaragua y El Salvador
Luis Enrique Amaya, investigador salvadoreño en materia de seguridad ciudadana, señala la dificultad en tomar como veraces estos reportes por la poca transparencia en los organismos de seguridad nicaragüenses y salvadoreños.
“Hay un juego geopolítico que se está jugando en este momento y me parece que identificar a Nicaragua como fuente de estas incautaciones de droga por parte del Gobierno de El Salvador, podría ser parte de ese juego geopolítico. Ahora bien, hay ciertos países, y Nicaragua y El Salvador son ejemplo de ello, en donde hay mayor grado de opacidad con respecto a la información pública, particularmente aquella que tiene que ver con seguridad ciudadana, seguridad pública, defensa nacional, etcétera, con lo cual es complicado contrastar fuentes, cosa que sería muy importante”, opinó.
Las autoridades de seguridad de la dictadura sandinista aplicaron una estrategia a la inversa con Costa Rica. El 30 de marzo de 2026, la Policía de Nicaragua anunció el decomiso de 1312 kilos de cocaína ocultos en bobinas de papel kraft dentro de un camión de carga pesada.
El vehículo era conducido por el guatemalteco Juan José Ríos Trujillo, de 47 años, quien ingresó a Nicaragua procedente de Costa Rica, y tenía como destino final Guatemala. Sus declaraciones no obstante, levantaron repercusiones del lado tico.
“Pasé la seguridad de Costa Rica, pasé el escáner y salí normal. Luego yo pasé al lado de Peñas Blancas del lado de Nicaragua, pasé el módulo de narcóticos, me pusieron el sello para pasar a escáner, seguí el protocolo de aduana. Esperé el momento para pasar el escáner, pasé el escáner y salí sospechoso”, declaró un tranquilo Ríos Trujillo a medios de la propaganda del régimen nicaragüense.
Dardo a organismos de seguridad en Costa Rica
El comisionado general Victoriano Ruiz, cojefe de la Policía Nacional, enfatizó en que el cargamento pasó por los controles de Costa Rica, pero que en el marco del resultado “de la estrategia del muro de contención organizado y narcotráfico internacional del buen Gobierno sandinista”, estos fueron localizados por los sistemas de seguridad en Nicaragua.
Esta afirmación derivó en que el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, anunciara que la Policía de Control de Drogas (PCD) de este país investigará cómo este furgón logró burlar los controles aduaneros de este país.
El anuncio de este golpe al narcotráfico por parte de Nicaragua se dio un día después de que un portavoz del Departamento de Estado criticó la política antinarcóticos de la dictadura sandinista.
“Nicaragua continúa incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de control de drogas y, a lo largo de la historia, ha ignorado las solicitudes de colaboración del Gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico en su país y en toda nuestra región, lo que contribuyó al cierre de la operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nicaragua en 2025”, dijo en declaraciones al diario La Prensa.
El vocero recordó que la dictadura, a la que denomina “Murillo-Ortega”, y el Frente Sandinista, han mantenido “vínculos con el narcotráfico de larga data”, los cuales se “remontan a la década de los ochenta, incluyendo acusaciones de colusión con narcotraficantes para obtener beneficios financieros y políticos”.
Extracción de Nicolás Maduro cambió todo
Un experto en seguridad nicaragüense, quien pidió el resguardo de su identidad por temor a represalias por parte del régimen, afirmó que la mayor preocupación de los Ortega-Murillo es verse vinculado a cualquier actividad o indicio que los conecte con operaciones del narcotráfico, debido a que un escenario como este culminó con el operativo militar de extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro.
“El operativo contra (Nicolás) Maduro cambió todo. Ahora lo que la dictadura menos quiere es que digan que son cómplices del narcotráfico. No olvidemos que antes de lo que pasó con Maduro, a los Ortega-Murillo les tenía sin cuidado lo que pensaran de ellos el Departamento de Estado o la DEA”, comentó.
