El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres funcionarios judiciales nicaragüenses este miércoles 19 de abril, cuando se cumplen cinco años de la masacre que perpetró el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de manifestantes que pedían su dimisión. Los tres funcionarios son Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, jueza Tribunal de Primera Instancia del Segundo Distrito de Managua, y Octavio Ernesto Rothschuh Andino, magistrado y presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua. Estos tres funcionarios estuvieron a cargo de los tribunales que revocaron la ciudadanía de más de 300 ciudadanos nicaragüenses a inicios de este año.
“El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Managua declaró a 222 ciudadanos nicaragüenses traidores al Estado y los despojó de su ciudadanía. A otras 94 personas se les revocó su ciudadanía y fueron declaradas ‘fugitivas de la ley’”, cita el comunicado del Tesoro. El documento informa que uno de los jueces sancionados emitió una orden de sentencia que imponía sanciones “a un prominente obispo católico nicaragüense (Rolando Álvarez), al que se le dio la oportunidad de salir de Nicaragua junto con las 222 personas que se disponían, pero se negó a exiliarse”. El obispo fue condenado a más de 26 años de prisión, despojado de su ciudadanía y declarado traidor por ser crítico con el régimen. “Estas acciones reflejan el desprecio del régimen por los derechos humanos en Nicaragua”, dicta el Tesoro.
Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera dijo que el régimen de Ortega “continúa participando en acciones antidemocráticas que se dirigen a las figuras más opositoras de Nicaragua, incluso a través de su sistema judicial”. Nelson señaló que “Estados Unidos continuará apoyando al pueblo nicaragüense mientras se esfuerza por restaurar las instituciones democráticas”.
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Motivos de la sanciones
A Ernesto Leonel Rodríguez Mejía se le señala de anunciar la decisión de despojar a 94 ciudadanos nicaragüenses de su nacionalidad, “declarándose traidores”. El Tesoro argumenta que los desnacionalizados “eran críticos francos del régimen de Ortega e incluyeron a periodistas notables, defensores de derechos humanos y el clero católico”.
Sobre Nadia Tardencilla se argumenta que ella “emitió una orden judicial que despojó al obispo católico Rolando José Álvarez Lagos de su ciudadanía nicaragüense y lo condenó por traición, socavando la integridad y la autoridad a nacionales, agravando la obstrucción y difundiendo noticias falsas”.
Mientras que el magistrado Octavio Rothschuh se le señala de anunciar “la decisión del tribunal de deportar a 222 nicaragüenses, declarándolos traidores a la nación”.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos “está tomando más medidas para responsabilizar a los perpetradores de las acciones represivas del régimen nicaragüense”. Añadió que se seguirán “utilizando las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas por los abusos del régimen de Ortega-Murillo, reiteramos nuestro llamamiento a la liberación inmediata e incondicional del obispo Álvarez e instamos a la restauración del espacio cívico para el pueblo de Nicaragua”.
Implicaciones
Las sanciones contra estos tres funcionarios significan que “todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”.
El Tesoro informa que “se prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo”.
La institución estadounidense asegura que “el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo en el comportamiento”.