La nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes (Ley N.º 1223) no es solo un cambio técnico en cómo se organizan las redes, las antenas o el internet en Nicaragua. Es una pieza central en la arquitectura de control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre lo que vemos, escuchamos y decimos en el espacio digital. En los documentos oficiales suena a modernización; entre periodistas, activistas y expertos ya tiene otro nombre: la “nueva ley mordaza” del internet.
Para entender qué significa esta ley, hay que detenerse un momento en el país donde nace. Desde 2018, Nicaragua vive bajo un régimen que convirtió la libertad de expresión en una amenaza. Las protestas de aquel año dejaron más de 350 personas asesinadas y miles de heridos, así lo documentan las organizaciones de derechos humanos más importantes de la región, y marcaron el inicio de una política de represión, basada en el miedo, que expulsa y asesina a cualquier voz disidente.
En estos años, la dictadura confiscó más de 60 medios de comunicación, encarceló a periodistas y obligó al exilio a centenares de reporteros y trabajadores de prensa. Los periódicos desaparecieron de los estantes; las redacciones se convirtieron en oficinas vacías o en centros inventados afines al poder; las redacciones que sobreviven lo hacen desde el exilio, transmitiendo por internet a un público que cada vez tiene más obstáculos para encontrar información independiente.
Al mismo tiempo, la Asamblea —controlada por el régimen— aprobó un paquete de leyes que estrechó el cerco: la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) que criminaliza publicaciones ambiguamente definidas como “noticias falsas” o “mensajes de odio”; la ley de “agentes extranjeros” y la de “traición a la patria”, que se han usado para perseguir activistas, oenegés, periodistas y opositores.
“La Ley de Telecomunicaciones Convergentes, en conjunto con las reformas a la Ley de Ciberdelitos y la adhesión al Convenio de Ciberdelincuencia de la ONU, puede establecer un marco legal que facilite la restricción de la libertad de expresión y otros derechos digitales en Nicaragua. Aunque la regulación de las telecomunicaciones y la lucha contra el ciberdelito son objetivos legítimos, es fundamental que estas leyes se implementen con respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual en un contexto como el de Nicaragua, claramente no se cumple”, señala la abogada Alexa Zamora Arana, autora del informe Ley de telecomunicaciones convergentes y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos.
En ese paisaje, Internet se convirtió en el último resquicio para buscar información, organizarse, seguir a medios exiliados, conversar en grupos de WhatsApp o ver en YouTube lo que ya no se puede decir en la televisión nacional. Pero ese resquicio también empezó a cerrarse: el bloqueo de dominios .com.ni de medios independientes, la presión a cableras para sacar canales críticos de la parrilla, y las amenazas de Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) contra radios y televisoras locales.
Qué es, en palabras simples, la Ley 1223
Es en ese contexto donde aparece la Ley 1223. Técnicamente, es una norma que sustituye a la vieja Ley 200 de 1995 y “actualiza” todo el marco de telecomunicaciones: telefonía fija y móvil, internet, televisión por cable, servicios de streaming, uso del espectro radioeléctrico, satélites y hasta ciertas plataformas digitales.
En los artículos 1 y 3, la ley se asigna una cancha amplísima: no solo regula los servicios públicos de telecomunicaciones, sino también los servicios de comunicaciones audiovisuales, el uso del espectro radioeléctrico, los recursos de numeración, las señales satelitales que aterrizan en el país y a cualquier persona o empresa que importe equipos de telecomunicaciones.
El artículo 2 deja claro quién manda sobre todo ese universo: TELCOR es la “autoridad reguladora” única, la que norma, planifica, fiscaliza y decide. La institución queda como regulador único y todopoderoso, son quienes deciden quién puede operar, en qué condiciones, con qué frecuencias, bajo qué sanciones y con qué obligaciones de colaboración con el Estado. La misma institución que prepara e instala centros de troles para influir en la conversación digital de los nicaragüenses.
Ese poder se vuelve aún más grande si miramos el mapa real del mercado: en la telefonía móvil, casi todo está en manos de dos compañías, Claro y Tigo. Entre ambas concentran la inmensa mayoría de líneas, datos y servicios. En un escenario así, cualquier decisión de TELCOR —autorizar una inversión, aprobar o frenar un servicio nuevo, imponer una multa— no solo afecta a una empresa, sino que termina impactando la forma en que millones de personas se conectan, se informan y se comunican. El regulador no solo regula empresas; regula, de rebote, a las audiencias.
