Dos veces al día, dos agentes policiales uniformados llegan a los puestos de cedulación en Nicaragua para verificar si alguna persona “marcada” como opositora realizó un trámite. La identificación aparece en el sistema del Consejo Supremo Electoral (CSE) bajo la palabra “incidencia” y esto obliga a los funcionarios de esta cartera estatal a reportar el caso y entregar a los agentes los datos actualizados del ciudadano, como su dirección y números telefónicos.
La práctica es conocida internamente como “confronta policial” y fue confirmada a DIVERGENTES por tres fuentes vinculadas al CSE que trabajan en distintas zonas del país. Todas solicitaron resguardar sus identidades por razones de seguridad y describieron por separado el mismo procedimiento.
Los funcionarios del CSE consultados por este medio aseguran que este mecanismo ha permitido a la Policía actualizar la ubicación de personas que cambiaron de barrio o se trasladaron a zonas a lo interno de Nicaragua. En algunos casos, también han recibido instrucciones de rechazar el trámite de cédula, después de reportar una “incidencia”.
El relato de los funcionarios coincide con el de cinco personas que recientemente realizaron trámites en distintos puestos de cedulación. Todas confirmaron haber visto llegar a dos policías uniformados y portando fusiles AK, y escucharon a los agentes preguntar al funcionario a cargo si había “alguna incidencia”.
Una alerta política en el sistema
Según las fuentes vinculadas al CSE, cuando un funcionario consulta en el sistema los datos de una persona marcada políticamente, en la pantalla aparece la palabra “incidencia” como una alerta asociada a su registro. Los trabajadores aseguran que esta señal identifica a ciudadanos considerados opositores o disidentes y no corresponde a una circulación policial relacionada con la comisión de un delito.
Los funcionarios consultados explican que la identificación se origina en las estructuras políticas que operan en los barrios. Sin embargo, desconocen quién incorpora posteriormente esa información al sistema del CSE y mediante qué procedimiento se genera la “incidencia”.
Las fuentes explican que, cuando aparece una “incidencia”, no pueden informar al ciudadano que está marcado y deben continuar el trámite con normalidad. En la siguiente visita de los policías, reportan la alerta y entregan los datos proporcionados por la persona, entre estos cualquier cambio de domicilio o número telefónico que haya reportado. A partir de ese momento, quedan a la espera que les indiquen si pueden completar la gestión o deben rechazarla.
Una foto para comprobar la “confronta”
También detallaron que, al terminar cada visita, uno de los policías toma con su teléfono una fotografía junto a las funcionarias presentes y la envía a un grupo de WhatsApp de la institución. Las trabajadoras del CSE no tienen acceso a ese grupo.
Según las fuentes, la imagen sirve para dejar constancia de que los agentes acudieron al puesto y realizaron la “confronta” a determinada hora. También registra qué funcionarios estaban presentes cuando se preguntó por las incidencias.
Los trabajadores aseguran que están obligados a proporcionar la información solicitada y que saben que podrían enfrentar problemas si omiten una “incidencia” y posteriormente se comprueba que una persona marcada acudió al puesto durante su jornada.
En ese sentido, esta práctica también funciona como un mecanismo de control sobre quienes trabajan en Cedulación, que deben colaborar con las revisiones policiales y dejar constancia de su participación.
Una “incidencia” que puede frenar la cédula
Los funcionarios consultados aseguran que la alerta no siempre termina con la entrega de información. En algunos casos, después de reportar una “incidencia”, han recibido instrucciones de no continuar con el proceso y rechazar la gestión de la cédula. Una de las trabajadoras explicó además que, si los policías llegan mientras una persona marcada todavía permanece en el puesto, esta puede ser trasladada a una delegación para ser interrogada.
Los funcionarios consultados por DIVERGENTES advierten que no todos los retrasos o rechazos en los trámites de cedulación responden a razones políticas. Explican que también muchas gestiones son devueltas por los controles de calidad del CSE, especialmente por diferencias entre las firmas registradas y las que se presentan durante el trámite.
Sin embargo, en un contexto de vigilancia y represión, un rechazo administrativo también puede generar entre los ciudadanos el miedo de haber sido “marcado” políticamente.
Ese fue el temor de “Claudia”, una residente de Managua que recientemente acompañó a su hija de 16 años a solicitar su primera cédula. Desde que llegó al puesto de cedulación le preocupaba que, al presentar su propia identificación como parte del trámite, surgiera algún problema.
“Sentí mucho miedo de que al dar mi cédula saliera algún problema con mi identificación, porque tengo muchos familiares exiliados que por hostigamiento de la Policía se fueron del país hace dos años. Tenía miedo que me preguntaran por ellos o que mi propio récord tuviera algún problema”, relató a DIVERGENTES bajo condición de anonimato.
El temor aumentó cuando regresó a retirar el documento y le informaron que la solicitud de su hija había sido rechazada. “En ese momento pensé lo peor”, recuerda.
El problema no tenía una causa política. La funcionaria le explicó que su firma no coincidía exactamente con la registrada en su cédula y que el documento no había superado los controles de calidad del CSE. La mujer tuvo que repetir el procedimiento y practicar su firma para reproducirla como se requería. Tres días después de la segunda gestión, su hija recibió la cédula.
