Ángel Gahona tenía 42 años cuando lo asesinaron. Además de ser colaborador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), era periodista y dirigía el noticiero El Meridiano en Bluefields, una de las pocas voces independientes en la región. Padre de dos hijos, esposo y abogado de formación. Fue abatido cruelmente mientras hacía su trabajo: documentar la represión con su cámara. Su madre, Amanda López, aún espera justicia. Su padre, el pastor Ángel Augusto Gahona, murió sin verla. Lo mismo le ocurrió a Álvaro Conrado Avendaño, quien falleció esperando que alguien respondiera por la muerte de su hijo, Alvarito Conrado, un adolescente de 15 años que murió desangrado tras ser baleado en la garganta por la policía sandinista en abril de 2018, mientras intentaba llevar agua a los manifestantes. La impunidad ha sido la norma, pero la justicia internacional, a pasos amargamente lentos, pareciera que comienza a abrirse paso.

La dictadura ha hecho de la represión un pilar de su existencia, y ya no caben respuestas tibias. Hemos insistido en que la comunidad internacional no puede limitarse a la indignación; debe llevar a Daniel Ortega, a Rosario Murillo y sus operadores, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad y activar con urgencia la “Cláusula Democrática” del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Nicaragua. En esa misma dirección que tanto hemos exigido, la reciente resolución del Parlamento Europeo, si bien no es vinculante, es un fuerte llamado a la acción que esperamos abra una nueva etapa en la búsqueda de justicia.

El Parlamento Europeo da un paso adelante

Desde 2018, Nicaragua se ha transformado en un Estado policial donde toda forma de disidencia es castigada con el exilio, asesinatos extrajudiciales, la prisión o la muerte civil. Las celdas del régimen sirven para secuestrar a estudiantes, periodistas, sacerdotes y líderes cívicos cuyo único delito ha sido alzar la voz. La Iglesia Católica ha sido asfixiada, los medios de comunicación independientes reducidos al silencio y más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil han sido ilegalizadas. Ahora, con la imposición de una constitución dictatorial, Ortega y Murillo han terminado de enterrar cualquier resquicio de separación de poderes, consolidando un modelo totalitario donde la ley no es más que una extensión de su voluntad.

El Parlamento Europeo, a través de la resolución adoptada el 13 de febrero de 2025 bajo el procedimiento 2025/2547(RSP), condena la intensificación de la represión en Nicaragua. Destaca, especialmente, la persecución contra defensores de derechos humanos, opositores políticos y comunidades religiosas. La resolución no sólo reitera la gravedad de los crímenes cometidos por la dictadura sandinista, sino que también emplaza a la Unión Europea y a la comunidad internacional a tomar medidas concretas.

Entre los puntos clave de la resolución se encuentran:

• Un llamado urgente a denunciar a Ortega y Murillo ante la CPI, enfatizando que sus crímenes contra la humanidad no pueden quedar impunes.
• La activación de la “Cláusula Democrática” del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Nicaragua, lo que significaría la suspensión de beneficios comerciales que actualmente favorecen al régimen.
• El reconocimiento del exilio forzado como una herramienta de represión, destacando cómo la dictadura expulsa a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, se lucra de las remesas que estos envían desde el extranjero.
• Un nuevo paquete de sanciones contra individuos y entidades que sostienen el aparato represivo del régimen.

Además, el Parlamento Europeo ha instado a que se refuercen los mecanismos de justicia internacional, subrayando que aunque Nicaragua no es parte de la CPI, existen caminos legales para que Ortega y Murillo sean juzgados en tribunales de terceros países bajo el principio de justicia universal.

La suspensión del CAFTA: una necesidad inaplazable

El Parlamento Europeo ha dado un paso significativo, pero aún falta una pieza clave en la estrategia de presión internacional: la suspensión de Nicaragua del CAFTA, el tratado regional de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Actualmente, la dictadura sigue beneficiándose de este acuerdo, obteniendo millones de dólares en comercio preferencial, a pesar de sus constantes violaciones a los derechos humanos, laborales y de propiedad.

Es inaceptable que un régimen que desconoce la libertad económica, pero además ha eliminado toda oposición política y que ha desterrado a miles de sus ciudadanos siga aprovechando tratados diseñados para economías abiertas y democráticas. Washington debe seguir el ejemplo de los primeros pasos tomados por Bruselas y considerar la suspensión de Nicaragua del CAFTA como una medida de presión efectiva. No se trata sólo de sancionar a individuos dentro del régimen, sino de cortar el flujo de recursos que le permite mantenerse en el poder.

El eco de la justicia

El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas ha confirmado lo que las víctimas han denunciado durante años: el régimen de Ortega y Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad. Según Jan-Michel Simon, coordinador de este grupo, aunque la CPI no puede intervenir directamente debido a que Nicaragua no es parte del tratado de Roma, la jurisdicción de terceros países podría activarse para procesar a los responsables.

Este camino ya se está explorando. En Argentina, el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 4 ha abierto una causa contra Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a los derechos humanos, derivadas de la represión de 2018. El juez Ariel Lijo ha ordenado su detención internacional y los ha citado a declarar, una medida de gran peso moral que sienta un precedente en la búsqueda de justicia.

La comunidad internacional no puede conformarse con un solo proceso. Es fundamental que otros países con legislación basada en la jurisdicción universal, como España, Brasil y Estados Unidos, inicien acciones similares. Pero, sobre todo, es imprescindible continuar la presión para que la Corte Penal Internacional asuma el caso, sea mediante la remisión de un Estado parte o la creación de un tribunal especial para Nicaragua.

Mientras tanto, en Nicaragua la impunidad sigue gobernando. La dictadura ahoga cualquier intento de libertad, sofoca las voces que resisten, cierra todas las puertas al derecho y a la dignidad. Y sin embargo, no hay muro que detenga el paso del tiempo.

El día en que la justicia alcance a los responsables, cuando las víctimas ya no sean nombres en informes ni fotografías en altares familiares, cuando la verdad deje de ser un susurro y se convierta en sentencia, ese día Nicaragua respirará de nuevo.

Porque la represión en Nicaragua no es solo una tragedia política, es un crimen que se graba en la piel y en la historia de un pueblo que ha visto morir a sus hijos. Como Alvarito Conrado, que con su último aliento nos dejó una verdad que duele y que sigue resonando en la conciencia de un país entero:

“Me duele respirar”.