Crimen organizado presente en toda la región
Tania Molina Rojas, consultora e investigadora costarricense en temas de seguridad, calificó como un “tabú” la supuesta eficiencia de la estrategia de “muro de contención” del régimen sandinista.
“Es un tema bastante complicado porque, por obvias razones, por ser un régimen, por ser una dictadura como tal, es muy difícil y muy complejo, no solo para las autoridades, sino para todos quienes analizamos el fenómeno criminal transnacional y la criminalidad en general. Es una forma de Gobierno absolutamente autoritario que restringe muchísimo la información”, opinó.
“Para mí, siempre ha sido un tabú que ellos tengan una estrategia entre la Policía y el Ejército que bloquee de alguna forma la criminalidad. La información siempre es muy turbia, muy opaca. Entonces yo creo que sí es un indicativo de que no son un muro de contención, que el crimen organizado transnacional está presente en todo el mundo y en todos los países de América Latina. Costa Rica, Panamá, Nicaragua y el Triángulo Norte sirven, siguen sirviendo y van a seguir sirviendo como una plataforma para transporte de drogas, para explotación, tráfico y trata de personas y todas las problemáticas que hay en cuanto a la convergencia criminal”, añadió.
Opacidad no esconde tendencias a la baja
El Anuario Estadístico de la Policía Nacional de 2021 es el último disponible en su sitio web y registran que durante ese año se decomisaron más de seis toneladas de cocaína y casi siete de marihuana en Nicaragua.
El mayor pico histórico de incautaciones se registró en 2008, cuando Daniel Ortega retornó al poder, año en el que las autoridades reportaron el decomiso de más de 15 toneladas de cocaína. Desde entonces, las cifras oficiales muestran una tendencia sostenida a la baja en los decomisos de drogas.
El informe Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) de 2025, publicado por el Departamento de Estado de EE. UU., documenta la opacidad con la que operan los organismos de seguridad de la dictadura nicaragüense. El documento advierte sobre la total falta de cooperación bilateral y resalta la caída drástica e injustificada en las incautaciones de dinero en efectivo en el país a partir de 2025.
Durante 2025, las autoridades nicaragüenses no publicaron un balance anual oficial sobre las incautaciones de droga. Un recuento realizado por La Prensa, estima que en ese año Nicaragua incautó 5.4 toneladas de droga a nivel nacional, una cifra considerablemente superior a la reportada en los primeros nueve meses de 2024, cuando el Gobierno de Estados Unidos informó que el país alcanzó a decomisar apenas 1.29 toneladas de cocaína, según el INCSR 2025.
El golpe por la salida de la DEA
La salida de la DEA en 2025 agrava esta situación, eliminando los mecanismos de supervisión mutua y dejando el manejo de la lucha en contra de las drogas en manos de instituciones acusadas de complicidad y corrupción.
Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos confirmó a DIVERGENTES que la agencia antidrogas norteamericana ya no opera por completo en Nicaragua y la cooperación entre ambos países es totalmente nula.
Mientras países como El Salvador y Costa Rica redoblan esfuerzos y firman acuerdos regionales para combatir el tráfico marítimo y terrestre, Nicaragua opera como una caja negra. La falta de intercambio de inteligencia, el rechazo a la supervisión internacional y la politización de las fuerzas policiales y militares garantizan que las organizaciones transnacionales encuentren en Nicaragua el santuario logístico perfecto para almacenar y exportar droga con alcance global.
Para finales de marzo de 2026, el panorama sugiere que Nicaragua continuará siendo una pieza crítica —y a menudo opaca— en el escenario del narcotráfico centroamericano.
La presión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump y los éxitos operativos de países vecinos como El Salvador y Costa Rica seguirán exponiendo las vulnerabilidades del sistema nicaragüense, obligando a una reevaluación constante de las estrategias de seguridad en Centroamérica para mitigar el flujo de narcóticos a los mercados internacionales.