En el papel, el discurso oficial promete algo seductor: “cerrar la brecha digital”, impulsar inversiones, llevar internet a las zonas rurales, abrirle la puerta a tecnologías como el 5G o el internet de las cosas. Pero leída con calma, y colocada dentro del clima de represión actual, la ley hace otra cosa y convierte la infraestructura por donde circula casi toda la comunicación del país en un dispositivo de control centralizado.
Dicho de forma sencilla: si hasta ahora el régimen controlaba sobre todo el contenido —cerrando medios, bloqueando webs, intimidando a periodistas—, con la Ley 1223 aspira a controlar también las “tuberías” por donde viaja la información. No solo qué se dice, sino por dónde se dice, con qué calidad, quién lo facilita, en qué condiciones y a quién le rinde cuentas.
Donde la ley muestra con más claridad su macabro objetivo de control es en el bloque dedicado al suministro de información, la supervisión y la fiscalización. El artículo 110 obliga a los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales a entregar “toda la información que le sea requerida”, incluyendo información estadística y georreferenciada, de forma periódica o a partir de requerimientos específicos de TELCOR.
Los artículos 111 y 112 completan el cuadro: TELCOR tiene “todas las facultades” para realizar inspecciones, pruebas técnicas, auditorías técnicas, financieras y tarifarias, mediciones de calidad y cualquier otra actividad necesaria para supervisar a operadores y proveedores. Las empresas están obligadas a permitir el acceso del personal de TELCOR a sus instalaciones y a poner a disposición documentos contables, planes tarifarios, información societaria y hasta registros electrónicos y programas informáticos necesarios para leer esos datos. Todo esto, remata el artículo 112, “sin perjuicio de auxiliarse de la fuerza pública en caso que sea necesario”. Es decir que si alguien se resiste, detrás del inspector pueden aparecer la Policía y otras fuerzas represivas.
Cómo puede vulnerar a los nicaragüenses
Todos esos vacíos no se quedan en un plano abstracto. Tienen consecuencias muy concretas sobre la vida diaria de la gente. El primer riesgo es la vigilancia ampliada. Si la ley faculta a TELCOR a exigir datos estadísticos y georreferenciados a operadores y proveedores audiovisuales, y ese regulador está alineado con la Policía y los servicios de inteligencia, el resultado posible es inquietante: un sistema capaz de reconstruir quién se comunica con quién, desde dónde, con qué frecuencia y a qué horas. No hace falta leer el contenido de una llamada o un mensaje para perfilar a una persona; a menudo basta con seguir sus patrones de conexión.
Ahí es donde la teoría se vuelve vida cotidiana. Consultamos con un experto en seguridad digital y plantea tres escenarios que podría parecer una película de espionaje, pero que en realidad podría suceder con todo el poder que ostenta el régimen:
1. Identificar redes de personas, sin leer un solo mensaje
Ana es una estudiante que coordina reuniones de un grupo crítico del régimen. Cada noche, entre las 8:00 y las 10:00 p. m., chatea casi siempre con cinco contactos fijos que viven en distintos barrios de Managua y Masaya. Nunca usan palabras como “marcha” o “protesta”; hablan en clave, con lenguaje neutro. Con acceso a datos estadísticos y georreferenciados, TELCOR podría pedir a las telefónicas los registros de conexiones de Ana: qué antenas usa, con qué números se comunica con más frecuencia, en qué horarios, y la localización aproximada de esos otros teléfonos. Sin leer ni una línea de sus chats, se puede reconstruir un mapa de relaciones, un mapa geográfico de movimientos y patrones de actividad que se repiten cerca de fechas sensibles como el 19 de abril o el 30 de mayo. El resultado: identificar el círculo de Ana y sus movimientos básicos sin haber descifrado una sola palabra.
