Las sentencias a los presos políticos que se han impuesto en la última semana son “una pasada de cuenta” de la pareja de mandatarios, Daniel Ortega y Rosario Murillo. De alguna manera, todos estos condenados y los declarados culpables han desafiado y han sido críticos con los gobernantes, según el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. “De ninguna manera se puede decir que son juicios”, enfatizó Carrión. Hasta este viernes, siete opositores han sido sentenciados mientras 18 han sido declarados culpables por la justicia orteguista.
En la tarde de este jueves 10 de febrero se conoció que el líder universitario Lesther Alemán fue sentenciado a 13 años de cárcel e inhibido de optar a cargos públicos. En mayo de 2018, durante las protestas en contra del régimen, Alemán encaró a Ortega en la mesa del primer Diálogo Nacional y le dijo: “¡Ríndase!”. Lesbia Alfaro, madre de Alemán, denunció que no pudo estar presente en la lectura de sentencia. “Es una pura vil mentira, payasada y circo (la sentencia)”, dijo Alfaro. “Mi hijo es inocente y todos sabemos que es inocente”, agregó.
También fue condenada a ocho años de cárcel e inhabilitación a cargos públicos Dora María Téllez, excomandante sandinista y disidente del sandinismo. “Pretenden manchar su nombre y la lucha por Nicaragua”, señaló el Cenidh. Durante la lectura de sentencia, Téllez dijo que pidió sanciones contra la pareja presidencial y no contra el Estado de Nicaragua. “Seguiré luchando”, dijo Téllez.
Otras sentencias que se conocieron fueron la del activista político Yaser Vado, de la Unión Democrática Nicaragüense (Unamos), que fue condenado a 13 años de cárcel por supuesta “propagación de noticias falsas” y “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” . Además, Yader Parajón, hermano de un manifestante asesinado en 2018, fue sentenciado a 10 años de cárcel por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, el mismo delito por el que condenaron a Téllez y Alemán.
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“La conspiración es la de los operadores sandinistas”
Para el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, los juicios son nulos desde el momento de las capturas, porque han sido ilegales. “No son juicios, porque estos tienen un proceso legal y debido proceso, en donde los acusados tienen derecho a ser escuchados, y en este caso eso no ha existido”, manifestó.
Carrión agregó que los arrestos fueron ilegales porque, en su mayoría, se realizaron de noche, con violencia y de forma arbitraria. Luego, la Fiscalía “inventa los delitos y los acusan sin pruebas”. Y por último, los jueces “no ofrecen control de la legalidad” porque hacen las audiencias en centros de detención, como “El Chipote”, sin ser orales ni públicas, “en la oscuridad, escondido, casi secreto”, que no permite la fiscalización de la sociedad. “La única conspiración que existe es la de los operadores políticos del Frente Sandinista que están cumpliendo la orden de seguir reprimiendo”, dijo Carrión.
El defensor de derechos humanos considera que todas las condiciones en que están los presos políticos, incluyendo los arrestos, los encierros crueles, los interrogatorios, las torturas, y la negación de la defensa, son “una infamia, crimen y castigo”.
Para el abogado se trata de una venganza del régimen contra personas que “levantaron la frente de la dignidad y les han dicho las verdades” dentro y fuera del país. “De la A a la Z estos juicios están plagados de irregularidades que provocan nulidades absolutas”.
Departamento de Estado: “juicios son una burla”
Un portavoz del Departamento de Estado le dijo a la Voz de América que estos juicios son “una burla” a la justicia y al debido proceso. “A puerta cerrada y con innumerables irregularidades procesales (…) Estos juicios parecen tener la intención de aterrorizar y desalentar a otros nicaragüenses de ejercer sus derechos”, enfatizó.
Carrión considera que los juicios han sido arbitrarios, inconstitucionales y violatorios de todos los derechos de las personas que están prácticamente secuestradas. “Es una privación arbitraria de la libertad”, dijo.
El abogado y defensor de derechos humanos dijo que en los artículos 33 y 34 de la Constitución de Nicaragua se establecen que las únicas formas de apresar es sorprender a las personas cometiendo delitos o por una orden de una autoridad competente de acuerdo a la Constitución. “Ninguna de estas circunstancias se cumplen con los presos políticos en Nicaragua”.