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Imponen “país por cárcel” a hijo del fallecido magistrado Francisco Rosales

Foto de archivo 2019: Francisco Rosales en un encuentro de la Internacional Socialista en República Dominicana. EFE/Pedro Bazil

Daniel Rosales, hijo del fallecido magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco ‘Chicón’ Rosales, ha sido uno de los últimos allegados al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a quien las autoridades de migración del Aeropuerto Internacional de Managua le han impuesto “país por cárcel”. Este 23 de noviembre intentó viajar a Estados Unidos, pero fue devuelto a su casa, confirmaron a DIVERGENTES fuentes del Ministerio de Gobernación. 

“Ni porque Daniel tiene ‘conectes’ (contactos) con funcionarios de Migración lo dejaron salir. La orden es la misma para sus hermanos: no pueden viajar”, sostuvo la fuente gubernamental. Funcionarios del Poder Judicial también confirmaron que la salida del país le fue impedida al hijo del  magistrado, quien falleció en mayo pasado por causas relacionadas a la Covid-19. 

Rosales alegó que viajaba a Estados Unidos por razones médicas, pero  le negaron la salida. Después que fue regresado a casa, le asignaron vigilancia para impedir que pueda cruzar las fronteras de forma irregular. 

“Hay una especie de nueva orden de que solo con permiso pueden salir del país los empleados y funcionarios públicos”, sostuvo la fuente ligada al Judicial. “Desde hace varios meses tampoco puede salir la presidenta de la Corte (la magistrada Alba Luz Ramos)”. 

De acuerdo a la fuente Judicial, la magistrada Ramos solo puede viajar fuera de Nicaragua por casos médicos. Sin embargo, tiene que pedir permiso por escrito a Daniel Ortega y Rosario Murillo, “y aún así se lo han negado en algunas ocasiones”, información que fue contrastada con la de Gobernación. 

La Corte Suprema de Justicia es una de las instituciones claves para el sostenimiento del régimen Ortega-Murillo, dado que ha sido instrumentalizada para perseguir a opositores desde 2018. De hecho, la magistrada Ramos fue sancionada por la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos por “acatar órdenes del presidente Daniel Ortega e interferir en los procesos judiciales contra opositores, pero en la actualidad, con la detención de más de 30 críticos mandatario, incluidos seis aspirantes a la presidencia, se le atribuye la dirección de audiencias secretas en las cuales incurren violaciones a los derechos políticos de los acusados”.

“No pueden viajar”

Foto de archivo 2010: La presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos. EFE/Mario López.

Según el funcionario de Gobernación que aceptó hablar bajo condición de anonimato con DIVERGENTES, las restricciones de salida eran aplicadas antes de forma selectiva contra opositores que cuestionan la administración sandinista. Sin embargo, a raíz de las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos y otros gobiernos de la comunidad internacional, la orden es más radical. La señal que alertó al régimen con respecto a sus aliados y funcionarios fue la salida del comisionado mayor de Nueva Segovia, Javier Martínez, quien pidió asilo hace más de un mes en Estados Unidos. 

Si bien Martínez no ha hecho ninguna declaración pública en Estados Unidos contraria al gobierno, la fuente de migración sostiene que a lo interno del régimen ya lo consideran como “traidor”. “Por eso hay más candados en las fronteras aéreas y terrestres. No van a repetir el mismo error”, sostuvo el funcionario. 

Esta orden restrictiva de salida del régimen es ejecutada por el Ministerio de Migración y Extranjería, y coordinada con el Ministerio de Gobernación. En el caso de los nicaragüenses que viajan por vía aérea, los empleados de migración solicitan las listas de pasajeros a las aerolíneas con 24 horas de anticipación. Esto les permite indagar sobre las personas que desean salir del país.

Otros de los funcionarios y allegados al régimen a quienes no han dejado viajar en el Aeropuerto de Managua han sido Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, delegado presidencial para Fomento de las Inversiones. Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), también tiene restricción migratoria de facto. 

El diario La Prensa informó hace dos semanas que el régimen Ortega Murillo había ampliado una lista de ciudadanos que no podían salir del país y a quienes, si lo intentan, les sería retenido su pasaporte. Según la nota periodística ahora serían incluidos campesinos, líderes del sector empresarial, activistas y periodistas independientes.

Una de las fuentes consultadas por DIVERGENTES confirmó que antes de la radicalización de esta medida, sí existía una lista en la que estaban incluidas figuras políticas y empresariales de mucha connotación, así como periodistas independientes críticos del gobierno y sacerdotes de la Iglesia Católica. Aunque estaban dentro de ese listado, no eran detenidos abruptamente y muchas veces dependía, si viajaba o no, de la disposición del oficial de migración que atendía.

Las fuentes insisten que este férreo control de salida impuesto a opositores y allegados sandinistas responde a las sanciones que la comunidad internacional ha aplicado tras desconocer los resultados de la “farsa electoral” del pasado siete de noviembre, cuando la pareja presidencial selló su permanencia en el poder. En los últimos nueve días, la administración de Joe Biden ha endurecido la presión contra los Ortega-Murillo aprobando leyes, sanciones y decretos. Esta serie de medidas forman parte de la recién aprobada Ley Renacer que busca tener impactos políticos y económicos que pueden provocar la inmovilidad de los funcionarios públicos.

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