2. Rastrear organización territorial y reuniones “sospechosas”
En un pueblo del norte, un grupo de campesinos se reúne cada cierto tiempo para hablar de diversos temas que afectan a la comunidad. Desde la mirada de red, cada reunión se ve así: veinte o treinta teléfonos, que normalmente se conectan dispersos en distintas comunidades, aparecen durante tres o cuatro horas colgados de la misma antena rural. Es un pico de actividad concentrada, repetido ciertos días y a ciertas horas. Con información georreferenciada detallada, TELCOR puede detectar puntos de reunión recurrentes, cruzar los números con registros de líneas asociadas a cédulas y compartir esa información con Policía y parapolicías para “visitas” posteriores o vigilancia física en la zona. No hace falta saber qué se dijo en la reunión: el simple hecho de que determinadas personas se junten en un lugar ya se convierte en información sensible.
3. Cartografiar el consumo de información independiente.
Supongamos ahora un medio exiliado que emite un noticiero por YouTube y que, todos los días a las 8:00 p. m., recibe un pico de visitas desde Nicaragua. Desde el punto de vista de la red, eso es un grupo de dispositivos que se conectan, a la misma hora, a un mismo dominio o servidor. Si TELCOR tiene acceso a datos estadísticos agregados, puede saber en qué zonas del país se concentra la audiencia de ese medio. Si cruza esa información con datos socioeconómicos o con registros del Consejo Supremo Electoral, puede perfilar qué tipo de población está consumiendo contenido crítico. En un escenario más intrusivo, podría incluso elaborar listas de teléfonos que acceden de forma reiterada a dominios “incómodos” para, después, bloquear selectivamente esos sitios en ciertas regiones o dirigir campañas de propaganda específicas contra esos públicos.
A esto se suma el control sobre los “tubos” por donde entra y sale la señal. El uso de satélites, la autorización de enlaces internacionales o incluso la importación de ciertos equipos depende, según la propia ley, del visto bueno de TELCOR. Eso significa que proyectos comunitarios, universidades, organizaciones sociales o incluso pequeñas empresas que quieran montar infraestructuras propias —por ejemplo, redes inalámbricas locales— pueden encontrarse con una muralla de permisos discrecionales. El mercado de la conectividad, ya dominado por unos pocos jugadores, queda todavía más blindado en manos del régimen y sus aliados empresariales.
A todo eso se le suma el control de contenidos. Al exigir licencias para los proveedores de servicios audiovisuales que operan en línea, y al obligarlos a integrarse a cadenas nacionales cuando se les ordene, la ley convierte ese registro en un filtro político potencial. Plataformas independientes, proyectos comunitarios de radio por internet, canales de YouTube o iniciativas en el exilio que quieran llegar al público dentro de Nicaragua pueden verse sometidos a inspecciones, condicionamientos y amenazas de sanción. Negarse a engancharse a una cadena oficial, cuestionar una orden de TELCOR o simplemente incomodar al poder puede traducirse en multas elevadas o en la cancelación lisa y llana de la licencia.
Y sobre todo esto flota el peso del duopolio. Si TELCOR concentra licencias, espectro, sanciones y control del fondo de desarrollo, y al mismo tiempo fija las reglas para Claro y Tigo, cualquier captura política del regulador se siente directamente en el bolsillo y en la pantalla de la ciudadanía. La competencia, que en teoría debería servir para abaratar precios, mejorar la calidad del servicio y ampliar opciones, queda subordinada a otra lógica: la de premios y castigos del régimen. Un operador dócil puede recibir trato preferente; uno que se resista a colaborar puede enfrentar auditorías, multas, trabas para desplegar infraestructura. Al final, quienes pagan esa factura no son las empresas, sino los usuarios que ven cómo su derecho a comunicarse se vuelve un privilegio condicionado por la lealtad al poder.
Vacíos legales y zonas grises
Toda ley se define tanto por lo que dice como por lo que calla. La 1223 está llena de detalles técnicos sobre antenas, espectro y fondos especiales; pero cuando se trata de ponerle límites al poder del regulador, el silencio es casi absoluto. Ahí aparece el primer gran hueco: la independencia de TELCOR.
En ninguna parte se habla de mandatos fijos para sus autoridades, ni de causales claras para removerlas, ni de un directorio colegiado que reparta responsabilidades, ni de un presupuesto realmente autónomo. Sobre el papel podría ser un árbitro, pero en la vida real funciona como una oficina más de la Copresidencia, dirigida por Nahima Janett Díaz Flores, una funcionaria sancionada internacionalmente por su papel en el cierre de medios y el silenciamiento del espacio cívico; y que además es hija del codirector de la Policía Nacional y vinculada a la familia dictatorial.
