Durante la reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, este lunes 27 de julio, el diputado sandinista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, reveló las reformas constitucionales que servirán de “muros” a los candidatos de oposición que quieran participar en elecciones en Nicaragua.
Ocho días después de que el dictador, Daniel Ortega, aseguró que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”, los funcionarios del régimen iniciaron “un amplio proceso de consultas” –con los órganos de control del Estado, el Ejército, la Policía Nacional, mecanismos del órgano ejecutivo y movimientos sociales, gremiales y sindicales– empezando este lunes con el cuerpo diplomático y misiones internacionales acreditadas en Nicaragua.
Luego del revuelo mundial y el rechazo por parte de varios países y organismos multilaterales que causó la afirmación categórica de Ortega, el régimen ha intentado matizar el discurso. Por esa razón, durante este encuentro con los diplomáticos, Porras quiso dejar claro que en Nicaragua “sí van a haber elecciones”.
Constitucionalizar la prohibición de competencia electoral
En principio, Porras confirmó que se trata de reformas constitucionales que pretenden aprobar a inicios de septiembre – Aunque el 22 de julio dijo que a principios de agosto– y en segunda legislatura en enero de 2027. El operador sandinista leyó parte de la reforma en la que trabajan: “No podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos por designación electoral y de la Presidencia, quienes ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un Golpe de Estado consumado”.
En realidad, esta prohibición no es novedosa, porque ya estaba contemplada en la Ley 1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz) que tipifica la “traición a la patria” para quienes “encabecen o financien golpes de Estado, alteren el orden constitucional o soliciten sanciones e intervenciones militares contra el Estado. De hecho, esta fue la ley que justificó los encarcelamientos de siete aspirantes presidenciales y otras 30 figuras de oposición durante el proceso electoral de 2021.
Por eso, Porras quiso dejar claro que el cambio “no es ajeno” o “extraño”, pero lo que pretende el régimen ahora es establecerlo en la Constitución OrMu. El diputado sandinista aseguró que la propuesta pretende “elevar a rango constitucional” estas prohibiciones para “establecer ese muro constitucional para que alguien no pueda ser candidato, de algún cargo en Nicaragua, levantando la bandera de que nos intervengan militarmente. Eso no puede ser, eso es inaceptable”.
Porras dijo que todo candidato que viole la Constitución será inhibido de participar para garantizar “elecciones libres, sin injerencia extranjera, donde no haya financiamiento externo”.
Como parte del paquete de reformas, el régimen también contempla modificaciones al Consejo Supremo Electoral (CSE) para otorgarle atribuciones para negar personalidad jurídica a partidos políticos que lleven a estos candidatos. Además, el CSE también puede cancelar directamente cualquier candidatura.
“Se repetirá el escenario de elecciones de 2021”
Un analista político consultado por DIVERGENTES dijo que esta reforma pretende constitucionalizar, en lugar de depender de leyes ordinarias, toda la lista de conductas de las leyes 1055 y 1145 (Ley Especial que regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense) que se aplica a los nicaragüenses sentenciados bajo la Ley 1055, y sirve como base legal para despojar de la nacionalidad y confiscar bienes a cientos de opositores, activistas y periodistas.
“Extender claramente la prohibición a cargos públicos por designación, no solo a cargos de elección popular”, añadió el analista. “Esta reforma pretende usar fórmulas retroactivas y extremadamente amplias como ‘quienes ejerzan o hayan ejercido’ y participación ‘directa o indirecta’, lo que permite abarcar conductas pasadas y vínculos vagamente definidos”, aseveró.
El abogado y opositor en el exilio, Juan Diego Barberena, consideró que el régimen repetirá el formato de las elecciones de 2021. “Van a repetir el escenario, nada más que radicalizado, de la ausencia de competencia política. La dictadura jugará sola”.
A Barberena también le parece clave que se estén estableciendo impedimentos para constituir partidos políticos, que de forma “somera” ya estaban en la Constitución OrMu.