Algunos de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ocasionalmente, han presentado “pensamientos suicidas” debido a las diversas torturas a las que son sometidos, denunció la abogada Azahalea Solís, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), una organización que se dedica a brindar acompañamiento a los detenidos políticos y sus familiares.
Uno de los presos políticos que ha tenido pensamientos suicidas es Edgardo Cárcamo, quien al no formar parte de la lista de los 135 excarcelados y desterrados a Guatemala el pasado 5 de septiembre, fue recluido a una celda pequeña.
Otros son Jaime Navarrete y Manuel Urbina Lara, quienes siguen recluidos a pesar de haber cumplido su condena (Navarrete la cumplió desde enero de 2023 y Urbina Lara en febrero de este año). “Ambos continúan arbitrariamente detenidos y son víctimas de torturas”, aseguró Solís.
La intervención de la abogada ocurrió este martes 4 de febrero durante una audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para abordar la situación actual de personas beneficiarias de medidas provisionales, tanto excarceladas como las que se encuentran en prisión o en desaparición forzada.
“Imposibilitados de acceder a agua potable y patio sol”
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizó a 45 presos políticos hasta diciembre de 2024. De estos, ocho son las personas que tienen medidas provisionales de la Corte IDH.
“En general, carecen de alimentación y atención médica adecuada. Están imposibilitados de acceder a agua potable y a patio sol. A la mayoría, se les exige que sus familiares lleven sus medicamentos, lo que provoca una carga económica difícil de afrontar”, dijo Solís.
En el caso del preso político Giovanny Guido, quien perdió su ojo derecho por un disparo durante las protestas de 2018, ha presentado problemas estomacales, infecciones en la piel y en la cavidad del ojo que le destruyeron.
La presa política Evelyn Guillén se encuentra en una celda de aislamiento, no tienen atención médica especializada para tratar “el grave deterioro de su salud mental y ginecológica”, según el informe de la UDJ.
Actualmente, el periodista Leo Catalino Cárcamo, quien tiene medidas urgentes por la Corte IDH, se encuentra en situación de desaparición forzosa desde el pasado 22 de noviembre, después de ser arrestado por agentes de la Policía. “Han transcurrido más de dos meses sin que su familia lo haya visto, o siquiera tenga noticias sobre su paradero o su estado de salud”.
“Daños irreparables”
Desde 2021, la Corte IDH ha otorgado medidas provisionales a 116 personas que han sido encarceladas y condenadas en juicios sin garantías del debido proceso, “llevados a cabo con el propósito de perseguir y encarcelar a personas opositoras o percibidas como tales”, dijo Camila Ormar, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), otra de las organizaciones que intervinieron en la audiencia.
Se expuso que 97 personas beneficiarias y sus núcleos familiares continúan expuestas a un riesgo “grave y urgente de sufrir daños irreparables a sus derechos”, por lo que solicitaron que se amplíe el período de protección y se mantengan vigente las medidas provisionales en favor de todas ellas.
De estas 97 personas; 88 han sido desterradas y desnacionalizadas, 55 actualmente son apátridas, una se encuentra exiliada, siete encarceladas, y una en calidad de desaparición forzada.
Ormar consideró que la excarcelación de los presos políticos “fue una continuación de un patrón de persecución contra los beneficiarios”, porque se les desterró de su país natal y se les despojó su nacionalidad nicaragüense y su personalidad jurídica, en represalia por ser opositores.
Entre los derechos que se les ha privado a estas personas se encuentran: económicos y sociales, incluyendo derechos de jubilación, a la propiedad, al trabajo y a ejercer cargos públicos, y a la protección de sus familias. Así como la imposibilidad de volver a su país. “Los profundos efectos de la pérdida de nacionalidad y personalidad jurídica siguen hasta el día de hoy: siguen expuestas a un riesgo extremadamente grave y urgente de daño irreparable a su derecho”, apuntó Ormar.
Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo que todas las acciones del régimen de Ortega y Murillo “están encaminadas en provocar la muerte civil de estas personas, pero con efectos que trascienden el territorio nacional”.
Entre estas acciones se encuentran la suspensión perpetua de sus derechos ciudadanos: eliminación de datos personales en los registros civiles de Nicaragua (cédulas de identidad, entrega de títulos académicos, actas de nacimiento o matrimonio, dificultades de los familiares para acceder a pasaportes o entrar y salir de Nicaragua) y la confiscación de sus bienes (incluso a familiares), pensiones y cuentas bancarias.
“El objetivo es eliminar cualquier rastro como personas en Nicaragua”, dijo el abogado y defensor de derechos humanos.
Sobre el estatus migratorio de las personas desterradas o desnacionalizadas, 55 se encuentran en situación de apatridia, 42 están a la espera de asilo político o cualquier estatus migratorio, y seis fueron desterradas a Guatemala.