“Claudia” destaca que la funcionaria fue amable durante todo el proceso y le explicó que otros trámites también son rechazados cuando las firmas no coinciden. Sin embargo, antes de conocer la causa, temió que el rechazo estuviera relacionado con sus familiares exiliados y con el hecho de no pertenecer a la militancia sandinista.
Controles más estrictos sobre las firmas
Una fuente del CSE asegura que los rechazos por diferencias en las firmas se han vuelto frecuentes debido a que el departamento de control de calidad exige cada vez mayor precisión. El criterio se aplica tanto a los padres que acompañan a sus hijos menores de edad a solicitar la cédula por primera vez como a las personas que realizan trámites de renovación.
Según la trabajadora, anteriormente pequeñas variaciones en una firma no impedían necesariamente continuar con el proceso, pero ahora diferencias mínimas pueden provocar que la gestión sea rechazada y deba realizarse nuevamente.
“Hasta pareciera que hay que ponerle a las personas el trámite más difícil, porque a veces es un rabo más o menos que no coincide y ya por eso no pasa el trámite”, afirma la funcionaria.
La trabajadora señala que estos rechazos corresponden a los controles administrativos del CSE y son distintos de las “incidencias” políticas que aparecen en el sistema.
La vigilancia se extendió de los barrios a las instituciones
La utilización de estructuras territoriales e instituciones estatales para identificar y localizar opositores ya había sido documentada por Naciones Unidas. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua documentó en un informe publicado en 2025 una “extensa red de vigilancia e inteligencia” que opera bajo las directrices de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La estructura incluye a la Policía Nacional, el Ejército, el Ministerio del Interior, Telcor, el Ministerio de Salud, estructuras del Frente Sandinista y grupos armados progubernamentales.
El informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas estableció que la información recopilada por esa red es canalizada hacia estructuras policiales, de inteligencia y partidarias para identificar opositores, vigilar sus actividades, acosarlos o geolocalizarlos.
Los expertos también documentaron que las estructuras territoriales sandinistas participan en la recopilación de información. Las denominadas Unidades de Victoria Electorales recogen datos que los secretarios políticos transmiten a la dirección del FSLN, que a su vez comparte información con la Policía Nacional y la Dirección de Información para la Defensa del Ejército.
El informe señala que este sistema ha permeado distintos niveles de la sociedad y que sus integrantes recaban información sobre compañeros de trabajo, vecinos y familiares. En otro apartado, los expertos identificaron a los secretarios políticos como figuras centrales en la vigilancia y control de opositores y señalaron que participan en la identificación de funcionarios y ciudadanos que deben ser investigados.
El informe no menciona las “confrontas policiales” en los puestos de cedulación. Sin embargo, los testimonios obtenidos por DIVERGENTES revelan que la vigilancia también opera en estas oficinas, donde las autoridades pueden saber cuándo una persona marcada políticamente realiza un trámite y obtener datos actualizados para ubicarla.
“Una gran maquinaria para reprimir”
Salvador Marenco, abogado y defensor de derechos humanos de esa organización, considera que el mecanismo descrito por las fuentes de DIVERGENTES es consistente con un sistema en el que las instituciones públicas han sido utilizadas para vigilar a la población.
“Todas las instituciones estatales están interrelacionadas e interconectadas para la represión, que se ha vuelto al Estado como una gran maquinaria para reprimir a la población, para vigilar a la población y sobre todo para amedrentar a la población”, afirmó.
Marenco considera que estas prácticas afectan derechos como la privacidad, la seguridad jurídica y la identidad. También advierte que pueden generar temor incluso frente a gestiones ordinarias ante el Estado.
“Todas estas prácticas intimidatorias podrían desalentar a la población a realizar trámites comunes que deberían de ser trámites normales en cualquier país, como un trámite de cédula, de documentos como licencia de conducir, entre otros”, señaló.
Para el defensor, el mecanismo se inserta en una vigilancia que comienza en el entorno inmediato de las personas y alcanza las instituciones. “Nos mantenemos ante una vigilancia total, una vigilancia que es de barrios”, afirmó.
Marenco advierte que las consecuencias de quedar marcado políticamente pueden superar los obstáculos administrativos. “Ser marcado, la consecuencia podría ser enorme, podría ser gravísima, como es la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada de personas, como lo ha sido en múltiples ocasiones”, sostuvo.
Un mecanismo que funcionarios del CSE aseguran opera a nivel nacional
El Consejo Supremo Electoral reporta en su página web 138 oficinas regionales, departamentales, municipales y distritales de Cedulación distribuidas en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas del país.
Los funcionarios consultados por DIVERGENTES aseguran que la “confronta policial” se realiza a nivel nacional en todos los puestos de cedulación. No obstante, este medio no pudo confirmar de manera independiente que el mecanismo opere en todas las oficinas reportadas por el CSE.
De acuerdo con el alcance nacional descrito por los funcionarios, con 138 puestos de cedulación y dos agentes asignados a cada “confronta”, el mecanismo podría requerir la movilización de hasta 276 policías en cada ciclo de visitas, una alrededor del mediodía y otra en la tarde, al cierre de labores.