Mientras que el interior de los barrios, las comunidades vecinales se organizan con normalidad para rezar la novena de La Purísima Concepción de María, cuya celebración culmina con la Gritería el 7 de diciembre, en los templos católicos los preparativos de las fiestas marianas se realizan bajo la vigilancia de la Policía Nacional y con el temor de detenciones arbitrarias.
Las camionetas policiales con agentes antimotines postradas a unos metros de las iglesias —lo que solía ocurrir únicamente— cuando se oficiaban misas, han estado presentes en varios templos católicos alrededor del país, desde el inicio de la novena a La Purísima el 28 de noviembre.
Mientras que algunos policías pretenden pasar desapercibidos ubicándose en zonas no tan visibles cerca de las iglesias, otros se encuentran prácticamente en la entrada de los templos, y hasta hacen preguntas a los feligreses que entran sobre las actividades que se están llevando a cabo.
A muchas personas esto les genera desconfianza y los disuade de continuar con los rezos en el interior de las iglesias, señala Luis, un laico católico consultado por DIVERGENTES, quien solicitó el anonimato.
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“Los policías venían nada más cuando había misas. Siempre los domingos, a veces los jueves y los sábados, pero ahora los tenemos desde siempre. La vigilancia se intensifica siempre cuando hay actividades, como cuando es Semana Santa”, señala.
Aunque la vigilancia policial en los templos católicos se ha hecho una costumbre en la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2023, cuando prohibió la realización de actividades religiosas en espacios públicos, en este año la vigilancia y el hostigamiento a curas y laicos se ha intensificado.
Detenciones y destierros continúan
La preocupación también surge en una ola de detenciones y destierros. Desde el 22 de noviembre aumentó la cifra de detenciones arbitrarias por motivos políticos a más de 30, de acuerdo con el Monitoreo Azul y Blanco.
“Esta nueva redada se distingue por una crueldad sin precedentes, dejando en evidencia la intención del régimen de silenciar cualquier voz disidente mediante el uso del terror”, indica el Monitoreo.
“Las personas detenidas han sido sustraídas de sus hogares sin órdenes legales y sin acceso a abogados o visitas familiares, incumplimiento las garantías mínimas establecidas por el derecho internacional”, continúa. El Monitoreo Azul y Blanco destaca que la cifra de personas detenidas es mayor, pero no todas las personas denuncian los arrestos.
El último destierro de un religioso se trató del sacerdote Floriano Ceferino Vargas, detenido el 1 de diciembre después de celebrar la eucaristía y desterrado a Panamá. Vargas era párroco de la iglesia San Martín de Porres, en Nueva Guinea, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
“La dictadura Ortega Murillo sigue persiguiendo y atacando a miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua”, indica el Monitoreo. Por su parte, la abogada e investigadora, Martha Patricia Molina, señala que las detenciones pueden aumentar a medida que continúen las celebraciones marianas.
“Las detenciones continúan. Ya casi no nos damos cuenta por la presión y las amenazas, incluso de muerte, que la policía hace a los familiares de las personas detenidas. No hay que descartar que para estas actividades marianas también continúen deteniendo a gente, incluso a sacerdotes, como han venido haciendo”, expresa.
Represión a la Iglesia elevado a rango constitucional
Si bien la persecución religiosa ha sido ejecutada por la dictadura Ortega Murillo desde el inicio de la crisis sociopolítica hace seis años, la reciente Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política —aprobada en primera legislatura el 22 de noviembre— legaliza ciertas restricciones a la libertad de culto.
Mientras que la Constitución Política todavía vigente en su artículo 14 únicamente señalaba que el Estado no tiene religión oficial, la reforma ordenada por Ortega incluye tres párrafos de las condiciones que se tienen que cumplir para ejercer la fe en el país.
“El Estado es laico y asegura la libertad de culto, fe y prácticas religiosas en estricta separación entre el Estado y las iglesias. Al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público. Las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”, reza el artículo 14 de la nueva Constitución Política que será aprobada en segunda legislatura en enero de 2025.
Este cambio solo pretende dar legalidad a las violaciones a derechos humanos que el régimen Ortega-Murillo ha estado cometiendo contra la Iglesia católica y otros grupos cristianos, indica Molina.
“El Estado de Nicaragua siempre ha sido laico. Con esta reforma total a la Constitución Política, el sandinismo le quiere dar legalidad a lo que ilegalmente ellos han venido cometiendo desde hace mucho tiempo. A través de la reforma en los artículos de temas religiosos, ellos quieren tener control absoluto sobre la Iglesia y cualquier tema religioso”, explica.
“Desconocemos hasta dónde va a llegar este control. Esto únicamente lo vamos a conocer una vez que se aprueben estas reformas en segunda legislatura. Vamos a ver qué más se le ocurre hacer a la dictadura”, añade.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas, quienes sostienen que la dictadura Ortega-Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, se pronunció en contra de las reformas a la Constitución Política.
Estos sostuvieron que los cambios suponen “el golpe de gracia” para las libertades fundamentales y el Estado de derecho en el país, y merma aún más los ya frágiles controles y equilibrios que quedan sobre el Poder Ejecutivo, el cual la reforma pasaría a gobernar sobre los otros poderes.
En su último informe, el GHREN ya había advertido que la persecución religiosa en el país había escalado a formas de represión cada vez más violentas y restrictivas, debido a la capacidad de movilización que todavía tiene la Iglesia en Nicaragua.