Juan Sebastián Chamorro: confiscación de bienes es “ un robo descarado”
Juan Sebastián Chamorro, desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023, contó que durante 20 meses, cuando estuvo encarcelado, no pudo hablar ni ver a su hija y a su esposa. “Nos han robado hasta el derecho de estar unidos como familia”, aseguró.
El exaspirante presidencial dijo que la “sensación de injusto despojo” es la confiscación de los bienes, muchos de ellos, pertenecientes a las familias durante generaciones. “El trauma que causa el robo de tu hogar o negocio, y la usurpación de estos por un tercero, persigue al confiscado día y noche”, añadió.
Chamorro puso de ejemplo la confiscación del negocio familiar de su esposa, Victoria Cárdenas, “construido con mucho sacrificio y que eran fuentes de ingresos vitales para subsistir, han sido robados descaradamente”.
Chamorro dijo que la confiscación de su propiedad, vía decreto presidencial, le arrebató un legado de su padre. “No es sólo lo material, sino lo emocional: los recuerdos y la memoria que tratan de arrebatarme”, explicó.
Evelyn Pinto: “Me arrebataron mi vida entera”
Evelyn Pinto, de 66 años, también excarcelada y desterrada en 2023 a Estados Unidos, dijo que le confiscaron su casa, su pensión y sus derechos ciudadanos. “Me arrebataron todo: mi vida entera”, dijo la defensora, de 66 años de edad. “Si bien, la cárcel fue una experiencia terrible, el exilio es profundamente doloroso; me han arrancado de mi hogar, mi familia, mis amigos y mi tierra natal”.
Pinto dijo que actualmente se encuentra en Costa Rica, en calidad de solicitante de asilo, “con la esperanza de obtener refugio”. Pinto dijo que, al no contar con su pensión, se encuentra en búsqueda de trabajo para poder subsistir.
Privación de medicamentos del profesor Freddy Quezada
Byron De Paz, del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), narró la situación del profesor y filósofo, Freddy Quezada, quien fue desterrado a Guatemala en septiembre de 2024, como parte de un grupo de 135 presos políticos.
Durante su detención, Quezada fue interrogado de forma violenta y se le privó de los medicamentos que utilizaba, como el colirio que evitaba que avanzara el glaucoma que padece en ambos ojos.
De Paz dijo que otras de las enfermedades crónicas de Quezada son hipertrofia prostática, otitis media en el oído derecho y fibrosis plantar. El profesor estuvo en extremo aislamiento, en una celda de máxima seguridad, privándole de acceso a cualquier objeto personal, incluso de libros.
“El Estado aplicó como castigo directo la privación de medicamentos a Quezada para tratar sus padecimientos de glaucoma y de próstata”.
Actualmente, Quezada se encuentra en Estados Unidos, donde fue reasentado. Sin embargo, debido a la falta de atención médica, ahora tiene un quiste que le causa molestias al orinar. Sin embargo, no ha podido dar seguimiento a este nuevo padecimiento en el país norteamericano.
Solicitudes a la Corte IDH
La diversas organizaciones de derechos humanos y las personas presas y excarceladas de Nicaragua, solicitaron a la Corte:
- Otorgue medidas provisionales a Leo Catalino Cárcamo Herrera, beneficiario de medidas urgentes, quien se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 22 de noviembre de 2024.
- Mantenga vigente las presentes medidas provisionales respecto de las personas que continúan privadas de libertad, así como de las personas beneficiarias que han sido desterradas y sus núcleos familiares, dado que existen nuevas circunstancias que justifican el mantenimiento de las medidas. En consecuencia, que se amplíe el objeto de protección a los derechos a la vida digna, la vida privada y familiar de las beneficiarias que han sido desterradas y desnacionalizadas.
- Reafirme que Nicaragua continúa en desacato a lo ordenado por la Corte mientras no cumpla de manera íntegra con las resoluciones de medidas provisionales del presente asunto y, en consecuencia, inste ante los Estados miembros de la OEA a tomar todas las medidas a su alcance para que el Estado de Nicaragua cumpla lo ordenado por la Corte y cese la grave y urgente situación de desprotección en que se encuentran las personas beneficiarias de estas medidas.
- Ordene a Nicaragua restituir la nacionalidad, los bienes confiscados; así como los derechos que han sido despojados a las y los beneficiarios de las medidas.
- Requiera al Estado adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que las personas beneficiarias y sus núcleos familiares puedan regresar y vivir en Nicaragua sin que ello represente un riesgo para sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la personalidad jurídica.
- Ordene al Estado nuevamente liberar de forma inmediata a las personas beneficiarias privadas arbitrariamente de su libertad en las mismas condiciones indicadas en sus resoluciones anteriores.
- Requiera al Estado que investigue y sancione los actos de persecución y represalia cometidos contra las personas beneficiarias y sus familiares.
- Recuerde al Estado su deber de no enjuiciar, ni ejercer represalias contra los familiares y representantes en razón de la información aportada ante esta Corte en el presente asunto, de acuerdo con el artículo 53 del Reglamento del Tribunal.