El número de Comisarías de la Mujer y la Niñez llegan a las 317 en todo el país. En todos los municipios de los departamentos y regiones autónomas hay al menos de dos a tres comisarías como mínimo, y cada semana se inaugura una comisaría nueva desde 2020.
De acuerdo con la Policía Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estas permanentes reaperturas forma parte de un plan para “una Nicaragua libre de violencia contra las mujeres”, que hasta la fecha no ha tenido ningún efecto en la disminución de feminicidios y de otras formas de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.
El anuncio de la apertura de la comisaría número 317 ocurrió solo un día después de una de las semanas más violentas para las mujeres nicaragüenses: al menos ocho feminicidios fueron registrados únicamente entre el 1 y 5 de mayo. Mujeres asesinadas por sus esposos, novios e hijos fueron algunos de los casos.
Cuando la jornada de asesinatos contra mujeres finalizó en el país, continuó con el asesinato de mujeres nicaragüenses en el extranjero. “Fue una semana sangrienta para las mujeres”, dice una de las defensoras feministas de Católicas por el Derecho a Decidir (CDC) que solicitó el anonimato para resguardar su seguridad.
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Solo en este 2024, se contabilizan 37 feminicidios de mujeres nicaragüenses, de las cuales 30 han ocurrido dentro del país y 7 en el extranjero, según el observatorio de violencia machista de CDC.
Casi 7 mil denuncias por violencia intrafamiliar en 2023
Las reaperturas de las Comisarías de las Mujeres han resultado “totalmente inefectivas” para combatir la violencia machista, indica la activista. Aunque el número de comisarías aumenta constantemente, la cantidad de víctimas de violencia no se reduce en correspondencia.
Solo el año pasado, 6 797 mujeres recibieron peritaciones médicos legales de lesiones físicas por violencia dentro de la familia, acorde con el Instituto de Medicina Legal (IML). Esto corresponde al 81.2% de los casos totales. De las peritaciones realizadas a mujeres, 4 448 corresponden a violencia de pareja.
“Estamos hablando de una violencia específica que viven las mujeres. Los planes para la prevención de la violencia deberían ser enfocados específicamente de acuerdo a eso, pero no vemos planes de prevención especializados”, señala la activista.
No existe atención integral para las víctimas
Además de no contar con planes especializados en la prevención de la violencia machista, las Comisarías de la Mujer carecen de un plan integral para la atención de víctimas de violencia, que evite la mediación entre las mujeres y sus agresores y que sobretodo, “tenga la legítima voluntad de atender a las víctimas”.
“Las comisarías no funcionan porque tienen un problema estructural. Estas comisarías muchas veces son solo un cuarto en las estaciones policiales, solo tienen a uno o dos agentes atendiendo. La política de estos agentes es la mediación. Siempre hacen mediar a las mujeres con sus agresores y sólo cuando la mujer llega severamente golpeada es que hacen un trabajo interinstitucional”, explica.
La atención interinstitucional es la atención óptima que las comisarías deberían de dar a las mujeres, dice la activista. Dicha atención también es llamada el Modelo de Atención Integral (MAI) y se supone que es la ruta de atención de las comisarías, según la Policía Nacional.
Según el MAI, las comisarías son las encargadas de atender primero a las víctimas, tomar la denuncia, realizar la investigación sobre los hechos denunciados y aplicar medidas precautelares.
Posterior a esto, las mujeres deben ser referidas al Instituto de Medicina Legal para valoraciones médicas y psicológicas; después al Ministerio Público (MP) para continuar con la investigación y elaborar la acusación contra el agresor; y por último se continúa en los Juzgados Penales o especializados para realizar las audiencias y aplicar las medidas cautelares.
En los casos que se requiera, también pueden intervenir el Ministerio de Salud (Minsa) y los Centros Alternativos, para las referencias de atención médica, psicológica, acompañamiento legal y albergues. Según la Policía Nacional, la Procuraduría Especial de la Mujer es el órgano encargado de fiscalizar la aplicación del MAI.
Según la activista, es un modelo de atención excelente, pero que no existe en la práctica. Pues, la mayoría de las denuncias de las víctimas son forzadas a mediar con sus agresores, sin acompañamiento de defensoras o abogadas que estén presentes para defender los derechos de las denunciantes.
“Nunca se ha aplicado el Modelo de Atención Integral. Nunca ha ocurrido. La política de atención de las comisarías es la mediación entre mujeres y agresores y ese es el mayor problema. Pueden existir mil comisarías y ninguna va a servir si las mujeres no son atendidas adecuadamente”, señala.
Mediación “condena” a mujeres al feminicidio
La activista indica que incluso la mediación no siempre ocurre, ya que muchas veces los agentes de las comisarías ni siquiera atienden las denuncias de las mujeres. “Toda esta negligencia conduce a la muerte a las mujeres”, asevera.
Así ocurrió con uno de los últimos casos. Alejandro César Lacayo Noguera, quien fue acusado de golpear, rociar alcohol y quemar viva a su mamá de 76 años, ya había sido denunciado dos veces por su progenitora.
Según registros judiciales, la mamá de Lacayo había denunciado a su hijo por asedio en enero y octubre de 2020, pero el Juzgado Cuarto Penal declaró inadmisibles las acusaciones. El 18 de abril de este año, Lacayo agredió a su mamá y permaneció hospitalizada hasta que falleció el 4 de mayo.
“Todos estos feminicidios que se pudieron haber prevenido si desde el inicio tomaran en cuenta las denuncias de las mujeres, aplicaran las medidas precautelares y cautelares, e hicieran cumplir la ley”, dice la activista.
Planes de seguridad son ineficientes
Según la Policía Nacional, el “Plan de Seguridad de las Comisarías de la Mujer” no solo incluye la inauguración de nuevas comisarías, sino también de visitas casa a casa para la “prevención de homicidios e investigar cualquier tipo de violencia”.
Los resultados presentados semanalmente señalan a personas detenidas y situaciones de violencia investigadas, pero para la activista no tiene sentido que la Policía no atienda los casos que llegan directamente a las comisarías, pero que sí vayan casa a casa a buscar denuncias.
“Son denuncias a las que no les van a dar seguimiento. Simplemente hacen estas acciones para que digan que sí están haciendo algo y que la gente piensa que sí les importa la vida de las mujeres, pero todo es un show”, asevera.
Las otras medidas que ha ejecutado el régimen Ortega-Murillo incluyen una campaña de comunicación en los medios oficialistas y la distribución de cartillas que informan a las mujeres sobre sus derechos y las invitan a denunciar en las respectivas comisarías. “¿Pero de qué sirve todo eso? Si cuando las mujeres denuncian, igual no las van a atender”, cuestiona la defensora.