El pasado 7 de noviembre, horas antes de la última aparición de Daniel Ortega en la que dio su discurso en cadena nacional, en las instalaciones del centro de convenciones Olof Palme hubo una reunión del círculo de seguridad más cercano de la pareja en el poder.
Según la vicemandataria, Rosario Murillo, en el encuentro se habló “de estar pendientes, comunicados, coordinados, como debe ser, para defender y salvaguardar la paz”.
Desde inicios de agosto de este año, el régimen anunció visitas de la Policía en los barrios. Según la nota publicada el 8 de noviembre en la página de la Policía Nacional, estos son llamados “encuentros de seguridad ciudadana y humana”.
La organización represiva dijo que estas reuniones sirven para “escuchar de las y los protagonistas sus demandas y sugerencias para mejorar la actuación policial”.
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Las visitas policiales, entendidas en un primer momento como de casa a casa, fueron percibidas con recelo por los opositores, pues se temía que hubiera acoso o amenazas por parte de los oficiales.
Coordinación Policía-CPC
Las reuniones finalmente fueron realizadas en una sola casa, en cada barrio, hasta donde llegaban los vecinos invitados por los coordinadores del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), según pudo constatar DIVERGENTES.
La iniciativa se enmarca en el férreo control que significa el Estado policial impuesto por el régimen Ortega-Murillo desde finales de 2018, cuando aplastó a punta de balazos la rebelión que inició en abril de ese mismo año.
Primero se prohibieron de facto las manifestaciones físicas, y luego hasta los espacios virtuales fueron censurados por medio de cárcel y destierro. Actualmente, en Nicaragua no se permite espacio para la oposición sin que esto signifique detenciones, amenazas, asedio y hostigamiento.
El último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) señaló que existe “un efecto paralizador en la sociedad nicaragüense”, porque “cualquier persona que critique al gobierno es castigada”.
La Policía informó que desde agosto de este año, ha realizado 5098 encuentros de “seguridad ciudadana y humana”. Es decir, realizan en promedio unos 56 encuentros a diario en todo el país.
El consuegro de los dictadores, Francisco Díaz, director de la Policía, fue quien presidió el congreso virtual el pasado 7 de noviembre. En la reunión estuvieron autoridades políticas, municipales y policiales de los 153 municipios del país.
La coordinación del nuevo modelo policial
Rosario Murillo dijo, el pasado 7 de noviembre, que en el congreso “se habló de todos los temas que nos interesan profundamente” como la “lucha contra la violencia en todos sus formas, el derecho de la niñez, a vivir sin violencia, con educación, con salud, porque la seguridad es vivir con todo lo que no garantice que vamos hacia el futuro”, dijo Murillo.
La esposa del dictador expresó que “la paz nos permite trabajar, progresar, y prosperar”, y anunció que publicarían las conclusiones del congreso. Sin embargo, hasta esta fecha no se ha publicado nada al respecto.
En tanto, la Policía informó que con esta estrategia, el modelo policial “se organiza desde las personas, familias y comunidades con la coordinación, articulación y comunicación con los secretarios políticos y tendido electoral para contribuir a la paz, estabilidad y la seguridad”.
El director de la Policía, Francisco Díaz, dijo que en los más de 5000 encuentros participaron comerciantes, productores, estudiantes, trabajadores y familias de las comarcas.
Agregó que las demandas recopiladas fueron “mayor presencia policial en las comunidades, inauguración de puestos policiales en lugares montañosos, aumentar el personal policial, no permitir la introducción de colones (moneda de Costa Rica). En temas de tránsito se expuso que menores de edad están conduciendo las carreras ilegales de motocicletas, agilizar la respuesta de denuncias, entre otros”.
Reuniones culminaron con vivas a Daniel Ortega
DIVERGENTES conoció, por medio de entrevistas a tres ciudadanos presentes en diferentes reuniones en barrios de Managua, que los encuentros eran organizados en la casa de un miembro de los CPC en cada barrio.
Los representantes del Frente Sandinista hacían las invitaciones en las casas donde sabían que había algún militante sandinista. Pero la reunión era dirigida por comisionados policiales.
“En la reunión se habló de los problemas de los barrios, la falta de luminarias, los motociclistas que se miraban en el barrio como sospechosos de ser ladrones, pero nada de política ni de opositores”, dijo un ciudadano que participó en la reunión.
“La comisionada que nos dio la charla dijo que se iba a realizar otro encuentro la próxima semana, pero ya han pasado más de dos meses y no sucede”, agregó la persona presente. “La reunión estuvo repleta de policías, llenaron toda la calle, los que estaban encargados de la reunión gritaron ‘¡viva el comandante Daniel Ortega!’, cuando terminó el encuentro”, apuntó la fuente.
Círculo de seguridad estuvo presente
Además de Díaz, en la reunión en Managua el pasado 7 de noviembre, estuvieron presentes las máximas autoridades de la Policía Nacional, brazo represor del régimen.
Estuvo el comisionado Horacio Rocha, quien ahora es el encargado de seguridad a nivel nacional de los Ortega-Murillo y uno de sus principales operadores políticos.
Rocha ha sido señalado de ser el principal ejecutor de la sacudida en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que han sido destituidos de facto hasta tres magistrados y decenas de trabajadores en todo el país.
Con menor rango, estuvieron presentes el comisionado Julio Sánchez, cojefe de Tránsito; y las comisionadas Vilma Rosa González, de Relaciones Públicas, y Zayda Pineda, cojefa de Seguridad Pública.
Como representantes de otras instituciones, estuvo Guillermo González, director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), Amelia Coronel Kinloch, ministra de Gobernación, la institución encargada de la guillotina a más de 3000 oenegés desde 2018.
Además, estuvo el viceministro de esta institución, Luis Cañas, quien es el verdadero poder en este ministerio, desde donde se encarga de montar inteligencia en el Estado y de cancelar pasaportes a opositores.
Fueron convocados también a la reunión Marta Reyes, ministra de Salud, Ramón Landeros, director de Los Bomberos Unificados, Lucien Guevara, ministra de la Juventud; Gladys Holmen, viceministra de la Mujer, Liliam Herrera, exministra de Educación; Loida Barrera, ministra del Instituto Tecnológico Nacional, Vladimir Gutiérrez, codirector del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, e Iván Lacayo, director del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal.
En la nota de la Policía informaron que el próximo año, 2024, tienen previsto realizar cinco congresos con la “finalidad de escuchar las demandas de las familias y de esta manera reajustar las acciones, estrategias y planes de seguridad para continuar siendo el país más seguro de Centroamérica”.