En contraste, los marcos regulatorios de muchas democracias —como el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas o la estructura colegiada de la FCC en Estados Unidos— insisten una y otra vez en lo contrario: un regulador solo es creíble si tiene distancia del gobierno al que debe vigilar.
Otro de los agujeros y que es menos visible para el ojo no especializado, pero igual de peligroso es la ausencia de neutralidad de la red. La ley enumera principios, define servicios, reparte competencias… pero nunca establece, con todas sus letras, que los operadores tienen prohibido bloquear, degradar o privilegiar tráfico en función del contenido, del origen o del destino. No hay un equivalente nicaragüense al reglamento europeo que protege la neutralidad, ni a los lineamientos que algunos países de la región han adoptado para impedir que una compañía decida, por sí misma, qué aplicaciones “corren mejor” y cuáles se vuelven lentas o inalcanzables. En ese vacío caben muchas cosas: planes de “tarifa cero” que favorecen solo a plataformas amigas, castigos silenciosos a servicios de mensajería incómodos, o el bloqueo selectivo de redes sociales y sitios de noticias críticos. En un contexto autoritario, esto deja de ser un tema técnico y es la rendija legal por donde puede colarse una censura selectiva.
TELCOR puede dictar normas técnicas, acuerdos administrativos y criterios de aplicación de la ley sin que el texto la obligue a abrir procesos de consulta pública, a publicar los comentarios recibidos o a presentar estudios de impacto antes de tomar decisiones que afectan a millones de usuarios. Lo mismo ocurre con el manejo del FODETEC: el fondo se diseña como una bolsa de recursos que el propio regulador recauda y administra, pero no se especifican mecanismos robustos de control externo, auditorías ciudadanas ni informes periódicos obligatorios. A diferencia de otros países, donde los fondos de servicio universal se someten a reglas claras de transparencia y supervisión, aquí el dinero se mueve en un circuito cerrado. En un sistema ya marcado por la opacidad, estas zonas grises no son simples descuidos técnicos: son el espacio perfecto para que la discrecionalidad, y no el interés público, marque el rumbo de la conectividad en Nicaragua.
Una ley de telecomunicaciones en un país con ley de ciberdelitos
La Ley 1223 aterriza sobre un andamiaje jurídico levantado desde 2018 para castigar la disidencia y domesticar la conversación pública. Ahí, en primera fila, está la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), vigente desde 2020, que convirtió expresiones tan elásticas como la “propagación de noticias falsas” o la “incitación al odio” en armas penales contra periodistas, tuiteros, activistas y ciudadanos comunes. Organizaciones de derechos humanos la han descrito como lo que es: un hacha contra la libertad de expresión, diseñada para que cualquiera piense dos veces antes de publicar algo incómodo para el poder.
La dimensión internacional añade otro nivel de inquietud. En 2025, TELCOR firmó un memorándum con la empresa rusa Rostelecom Solar, especializada en ciberseguridad y señalada por gobiernos occidentales por su proximidad al aparato estatal ruso, para “capacitar” a Nicaragua en seguridad de la información. El acuerdo se presentó, con el lenguaje habitual, como una contribución a la “paz” y la “seguridad”. Pero, leída a la luz de lo que ya ocurre en el país, esa cooperación apunta en otra dirección: dotar al régimen de mejores herramientas para vigilar comunicaciones, perfeccionar la censura y sofisticar el seguimiento digital a opositores, periodistas, empresarios, trabajador público y cualquiera que se atreva a disentir.
La combinación es, literalmente, explosiva: una ley de telecomunicaciones sin neutralidad de la red ni regulador independiente; una ley de ciberdelitos que convierte opiniones y críticas en posibles delitos; acuerdos de ciberseguridad con potencias autoritarias dispuestas a exportar sus manuales de control; y un contexto interno en el que el espacio cívico se ha ido cerrando hasta dejar apenas rendijas. Juntas, estas piezas transforman la infraestructura digital del país en algo más que un conjunto de cables y antenas: la convierten en un instrumento al servicio de la concentración de poder, donde cada clic, cada llamada y cada conexión pueden quedar bajo la sombra de la vigilancia y el castigo.