Juan Francisco* fue capturado por la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado tres de mayo. Fue uno de los 57 opositores que fueron secuestrados esa noche y juzgados de forma exprés por la justicia sandinista. El hombre, que en realidad no se llama Juan Francisco, pero que por seguridad mantenemos su anonimato, confiesa que tuvo pavor cuando lo llevaron a El Chipote. Pensó que sería recluido en esas temidas celdas de tortura por largo tiempo, pero fue sorprendido por la decisión de la autoridad: tras ser procesado por “menoscabo a la soberanía nacional” y “propagación de noticias falsas”, le impusieron arresto domiciliario con la condición de ir a firmar diariamente en la delegación policial más cercana a su localidad. “He ido diario a firmar una hoja de cuaderno, que ni siquiera es un acta”, narra a DIVERGENTES.
El proceso de rúbrica es muy rápido, no dura ni diez minutos. Los policías le piden a Juan Francisco que se detenga un momento mientras firma: le exigen que pose con el lápiz frente al cuaderno para tomarle una fotografía. Fotos a diario de todos los procesados, según otros testimonios conocidos por esta redacción. Esta es la nueva estrategia represiva que los Ortega-Murillo inauguraron a principios de mayo con una redada masiva que se ha replicado el pasado fin de semana –entre el 12 y 14 de mayo– con 18 personas más capturadas y procesadas en pocas horas.
La dinámica de la firma a diario inició con caos, porque a algunos capturados te les dijeron que debían asistir a los juzgados y otros a la comisaría más cercana. “Muchos anduvieron desorientados y se acercaron al juzgado, donde les dijeron que la firma era en la policía. Otros no entendieron el horario que les impusieron y las patrullas policiales fueron a buscarlos a sus casas”, relata Ivannia Álvarez, integrante de Urnas Abiertas.
Juan Francisco asegura que a él lo citaron en una estación policial de Managua a las ocho de la mañana. El oficial le dijo que tenía que estar diariamente diez minutos antes de la hora impuesta. “Me dijeron que si no me presentaba algún día, iban a llegar a buscarme a la casa y sacarme por la fuerza para ir a firmar. Y que eso es una advertencia, pero que si no me volvía a presentar me iban a cambiar la medida cautelar de ir a firmar por prisión preventiva”, afirma el opositor.
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El abogado en el exilio y extrabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, dijo que en sus ocho años como funcionario judicial nunca supo de alguien que como medida cautelar lo hicieran llegar a firmar un libro a una delegación policial. “Claro, porque esa medida no existe en la ley, y la ley misma prohíbe imponer medidas que no están preestablecidas (art. 166CPP)”, citó.
En otros casos, la cita para la rúbrica era a las diez de la mañana, pero los detenidos políticos llegaron a las ocho. Los oficiales les dijeron que entonces no podían moverse ni salir de la estación policial. Algunos estuvieron esperando hasta después de la hora de almuerzo. “Algunos se han equivocado de horarios, pero ya la gente ha tomado la rutina”, afirma Álvarez.
Comienzan a exiliarse
Otro de los problemas generados por estos citatorios es que riñe con los trabajos y oficios de los procesados judicialmente. Entre los afectados hay maestros que inician labores a las siete de la mañana y tienen que ir a firmar a las ocho. Es una dinámica que se vuelve incompatible con sus vidas. “Están los que trabajan en zonas francas, los que tienen negocios propios y otros que tienen que desplazarse de su localidad. Se vuelve un tema económico el gastar en taxi o bus a diario”, critica Álvarez.
También hay personas que, por ejemplo, viven en Managua pero su lugar de origen, consignado en sus cédulas de identidad, es Bluefields. La policía les dice que deben ir a firmar a su localidad y eso genera un trastoque en sus vidas.
Estas vicisitudes han generado que los primeros procesados se exilien en Costa Rica. DIVERGENTES conoce de al menos cuatro personas que han huido del país en las dos últimas semanas, porque no quieren someterse a esta dinámica. Piden no ser identificados por temor a represalias a sus familias. “Lo mejor es irse del país, por muy duro que sea el exilio. Vos no sabés qué día esta gente cambie de opinión y nos meta en El Chipote. Es complicado”, afirma uno de los que fue detenido en la última redada y se fue de inmediato.
“Pruebas”: computadoras, teléfonos, dinero, perfumes y zapatos
Juan Francisco asegura que la policía al capturarlo lo despojó de su teléfono celular, dinero y sus zapatos. “Me dijeron que esos bienes quedaban retenidos como pruebas en el juicio en mi contra”, relata.
Otros testimonios recabados para el artículo confirman lo dicho por Juan Francisco, pero las “pruebas” recolectadas por los oficiales incluyen hasta los zapatos de los detenidos, perfumes, dinero en efectivo y las cédulas de identidad. “Al momento de llevarnos a nuestras casas no nos regresaron nada de lo que nos quitaron”, afirma una de las condenadas políticas. “Le pregunté al oficial por qué no me devolvía la cédula, que era mi derecho civil, pero me dijeron que también quedaba como prueba. No entiendo eso”, afirma la afectada.
Estas jornadas de capturas han ocurrido en los departamentos de Rivas, Managua, Masaya, Granada, Chinandega, Chontales, Madriz, Boaco, así como en las dos regiones autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, según el Monitoreo Azul y Blanco.
Para la Unidad Nacional Azul y Blanco, “todas estas acciones de la dictadura, al igual que la cancelación de las licencias de abogados y notarios a 26 nicaragüenses, persiguen afianzar el estado de terror en el país y la indefensión de la población ante las cotidianas y flagrantes violaciones a los derechos humanos”. La información recabada por la organización política también es acorde con los testimonios recabados por DIVERGENTES.
Los opositores resaltan que, a partir del 3 de mayo, decenas de ciudadanos nicaragüenses han sido capturados y eso incluye el “allanamiento ilegal de sus domicilios, el despojo de sus dispositivos electrónicos y, en varios casos, de bienes muebles y hasta dinero”. “En los días siguientes, la policía ha estado realizando ‘visitas’ a distintos ciudadanos nicaragüenses y familiares de otros en el exilio, a fin de amenazarlos y advertirles que son objetivo policial”, denuncia la organización.
Según la versión de los afectados, entre ellos periodistas, profesionales y activistas, los agentes del orden llegan hasta sus casas a advertirles que no sigan publicando en sus redes sociales críticas contra Ortega, Murillo, los hijos de la pareja presidencial, el Gobierno o sobre la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.